Dimite la número dos de Starmer, responsable de Vivienda, tras admitir un error fiscal en la compra de un piso

El caso, revelado por una investigación de 'The Telegraph', se convirtió en el primer gran escándalo que sacude al Gobierno de Keir Starmerdesde su llegada al poder hace 14 meses. Según explicó Rayner, su situación se derivaba de haber transferido previamente su residencia habitual a un fideicomiso en beneficio de su hijo con discapacidad, circunstancia que creía suficiente para evitar el pago de la tasa incrementada que se aplica a segundas residencias. Sin embargo, la normativa tributaria británica considera que, al conservar la condición de fideicomisaria, mantenía un interés en la propiedad original y por tanto debía abonar la tarifa más alta.

El miércoles, la propia Rayner declaró sentirse «profundamente arrepentida» por el error y confirmó que había iniciado conversaciones con la autoridad fiscal británica (HMRC) para regularizar la situación. También se remitió voluntariamente al examen del asesor independiente Laurie Magnus, encargado de velar por el cumplimiento del Código Ministerial. Magnus, antiguo financiero con amplia trayectoria en la City y nombrado por Rishi Sunak en 2022, tenía previsto entregar su informe al primer ministro este mismo viernes.

Noticia Relacionada

Zelenski y Starmer ven en la cumbre de Alaska «una oportunidad viable» para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

Ivannia Salazar

El primer ministro británico afianza su apoyo hacia Ucrania a un día de la cita entre Trump y Putin

Durante los últimos días, Keir Starmer había resistido las crecientes presiones de la oposición conservadora, encabezadas por Kemi Badenoch, que exigía el cese inmediato de la viceprimera ministra. El líder laborista defendió públicamente a su número dos y afirmó que «había ido más allá de lo exigido» al explicar con transparencia sus circunstancias familiares y someterse al escrutinio ético. Sin embargo, tras conocerse nuevos detalles sobre las discrepancias entre la versión de Rayner y las declaraciones del bufete de abogados que gestionó la compraventa, que negó haberle ofrecido asesoramiento fiscal, la presión política se intensificó y finalmente desembocó en su renuncia.

En un comunicado, la hasta ahora segunda de Starmer declaró que «siempre he creído que quienes sirven al público británico en el Gobierno deben observar los estándares más altos y, aunque el Asesor Independiente ha concluido que actué de buena fe y con honestidad e integridad en todo momento, acepto que no cumplí los más altos estándares en relación con la compra reciente de mi vivienda». En el texto, añade que «lamento profundamente mi decisión de no haber buscado asesoramiento fiscal especializado adicional, teniendo en cuenta tanto mi posición como responsable de Vivienda como mis complejas circunstancias familiares» y que «asumo toda la responsabilidad por este error».

Rayner detalla que «nunca fue mi intención hacer otra cosa que no fuera pagar la cantidad correcta» y «también debo tener en cuenta el enorme coste que la presión constante de los medios está teniendo sobre mi familia». En su opinión, «aunque es correcto que se me someta a un escrutinio apropiado a mí y a mi vida, mi familia no eligió que su vida privada fuera cuestionada y expuesta de manera tan pública. He sido clara durante todo este proceso en que mi prioridad ha sido, y siempre será, proteger a mis hijos, y la presión que les estoy imponiendo al permanecer en el cargo se ha vuelto insoportable», así, concluye, «dadas las conclusiones y el impacto sobre mi familia, he decidido dimitir».

La dimisión de Rayner abre ahora varios frentes simultáneos para el Gobierno y para el propio Partido Laborista. Por un lado, Starmer se ve obligado a nombrar a una nueva persona, o dos, en los cargos que deja vacantes Rayner. Por otro, su salida como número dos del partido desencadenará automáticamente un proceso interno de sucesión que será decidido por los militantes. Entre los nombres que ya circulan como posibles aspirantes se encuentran Wes Streeting, actual responsable de Sanidad, y Shabana Mahmood, de Justicia, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales.

Nacida y criada en una vivienda social, abandonó el colegio a los 16 años sin cualificaciones y siendo madre adolescente. Trabajó como asistente de cuidados en el ayuntamiento de Stockport y se vinculó sindicalmente a Unison, hasta convertirse en una de sus dirigentes regionales más relevantes. En 2015 ganó el escaño de Ashton-under-Lyne, convirtiéndose en la primera mujer en representar a esa circunscripción en 180 años. Fue ascendiendo rápidamente dentro del grupo parlamentario laborista hasta ocupar la cartera de Educación en la oposición y, en 2020, ser elegida como número dos del partido. En julio de 2024, tras la victoria laborista en las elecciones generales, Starmer la nombró viceprimera ministra y responsable de Vivienda.

Su salida marca un giro abrupto en la narrativa del Gobierno, que se disponía a encarar la segunda fase de su mandato con un discurso de «reset» político y económico antes de la conferencia anual del partido, y plantea preguntas sobre la cohesión interna del Ejecutivo y el rumbo de su agenda legislativa.

El Código Ministerial, reforzado por el propio Starmer tras criticar durante años la laxitud de los gobiernos conservadores, establece que los ministros deben confirmar que sus asuntos fiscales están en orden y que sus decisiones son consistentes con el cumplimiento estricto de la ley. El primer ministro había advertido que «el incumplimiento de esos altos estándares siempre debilita el vínculo de respeto entre un Gobierno y la ciudadanía a la que debe servir».

Tras la dimisión, Downing Street difundió una carta manuscrita del primer ministro dirigida a Rayner. En ella, Starmer le agradece que le hubiera comunicado directamente su decisión y expresó su pesar: «Estoy muy triste de que tu etapa como viceprimera ministra, ministra y líder adjunta del Partido Laborista haya terminado de esta manera». El jefe del Gobierno añadió que Rayner hizo lo correcto al remitirse al asesor independiente sobre estándares ministeriales y también al actuar conforme a sus conclusiones.

Poco después se hizo pública la conclusión de Magnus. En su informe, reconoció que las normas tributarias en cuestión eran «complejas» y que Rayner había recibido en dos ocasiones confirmación escrita de que sólo debía pagar el nivel más bajo del impuesto, aunque esas comunicaciones advertían expresamente que no constituían asesoramiento fiscal especializado y recomendaban obtenerlo. Magnus concluyó que, al no haber buscado esa orientación adicional, «no puede considerarse que (Rayner) haya cumplido con los más altos estándares posibles de conducta», tal como exige el Código Ministerial. En consecuencia, aconsejó a Starmer que considerara el caso como una vulneración del código.