Una década negra de Maduro en Venezuela: 10.000 ejecutados por policías y militares y 45.000 violaciones de derechos humanos

El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, una ONG que cumple 35 años defendiendo los derechos humanos en el país, publicó el informe de la década del Gobierno chavista 2013-2023, al que ABC tuvo acceso.

En este período, al menos 10.085 personas fueron asesinadas o ejecutadas por agentes de seguridad de los cuerpos policiales y militares, «la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados», afirma el informe.

Noticia Relacionada

Maduro cobró mordidas de la trama de robo de su testaferro

David Alandete

A pesar de las presiones del dictador, la cadena PBS publica el esperado documental sobre el caso Alex Saab

Entrevistado por ABC, Óscar Murillo, miembro de Provea, señala que el 2023 «se caracterizó nuevamente por la alta y deliberada letalidad policial y militar -que ha sido institucionalizada-, con graves violaciones al derecho a la vida que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad».

Murillo subraya que los agentes policiales y militares se ensañan en los sectores más vulnerables que son los barrios populares. El año pasado «se mantuvo el patrón en la actuación policial, de aparentar que las muertes fueron causadas por enfrentamientos con presuntos delincuentes. El encubrimiento de los crímenes tiene como propósito garantizar impunidad, argumentando que los funcionarios actuaron en legítima defensa. En realidad, se trata de ejecuciones extrajudiciales».

Las denominadas operaciones Trueno y Guaicaipuro retomaron prácticas de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) consumadas entre 2015 y 2017 y que bajo el terror policial produjeron crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas y tortura. «Estos operativos también fueron usados contra la población privada de libertad».

Además, Provea denuncia que «el Gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen más de 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes».

«La mayoría de los castigos infligidos a los afectados consistió en amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte y a los familiares, entre otras», dice el informe.

Por primera vez, según los registros de Provea, la mayoría de las personas torturadas fueron mujeres, jóvenes, pobres y privadas de libertad, que fueron sometidas a abusos por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC) adscritos al Ministerio de Prisiones.

En esta década oscura y opaca del régimen, «al menos 28 personas murieron a consecuencia de estos actos de tortura. La totalidad de las víctimas murieron en centros penitenciarios y comisarías, como consecuencia del precario y a veces inexistente acceso a alimentos, medicinas y condiciones de salubridad mínimas».

La situación de abandono a la que sigue sometida la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante que está ocasionando muertes en recintos carcelarios. A la cotidiana exposición a la violencia física a la que están sometidos miles de jóvenes pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la victimización generadas por el sometimiento al hambre y la ausencia de servicios y tratamientos de salud, que afecta al 90% de la población.

Maduro se proclama como el primer presidente obrero y promete la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, pero como no ha cumplido sus promesas en los dos mandatos anteriores, se ha convertido en lo que Provea advirtió desde el primer día: un presidente anti obrero.