La alta criminalidad y la falta de apoyos tumban a Boluarte en Perú

El sillón de Boluarte ha sido ocupado de manera interina por el presidente del Congreso, José Jeri, de 38 años, que ya tiene en su haber denuncias por abuso sexual, por desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó 36 meses de prohibición de salida del país contra Dina Boluarte, quien es investigada por la recepción de presuntos aportes ilícitos para su campaña electoral para la vicepresidencia en el 2021.

El tsunami político contra la ya expresidenta comenzó el jueves por la tarde en la bancada de Fuerza Popular, grupo que dirige Keiko Sofía Fujimori, quien anunció el respaldo a la destitución de Boluarte. El anuncio provocó un efecto dominó que hizo que los partidos de Podemos y Renovación Nacional se plegaran a ella. Cuando llegó el anuncio de Alianza para el progreso, que dirige el empresario y político César Acuña, la suerte de Boluarte estaba echada. Y el último clavo del ataúd lo puso el partido Somos Perú, en cuyas filas milita el sucesor de Boluarte, José Jeri.

Entre las razones para tumbar a Dina Boluarte figuran el desgaste del Gobierno, señalado por las extorsiones a los gremios de transportistas y músicos que ha sobrepasado límites en el país; el intento de linchamiento del candidato a la Presidencia y conductor de televisión, Phillip Butters, en Puno –donde hubo 17 muertos en las protestas de 2022 y 2023–, por su apoyo a la decisión de Boluarte de reprimir las protestas; y en tercer lugar, por el miedo al rechazo popular en las elecciones presidenciales y legislativas de abril del 2026.

Hasta este 9 de octubre, Boluarte se sentía protegida por una alianza de facto para gobernar el país, formada por los partidos políticos que ahora la han empujado a caer, liderador por Keiko Sofía Fujimori, Vladimir Cerrón (del partido que llevo al poder a Pedro Castillo), Rafael López Aliaga, César Acuña y José Luna. El rasgo que une a esta alianza es que todos tienen cuentas que rendir ante la Justicia.

Este pacto en el Congreso permitió a Boluarte salir indemne de acciones muy cuestionadas por la opinión pública, como firmar un decreto para subirse el sueldo–de 16.000 soles (3.832 euros) a 35.568 soles (8.519 euros)–, un aumento de 125% al mes, superando así el sueldo mínimo peruano treinta veces. La mantuvo en el poder a pesar de las controversias que han jalonado todo su mandato: la salvó siete veces de ser destituída en el Congreso, del escándalo por el uso de joyas y relojes de alta gama, entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente a cambio de prebendas; de la indignación provocada por la desaparición varios días para someterse a una cirugía plástica en junio del 2023; y de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales de 49 personas entre 2022 y 2023 de parte del Ejército y la Policía peruana.

Según el analista político, José Alejandro Godoy, los detonantes de esta destitución fulminante han sido dos: «El atentado contra la banda de cumbia Aguamarina», muy popular; y «el incidente violento contra el precandidato presidencial Philip Butters en Juliaca, que les hizo recordar los costos de mantener una coalición con Boluarte». El aumento de la violencia en el país también ha sido definitivo: desde 2021 los índices de criminalidad han crecido un 40%.

El 7 de diciembre del 2022, Boluarte se convirtió en la primera presidenta mujer en Perú después de que el entonces mandatario, Pedro Castillo, dio un autogolpe, que acabó con su destitución y encarcelamiento en el mismo penal donde estaban los expresidentes Alberto Fujimori Fujimori, fallecido en 2024, y Alejandro Toledo Manrique. A ellos se sumó más tarde el expresidente Ollanta Humala.

En la última década, los peruanos han visto desfilar ocho presidentes, destituidos por distintas razones. Desde que Humala dejó el poder, ningúno ha terminado su mandato.