La Justicia europea da un varapalo al modelo migratorio de Meloni

La sentencia tiene como origen un recurso planteado por el Tribunal de Roma, que venía cuestionando la legalidad de los traslados a los dos centros construidos por Italia en Albania para retener a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, particularmente de países como Bangladés y Egipto, considerados por el Ejecutivo italiano como «seguros». Sin embargo, en esos dos países los políticos de la oposición y las comunidades LGBTQ+ son perseguidos, por lo que en ciertos casos los tribunales rechazaban su traslado a Albania. La Corte europea no solo ha dado la razón a los jueces italianos críticos con la normativa, sino que ha reforzado el principio de que las decisiones políticas sobre inmigración no pueden quedar al margen del control legal cuando están en juego derechos fundamentales.

El Gobierno Meloni defendía que corresponde al Ejecutivo la decisión sobre qué países son seguros, es decir, que respetan totalmente los derechos humanos. En diciembre del 2024, el Ejecutivo aprobó un decreto con la lista de países considerados «seguros»: Albania, Argelia, Bangladés, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez. Ahora la sentencia del Tribunal de Luxemburgo es clara: «El ciudadano de un tercer país puede ver rechazada su solicitud de asilo en una frontera si su país de origen ha sido designado como seguro», reconoce la Corte, «pero esa designación debe poder ser revisada por un juez». Además, recalca que no se puede considerar «seguro» un país que no garantice una protección adecuada sobre toda su población, sin excepciones ni categorías excluidas.

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El fallo desmonta así el andamiaje legal sobre el que se construyó el proyecto italo-albanés, que preveía el traslado a los centros de Shengjin y Gjader de solicitantes de asilo rescatados por buques italianos en el Mediterráneo. Estos centros, financiados con fondos públicos italianos, apenas han albergado a unas decenas de personas desde su inauguración, pese a que estaban preparados para recibir a unos 36.000 cada año, según estimaciones del Gobierno italiano Los constantes recursos judiciales y la inseguridad jurídica del marco legal han ralentizado hasta casi paralizar su funcionamiento.

Más allá del caso concreto italo-albanés, el alcance de la sentencia trasciende a toda la política migratoria europea. A la espera de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Migración y Asilo en junio de 2026, el Tribunal establece una interpretación vinculante que condiciona cómo los Estados pueden aplicar las listas de «países seguros» en procedimientos acelerados. En esencia, el fallo afirma que los gobiernos no pueden blindarse tras decisiones legislativas sin garantizar transparencia sobre las fuentes utilizadas y sin permitir que los jueces evalúen esas decisiones.

La reacción del Ejecutivo italiano ha sido inmediata y furibunda. Desde Palazzo Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, se ha acusado a la Justicia europea de «invadir competencias que corresponden a la política». En una nota oficial, el Ejecutivo denuncia que el Tribunal de Luxemburgo ha entregado a cualquier juez nacional la capacidad de bloquear decisiones estratégicas en materia de inmigración, como las expulsiones o la identificación de países seguros, «incluso basándose en fuentes privadas». «Es un paso preocupante para todos los países que luchan contra la inmigración ilegal masiva», continúa el comunicado, que lamenta que este pronunciamiento llegue justo cuando la UE se prepara para aplicar nuevas reglas comunes, más severas, sobre retorno y asilo. Aun así, el Gobierno promete que, en los diez meses que restan hasta que entre en vigor el nuevo Pacto europeo de Migración, no cesará en la búsqueda de «soluciones técnicas y normativas para garantizar la seguridad de los ciudadanos».

Pero la oposición ha celebrado la sentencia como un triunfo del derecho sobre el autoritarismo. Nicola Fratoianni, líder de la Alianza Verde e Izquierda, la ha calificado de «losa», un auténtico «bloque de granito» que sepulta las aspiraciones del Gobierno de Meloni de recortar derechos en nombre de la seguridad. Riccardo Magi, de +Europa, ha hablado directamente de una «Caporetto» –la célebre derrota militar italiana– para el Ejecutivo. Enrico Borghi, de Italia Viva, ha señalado que la Corte «certifica el fracaso total del modelo Albania». Juristas y ONGs han destacado la dimensión del revés para el Ejecutivo. Dario Belluccio, abogado de uno de los inmigrantes bangladesíes cuyo caso llegó a Luxemburgo, ha celebrado que «la Corte revalide principios básicos de la democracia como la separación de poderes y el primado del derecho europeo sobre los excesos de los gobiernos nacionales».

En el fondo del conflicto late una vieja tensión entre soberanía nacional y garantías supranacionales. La ley italiana, que desde octubre de 2024 permite al Gobierno declarar por decreto qué países son seguros, no detalla las fuentes utilizadas ni permite a jueces o inmigrantes verificar si se han aplicado criterios actuales, fiables y pertinentes. Para el Tribunal de Luxemburgo, eso vulnera el principio de tutela judicial efectiva, especialmente cuando se aplican procedimientos abreviados que pueden conducir a expulsiones exprés sin un análisis individualizado.

Varios países europeos se habían interesado por la iniciativa de Meloni con el modelo de los centros en Albania. Incluso había sido elogiado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pero el fallo llega también como una advertencia de que, mientras no esté en vigor el nuevo reglamento comunitario –que sí prevé posibles excepciones específicas para ciertos grupos vulnerables–, no es legal incluir en las listas a países donde se produzcan violaciones graves de derechos contra alguna parte de la población por razón de orientación sexual, etnia, género o condición política, por ejemplo. En definitiva, el fallo del Tribunal de Luxemburgo no ha hecho una simple corrección técnica, sino que ha puesto en jaque la plena operatividad de los centros albaneses, un revés inesperado y de alto impacto político para la Administración Meloni.