Dina Boluarte promulga la ley de amnistía para militares y policías investigados en las matanzas ocurridas entre 1980 y 2000

«Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias», al tiempo que agregó que «hoy, con la promulgación de esta Ley de Amnistía, el Gobierno peruano y el Congreso de la República Reconocen a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo. Reconocemos su sacrificio y les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada».

Tras su viaje a Japón e Indonesia, Boluarte calificó la ley aprobada en el Congreso como una «amnistía histórica» que honra a los defensores de la patria y rechaza «con firmeza cualquier intromisión interna o externa».

Perú es manejado por cuatro familias que gobiernan desde el Congreso y le dan vida a la presidenta Dina Boluarte, quien llegó al poder tras la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo, en diciembre del 2022: «El país lo controlan la familia Fujimori, los Acuña, los Cerrón y los Luna», refiere la periodista Rosa María Palacios.

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Las cuatro familias tienen una tácita alianza de Boluarte con las bancadas en el Congreso, formadas por Keiko Sofía Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón y José Luna, quienes le aseguran llegar hasta el 2026 pese a las investigaciones y denuncias en su contra, en un país que desde el 2016 ha tenido seis presidentes distintos.

El concepto es parte del ecosistema político de Perú porque las cuatro familias concentran el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, donde hay funcionarios que responden a los jefes de sus clanes y que impiden, por ejemplo, que se supervisen las universidades o que se capture a Vladimir Cerrón, quien es el prófugo de la justicia, menos buscado del país.

Boluarte expresó que «¿el terrorismo nos dejó más de 70.000 muertos, miles de desaparecidos, orfandad y pobreza. Pero gracias al coraje de nuestros soldados, policías y valientes campesinos Organizados en Comités de Autodefensa. Logramos recuperar la paz y salvar la democracia. Ellos hicieron posible que hoy podamos vivir en libertad. Con esta ley reafirmamos que la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad…Esta decisión se basa en la potestad que la Constitución, en su artículo 102 inciso seis, otorga al Congreso de la República para conceder amnistías».

«Nosotros estamos al lado del Perú, de los peruanos de bien, que solo quieren paz y no más derramamiento de sangre. Nuestro gobierno siempre hará prevalecer la paz, la lucha por la justicia y el respeto a la vida. Queridos compatriotas. Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo», finalizó la presidenta.

A la firma de la ley acudieron militares y policías investigados por las matanzas entre 1980 y 2000 y que fueron investigadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el 2003 y que indagó en los gobiernos de Fernando Belaunde (1980-85), Alan García (1985-90) y Alberto Fujimori (1990-2000).

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el grupo terrorista Sendero Luminoso causó más de 69.000 muertos y documentó que el Ejército y la Policía cometieron matanzas en zonas pobres y donde se hablan quechua u otros idiomas sin distinguir que sean miembros de los terroristas o la población civil. Entre las matanzas más conocidas cometidas por las Fuerzas Armadas figuran Putis, Accomarca, Cayara, donde además de asesinatos extrajudiciales, se violó a mujeres y luego se amedrentó a los sobrevivientes.

El 17 de mayo de 1980, la banda terrorista de corte maoísta Sendero Luminoso decretó la guerra al Estado peruano desde Ayacucho (sureste de Perú), quemando las urnas electorales en Chuschi y desde ese día inició la lucha armada y sucesivos ataques a los puestos policiales y militares, que tomaron por sorpresa a todos, incluido el presidente Fernando Belaunde, quien señaló que eran abigeos o peleas de robo de animales.

En declaraciones a ABC, la socióloga y escritora Jo Marie Burt dijo que «la ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte es una aberración jurídica que desconoce -y desafía- las obligaciones internacionales del Perú de investigar, procesar, y sancionar a las graves violaciones a los derechos humanos».

«Los logros que tuvo Perú en esa materia durante los últimos 20 años -de haber procesado y condenado al expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, miembros del escuadrón de la muerte el Grupo Colina, así como a militares y policías responsables de masacres, desapariciones forzadas, y violaciones sexuales contra mujeres- está siendo tirado por la borda con el afán de imponer la impunidad y reescribir la historia del pasado reciente», explicó la autora del libro 'Violencia y autoritarismo en el Perú. Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori'.

«Esta ley es una bofetada a las víctimas. El mensaje es que el poder, el Estado, desconoce las luchas de las víctimas, desconoce sus derechos a la verdad y la justicia, a la reparación. Desconoce el derecho de la misma sociedad de conocer la verdad. El mensaje es que vamos a reescribir la historia según nuestra conveniencia, sin importar la verdad, sin importar tus luchas, tus familiares desaparecidos o muertos. Es una infamia al más alto nivel», finalizó Burt.

La ley fue presentada por el congresista de «Fuerza Popular», Fernando Rospigliosi, de 78 años, quien en los últimos años sufrió una transformación ideológica digna de destacar.

Rospigliosi es sociólogo y periodista, que durante la década del noventa fue opositor al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), fundó una organización no gubernamental de derechos humanas que se llama APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), además de publicar libros donde denunció las matanzas de las Fuerzas Armadas dirigidas por el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, en el gobierno de Fujimori.

El título de uno de los libros de Rospigliosi habla por sí solo: 'Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares', publicado en el año 2000 por la editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Ahora, paradójicamente, la ley presentada y aprobada por Rospigliosi puede ayudar a que su antiguo nemésis, Vladimiro Montesinos, pueda aminorar sus condenas y salir pronto en libertad.

Al final del evento, Rospigliosi dijo a gritos que no había «cambiado de postura», al responder sobre su papel en la liberación de militares investigados por derechos humanos.

«La autoría mediata es un término que usan jueces prevaricadores y politizados para meter en la cárcel a personas a las que no se les ha podido probar nada», agregó el también vicepresidente del Congreso.

El brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, creó el grupo de ejecuciones formado por militares conocido como el grupo Colina, un escuadrón de la muerte para eliminar a los miembros de Sendero Luminoso sin que nadie los vigile.

En una de las audiencias del juicio que terminó en la condena a 25 años al mandatario Alberto Fujimori Fujimori, los exmiembros del grupo Colina declararon que su «línea de comando» terminaba en Fujimori tras pasar por el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

«El grupo Colina no era un grupo de militares locos que actuaban por su cuenta y hacían lo que querían. Si hicieron una ley de amnistía es porque ellos, Fujimori, Montesinos y Hermoza, tomaban las decisiones. No se puede hacer una guerra si no hay decisión política más aun cuando se trata de una guerra clandestina», declaró el jefe del destacamento Colina, mayor Santiago Martin Rivas en el libro 'Ojo por Ojo' de Umberto Jara.

Según Santiago Martín Rivas, preso desde principios de 2000, el grupo de militares Colina tenía como objetivo acabar desde la clandestinidad con la banda terrorista Sendero Luminoso que, según él, había puesto en jaque al país en 1992 y que buscaban tomar el poder y derrocar a Fujimori a través de las decenas de atentados de coche bomba realizados en Lima. Como líder del grupo, reivindica las matanzas en Barrios Altos, la universidad La Cantuta y la matanza de 13 líderes de Sendero Luminoso durante la reyerta ocurrida en la cárcel Castro Castro en mayo de 1992.

Además de Fujimori, fueron procesados y condenados por los crímenes del grupo Colina, Vladimiro Montesinos y el exjefe del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos.

El grupo Colina cometió las matanzas de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta en Lima, la matanza de 15 personas, entre ellas, un niño de 8 años en el distrito de Barrios Altos; y el asesinato del periodista Daniel Yauri, y de la familia Ventocilla, entre otros.