El expresidente colombiano Álvaro Uribe es condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal

El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, resolvió imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión domiciliaria -se barajaba que ésta sería de 9 años-, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilitó durante más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Uribe es el primer presidente de Colombia que es condenado a cárcel.

La defensa anunció hace unos días que apelará la sentencia el próximo 11 de agosto. Horas antes de que trascendiera la sentencia, el propio Uribe informó que ya estaba trabajando en los argumentos para apelarla. «Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva», escribió este viernes Uribe en su cuenta de X. «Y hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material«.

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El pasado lunes y tras once horas de lectura y sustentación de su sentencia, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable de los delitos de soborno en actuación penal y manipulación de testigos, y lo exoneró en la acusación por soborno simple. Para la jueza, «Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar», es decir, estaba al tanto de las acciones de su abogado, Diego Cadena, quien en 2017 trató de comprar declaraciones de exparamilitares sentenciados y habría apoyado la creación de pruebas que favorecieran a Uribe Vélez ante demandas por paramilitarismo, todo eso explicado en su momento como una sencilla ayuda humanitaria.

Si fracasa la apelación de segunda instancia por parte de la defensa, el proceso podría llegar de nuevo hasta la Corte Suprema de Justicia, lo que supondría otros cinco años más de este largo y desgastante caso que desde hace 13 años ha impactado la política nacional y la imagen del sistema judicial colombiano. La realidad es que por primera vez un exmandatario colombiano es declarado culpable, precisamente el exmandatario que más divide al país pues, así como hay quienes lo veneran y consideran que todo el proceso refleja una persecución en su contra, como líder de la derecha en Colombia, otros lo repudian con igual intensidad.

La juez ordenó el traslado inmediato del expresidente a Rionegro, un pueblo cercano a Medellín donde el exmandatario tiene su casa, donde cumplirá la prisión domiciliaria bajo custodia de las autoridades. Heredía señaló este viernes que Uribe debe recluirse de inmediato para preservar la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos.

En una argumentación que ha generado polémica, la jueza Heredia manifestó que «tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia; máxime cuando se trata de una persona que goza de un reconocimiento público y social, referente para grandes círculos de país, de ahí que permitir que continue en el ejercicio de su libre locomoción, pese a la trasgresión ocasionada, concebiría la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento, ergo, para sostener el poder disuasivo del imperio de la ley y la confianza en la institucionalidad, se hace imperiosa su rauda detención».

En la parte resolutiva de la sentencia, en su punto tres indica: «Conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 38B de la Ley 599 de 2000, bajo la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 38B, numeral 4° de la Ley 599 de 2000 -adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014-, previa caución o póliza judicial, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, por la suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes».

Tras conocerse la sentencia, que se adelantó a la hora prevista, comenzaron a sucederse las reacciones. Así, Gabriel Vallejo, presidente del partido Centro Democrático, fundado por Uribe, en declaraciones a la radio, manifestó su «tristeza» e «indignación», subrayando, su respetopor el fallo judicial: «Lo acatamos, pero al país le tiene que quedar claro que aquí se está condenando a un hombre inocente. Al presidente Uribe no solo se le han violado garantías procesales desde el inicio, sino que hoy estamos viendo lo que tanto hemos denunciado desde el inicio, una instrumentalización de la justicia colombiana para aniquilar moralmente a Álvaro Uribe, para aniquilarlo políticamente. Aquí se está condenando a un hombre inocente, al presidente Uribe no solo se le han violado garantías procesales desde el inicio».

Por su parte, la Presidencia de Colombia colgaba un tuit en ligera referencia a la condena: «El presidente Petro Gustavo reitera que este Gobierno defiende la independencia de la justicia y no ejerce presión sobre sus decisiones«.

La confrontación de Petro y Uribe con motivo de este juicio histórico ha sido constante en los últimos meses, provocando momentos de gran tensión que ha desembocado este viernes en una demanda interpuesta por el exmandatario contra el exguerrillero.

Uribe ha presentado una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro por «hostigamiento y calumnia», según informó este viernes la firma de abogados Víctor Mosquera Marín. «Los hechos que motivan esta acción penal se derivan de una serie de manifestaciones públicas proferidas por el jefe de Estado los días 28 y 29 de julio de 2025 a través de su cuenta oficial en la red social X, con una audiencia de más de ocho millones de seguidores», señaló el bufete de abogados.

Según los abogados, «el presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial».

Entre las críticas a la condena, conocida este lunes, está la del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien subrayó en sus redes sociales que «la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante».