La vida al límite de Uribe Vélez

Su caso empezó a fraguarse hace más de diez años, cuando el senador Iván Cepeda recorría las cárceles buscando testimonios de paramilitares que pudieran probar el nexo de Uribe con estas bandas ilegales. Uribe acusó penalmente a Cepeda de estar manipulando a testigos para que lo incriminaran, pero la tortilla se le volteó y resultó ser Uribe quien, según el veredicto, había obrado ilegalmente para que un paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, acusara a Cepeda de haberlo sobornado. Como era de esperarse, la noticia cayó mal en un país polarizado. Para los seguidores de Uribe se trata de un caso de 'lawfare'; para sus detractores, la prueba del trasfondo delincuencial de sus políticas.

Y es que, por decir lo menos, Uribe vivió peligrosamente. Desde sus inicios políticos estuvo muy cerca, no a seis sino a un solo grado de separación, de la mafia y el paramilitarismo. Su padre fue amigo de Fabio Ochoa, patriarca del núcleo familiar que integró el Cartel de Medellín, y algunos de sus aliados políticos acabaron encarcelados por sus vínculos con el mundo paramilitar. Su popularidad fue el resultado de enfrentar decididamente a unas FARC que para 2002, cuando ganó su primera presidencia, se había extendido por 600 de los 1.100 municipios de Colombia. Uribe cambió la mentalidad de un país resignado a soportar el matoneo guerrillero y recuperó el control del país. Quienes pudieron volver a sus tierras y negocios sin temer al secuestro, la extorsión o la muerte, no pueden no ver a Uribe como el salvador de la patria.

Pero Uribe también jugó sucio y le hizo un grave daño a la democracia. Durante su gobierno se espió a los jueces y a los periodistas, el paramilitarismo infiltró la política y se asesinaron a 6.402 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros y engrosar el parte de bajas. Con sobornos, cambió el artículo de la Constitución que impedía la reelección, y apelando a un concepto populista, el 'estado de opinión', buscó un tercer mandato. Más que un delito concreto, más que la cárcel, lo que estaba en juego en este juicio era el balance de ese legado. Con un exguerrillero en la presidencia y las cabecillas de las FARC en el Congreso, lo que perturba a la derecha es que las infamias guerrilleras se perdonen mientras el proyecto uribista queda, oficialmente, asociado a la trampa y al bajo mundo.