Los demócratas en EE.UU. tratan de impedir ataques de Trump a Maduro

El texto sostiene que Trump ha ordenado ataques contra embarcaciones venezolanas sin que mediara declaración de guerra ni autorización del Congreso. Además, recuerda que la designación de organizaciones criminales como terroristas «no otorga base legal para el uso de la fuerza». En su argumentación, Omar subraya que ni la autorización aprobada tras los atentados del 11-S en 2001 ni la de la guerra de Irak en 2002 pueden servir ahora para legitimar operaciones en América Latina.

La resolución apunta a incidentes concretos: los ataques en el Caribe, la posterior acumulación de buques y aviones estadounidenses en la región y las amenazas de Trump de derribar aviones venezolanos si se acercaban a unidades navales de EE.UU. Para los promotores, todo ello constituye un escenario de hostilidades que solo puede ser validado mediante un voto en el Congreso.

Con este movimiento, la izquierda demócrata busca marcar distancia con el intervencionismo en América Latina y, al mismo tiempo, reivindicar el papel constitucional del Legislativo en materia de guerra. El debate enfrenta a un presidente que promete mano dura contra el narcotráfico, que atribuye al régimen chavista, con unos congresistas que denuncian una escalada ilegal y peligrosa.

Los demócratas son minoría en el Capitolio, pero la mayoría republicana en la Cámara es de apenas unos ocho votos, por lo que cualquier defección de estos últimos podría permitir al aprobación de semejante resolución.

La ofensiva de Trump contra el narcotráfico en Venezuela arrancó a comienzos de septiembre, cuando ordenó el primer ataque contra una lancha atribuida al grupo criminal Tren de Aragua en aguas del Caribe. Según la Casa Blanca, aquella acción se saldó con once muertos y se presentó como el inicio de una campaña para golpear a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

En los días siguientes, se difundieron imágenes de otros dos ataques, ambos en aguas internacionales, que dejaron seis fallecidos adicionales. El propio Trump elevó la tensión al acusar directamente al régimen de Maduro de estar detrás de los envíos de droga y de «enviar presos comunes» a territorio estadounidense.

El 20 de septiembre, el presidente anunció un cuarto ataque, con tres muertos a bordo de una embarcación que, según él, transportaba drogas hacia Estados Unidos. Difundió incluso un vídeo del impacto, sin confirmación independiente del Pentágono, que mantiene un fuerte despliegue en la zona con ocho buques de guerra, drones armados y cazabombarderos operando desde bases en Puerto Rico y Florida.

En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, viajaron al área para mostrar respaldo a las tropas.

La estrategia de Trump se ampara en un decreto secreto firmado en julio que autoriza al Pentágono a emplear fuerza militar contra organizaciones criminales extranjeras designadas como terroristas. El discurso oficial sitúa esta campaña como un frente más en la lucha contra el fentanilo y la cocaína. Pero las críticas no tardaron en crecer: líderes latinoamericanos como Gustavo Petro calificaron los ataques de «asesinato» y advirtieron del riesgo de desestabilización regional; Caracas denunció una violación de su soberanía y alertó a sus vecinos caribeños sobre una posible «guerra por cambiar el régimen».