Boric corrige su política de Seguridad tras la escalada de violencia en Chile

El grafiti, estampado en los muros de diversas ciudades chilenas, es cuestionado por el papel que jugó en ese momento de graves tensiones como símbolo de la crítica sistemática a los carabineros. Por entonces, incluso el Frente Amplio (FA), la coalición política de izquierdas, se animó a levantar como bandera propia la refundación de esa institución, tras los casos de violaciones de los derechos humanos registrados en las protestas, donde más de 400 personas sufrieron perdida de la visión o graves daños oculares, según cifras oficiales.

El panorama, a tres años de la revuelta, es diametralmente distinto. Tanto por su rol en la pandemia, como por el incremento de la delincuencia, que ha convertido la seguridad en la demanda más urgente de la población, los carabineros son ahora una de las instituciones mejor valoradas, dejando atrás años de desprestigio. De hecho, es uno de los pocos actores que registran altos índices de confianza y credibilidad, que alcanzan el 76% en algunas encuestas.

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El asesinato de tres policías en Chile hace menos de un mes golpeó no sólo a sus compañeros, sino también al presidente Boric. En esta disyuntiva, el mandatario ha dejado de lado la idea de refundar los carabineros. Por el contrario, ha realizado gestos de apoyo que incomodan a su sector, especialmente al Partido Comunista.

«Vale la pena reflexionar sobre nuestras actuaciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile», dijo Boric, tras la muerte de la sargento Rita Olivares, la 'mártir 1.232' de la institución uniformada. Sus palabras revivieron la polémica sobre las duras críticas que Boric, como también muchos de sus actuales ministros y parlamentarios, publicaron en 2019, especialmente en Twitter. En varios mensajes, calificaban a los policías de asesinos y violadores de los derechos humanos, sumando epítetos como ladrones y corruptos, debido a algunos casos de fraude cometidos por exoficiales a partir de 2000. A juicio de la oposición, esto debilitó las acciones de la Policía y le restó respaldo político.

Desde que asumió el cargo en marzo de 2022, Boric ha debido retroceder en sus posiciones en materias de orden público, pero en este escenario sólo está siendo acompañado por el Socialismo Democrático, conformado por el Partido Socialista y el Partido por la Democracia (PPD), que detentaron el poder en los gobiernos de la Concertación y tienen experiencia en el tema.

La crisis de seguridad que vive Chile ha desvelado las dos almas y las profundas diferencias ideológicas que cruzan la amplia coalición que sostiene al Gobierno. La petición de reflexión que hizo tuvo escasa acogida y pocos dieron pasos en esa dirección. Por ejemplo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reconoció que desde su cargo ahora tiene «una mejor comprensión» de la labor de los policías; un alcalde de Revolución Democrática (RD), Tomás Vodanovic, asumió que la coalición debía hacer «autocrítica grande sobre la relación que tuvimos con las policías».

La oposición ha reclamado que Apruebo Dignidad (AD) se ampara para no legislar en antiguas actuaciones de los policías en casos de violaciones a los derechos humanos y centran toda la discusión en los posibles efectos que las nuevas leyes tendrían en las protestas sociales, sin mirar que éstas apuntan al control de la delincuencia común. El dirigente de Evopoli, Hernán Larraín Matte, definió esta postura del oficialismo como la «romantización» de la violencia, cuestión que, según dijo, llevó al FA a no rechazar lo ocurrido en el estallido social de 2019 y hoy, a no legislar herramientas que den más poder a las policías.

Un golpe de realidad, sostienen analistas, explica el giro experimentado por Boric. A pocas horas de asumir el mando, el presidente mantuvo la presencia de las Fuerzas Armadas en la Araucanía para enfrentar la violencia terrorista escondida tras la causa mapuche, pese a asegurar en campaña que no aplicaría el estado de excepción que lo posibilita. Los parlamentarios del FA han votado sucesivamente en contra de estas prórrogas.

También instó al Congreso a legislar el año pasado para que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de las fronteras en el problemático ingreso de inmigrantes, que ha desembocado en crisis de seguridad en la zona norte. Las cifras indican que la actuación de los militares, en sólo tres meses ha reducido en un 55% el ingreso ilegal, pero en esto AD también fue reacio a legislar.

Sin embargo, la detección de crimen organizado en Chile, un flagelo reciente, ha impuesto un desafío mayor a Boric. Delitos como sicariato, ajustes de cuentas entre narcos, extorsión a comerciantes y secuestros (en 2022, se registraron 574 casos), tienen en alerta a la Fiscalía. El Congreso ha legislado aceleradamente una serie de normas que establecen estos tipos penales y mayores facultades para la Policía y las Fuerzas Armadas.

Chile Vamos no olvida que el mandatario, pese a asumir como prioridad la seguridad ciudadana, indultó a fines de 2022 a doce presos de la revuelta, muchos de ellos delincuentes comunes, y también a un exterrorista. Por ello, levantan nuevas exigencias, como la renuncia del subsecretario de Prevención del Delito.

Esta semana, ante nuevos enfrentamientos armados con delincuentes, donde varios carabineros resultaron heridos, el Gobierno agilizó una intervención que se implementará en las 30 comunas más violentas del país, muchas en Santiago.

Boric, afectado por los crímenes, no sólo promulgó una serie de leyes que dan más poder a las policías, sino que anunció 1.500 millones de dólares adicionales para fortalecer sus actuaciones. Al reunir a todos los partidos políticos en La Moneda (sólo los Republicanos no acudieron), les solicitó una «tregua», pues la seguridad pública no puede ser «una política de trincheras».