Las claves del revés judicial a los aranceles de Trump: una nueva sacudida al comercio global

'No taxation without representation' ('No a los impuestos sin representación'). Este eslogan político de la revolución americana -los colonos protestaban los impuestos de la metrópoli sin poder de decisión política al respecto- está en la esencia de la decisión del tribunal contra los aranceles. La Constitución de EE.UU. establece que la competencia para imponer impuestos y aranceles la tiene el Congreso. Y el tribunal -por una mayoría de 7-4- ha decidido que Trump se extralimitó en la ley de 1974 que da poderes al presidente de EE.UU. para imponer aranceles en situaciones de emergencia. Hasta ahora, esa ley se había usado para imponer sanciones económicas a países rivales. La pasada primavera, Trump se amparó en ella para dos tipos de aranceles: los recíprocos a todos los países del mundo -desde un 10% universal a aranceles abultados, cerca del 90%- y los que impuso a Canadá, México y China. Para los primeros, justificó la emergencia por los déficits comerciales que sufre EE.UU.; para los segundos, por la entrada de droga en el país. El tribunal ha considerado que no se ajustan al tenor de la ley.

Por un lado, la decisión judicial no afecta a otros aranceles adoptados por Trump y para los que no invocó esa ley. Es el caso de las tasas sectoriales a importaciones como automóviles, acero, aluminio y cobre. Sobre los aranceles recíprocos, el tribunal impone que siguen en pie hasta el 14 de octubre. Es un periodo que da al Gobierno para recurrir ante el Tribunal Supremo.

Un tribunal inferior tiene que decidir todavía si el Gobierno tendrá que devolver el dinero pagado por las compañías importadoras, o solo a aquellas que estaban en la demanda -junto a otros demandantes, como algunas autoridades estatales demócratas- original del caso.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ya ha anunciado lo que todo el mundo espera: el Departamento de Justicia recurrirá la decisión. El asunto recaerá en el Supremo, donde Trump tiene la ventaja de que seis de los nueve jueces han sido elegidos por presidentes republicanos (tres de ellos, por él mismo). Sin embargo, sus magistrados se han mostrado hasta ahora cautos a la hora de expandir los poderes presidenciales.

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El despliegue de aranceles globales ha estado dominado por las turbulencias. Su anuncio a comienzos de abril provocó un descalabro en los mercados financieros. En esa situación, Trump los suspendió y abrió un periodo de negociación con todos los socios comerciales, plagado de idas y vueltas, amenazas y prórrogas. La decisión judicial llega en un momento en el que EE.UU. ha alcanzado acuerdos con grandes socios comerciales -Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur-, pero con detalles y ejecución todavía por cerrar. Y con muchas negociaciones con otros todavía abiertas. En especial, con su gran rival global, China. Esa ejecución y esas negociaciones quedan afectadas por la decisión judicial y pendientes del Supremo.

Trump llegó este verano a un acuerdo comercial con la Unión Europea en el que los europeos tuvieron que hacer muchas concesiones: aceptar aranceles del 15%, retirar los suyos a las exportaciones estadounidenses o aumentar la compra de energía a EE.UU. Lo que pase en el Supremo podría trastocar ese acuerdo, con muchos de sus elementos todavía en ejecución.

Si el Supremo decide que Trump tiene potestad para imponer los aranceles como ha hecho hasta ahora, el 'statu quo' creado por el multimillonario neoyorquino no cambiaría. Pero sería un espaldarazo del alto tribunal a una visión expansiva de los poderes de la presidencia que animaría a Trump a seguir por ese camino. Si, por el contrario, mantiene la decisión del tribunal de apelación, la vía más rápida de Trump para imponer aranceles -que utiliza también para concesiones políticas de otros países- quedaría invalidada.

Sin la posibilidad de utilizar los poderes de emergencia de esa ley de 1977, Trump podría utilizar otras vías para imponer aranceles. Eso sí, serían más engorrosas o limitadas. Por ejemplo, lo puede hacer a través de la Ley Comercial de 1974, pero impone que el límite de los aranceles sea del 15%, que se utilice solo para compensar déficits comerciales abultados y que tengan una duración máxima de 150 días (con extensiones si el Congreso lo autoriza). También puede acudir a la Ley de Expansión Comercial de 1962 -la que ha utilizado para aranceles sectoriales como el del acero-, pero eso requiere una investigación previa del Departamento de Comercio, Trump no los puede imponer a golpe de rotulador.