División en Colombia tras la sentencia al expresidente Uribe

La juez Sandra Heredia es la figura central detrás de esta decisión. Ella fue la encargada de dictar la condena y ordenó la detención inmediata del expresidente, a pesar de que la defensa anunció una apelación. Además de la prisión domiciliaria, Uribe, de 72 años, fue multado a más de 822.000 dólares –más de 735.000 euros– y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos ocho años.

Tras conocerse la sentencia, la controversia se intensificó, especialmente por las escuchas telefónicas realizadas por la Fiscalía a las llamadas de Uribe. Durante la audiencia, el expresidente se defendió en una intervención de más de dos horas, recriminando a la juez Heredia que el proceso carecía del mínimo rigor legal y que se trataba de una decisión política.

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Entre sus aliados más cercanos se encuentra el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien manifestó su indignación en su cuenta en X: «El terrorismo tiene a la Justicia de su parte. ¡Miserables!». Añadió que «los consentidos del terrorismo se quejan ante la ONU y las organizaciones socialistas porque EE.UU. les impide perseguir a la oposición. Es mejor que busquen abogados para el 2026, porque responderán por crímenes de Estado, persecución y vínculos con el narcotráfico».

Para el 7 de agosto, se han convocado manifestaciones en apoyo a Uribe en Colombia. El partido fundado por el exmandatario, Centro Democrático, y su círculo cercano han llamado a una marcha para rechazar la condena, calificándola de injusta contra un «hombre inocente». Esta movilización coincide con el Día de la Independencia de Colombia y el inicio del último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, otorgándole un carácter simbólico para los seguidores de Uribe.

Esta no es la primera vez que Uribe se enfrenta a una detención. En agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura. Días después, el Tribunal Superior de Bogotá frenó esa decisión, lo que llevó al expresidente a renunciar al Senado en su momento para asumir su defensa, según lo recogido por la revista 'Semana'.

Por parte de su defensa, se espera que el próximo 13 de agosto se presente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para consignar un recurso que exponga las irregularidades de la condena. Esta instancia tendrá un plazo de aproximadamente dos meses –hasta el 15 de octubre– para pronunciarse sobre el caso. Si el máximo tribunal ratifica la condena o absuelve a Uribe, aún podría haber una nueva apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

La comunidad internacional también ha expresado su opinión sobre la sentencia. Varias reacciones de Estados Unidos han mostrado su apoyo a Uribe. Si bien el expresidente Donald Trump no se ha pronunciado públicamente, sus comentarios son esperados. No obstante, el presidente colombiano reaccionó en su cuenta de X a varias críticas contra su Gobierno y la Justicia, afirmando que «Colombia no se chantajea».

Uribe ha recibido el respaldo de congresistas republicanos y funcionarios como Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., quien declaró que «el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria». Para muchos funcionarios estadounidenses, Uribe es visto como una figura clave en la lucha contra los grupos armados irregulares y los cárteles de la droga, una lacra que afecta a Colombia y preocupa a otros países, incluyendo Estados Unidos.

Rick Scott, legislador de Florida, calificó la condena de «persecución» y como algo «terrible», describiendo al presidente Petro como «un criminal» y un «socialista de extrema izquierda». Scott enfatizó la importancia de que Estados Unidos y la comunidad internacional apoyen a Uribe. Por su parte, el senador de origen colombiano Bernie Moreno alertó de que «Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela».

A la presión estadounidense se suma la de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea), un grupo de 26 expresidentes de 13 países iberoamericanos. Este colectivo envió una carta a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando que asuman la responsabilidad de «salvaguardar el Estado constitucional y de derecho en Colombia». El grupo, que incluye a los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, destaca que la sentencia penal está «plagada de anomalías, que ahora han derivado en una condena judicial en primera instancia.