El clima de violencia en Chile descoloca a Boric, con récord en caída de popularidad

El impacto de las noticias contribuye a ese clima. En su primera visita al norte del país tras su toma de posesión del 11 de marzo, al propio Boric le recibió una pedrada (impactó en su jefe de gabinete), mientras que la ministra de Interior fue acogida a balazos en un desplazamiento a tierras mapuches, en el sur. La semana pasada, en apenas 24 horas, en dos puntos distintos de la capital, la ministra de Defensa sufrió en su casa un asalto a mano armada (un hijo fue agredido y su marido resultó maniatado; ella no se encontraba en el domicilio) y un escolta del presidente fue atacado mientras conducía un coche oficial. A eso se suma el fallecimiento de una periodista –la primera muerte en ejercicio de un informador desde el regreso a la democracia–, que resultó herida de bala en una manifestación del Primero de Mayo.

Si bien esos últimos delitos han sido cometidos presuntamente por delincuentes comunes , voces de la izquierda han insinuado que algunos sectores de derecha pueden estar promoviendo un clima de violencia para malograr la presidencia de Boric. Como líder estudiantil, Boric forjó su liderazgo en las protestas sociales cuyos desórdenes públicos fueron en parte confrontados por los militares, por orden el anterior presidente, el conservador Sebastián Piñera.

Lo cierto, en cualquier caso, es que los problemas para Boric no vienen de sectores sospechosos. La actuación de activistas mapuches ha obligado al Gobierno a reimplantar en dos provincias del sur el estado de excepción que la izquierda tanto criticó a Piñera. Además, el desplome de la popularidad de Boric no se debe solo a la inseguridad, sino también a otros aspectos como el deterioro económico, con una alta inflación que ha motivado movilizaciones de camioneros y que ya alcanza los dos dígitos.

Ya a finales de abril, en su séptima semana en La Moneda, Boric vio cómo su desaprobación (53%) superaba en las encuestas a su aprobación (36%), algo que en el caso de Piñera ocurrió en la semana número 37, y en la presidencia previa de la socialdemócrata Michelle Bachelet ocurrió en la semana 33. Esos datos de la encuestadora Cadem apenas han mejorado en su último cómputo: ha habido un incremento de dos puntos en favorabilidad, pero se mantiene el mismo grado de rechazo.

La inseguridad, desde luego, no ayuda. Otro reciente sondeo de Cadem indica que el 86% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado en el último año, el 88% piensa que es más violenta y el 72% teme ser víctima de un delito.

Si la situación social se enrarece, al tiempo que la económica se complica, la situación política parece encaminarse a un callejón de difícil salida. El panorama político puede verse bloqueado si se produce un rechazo de la nueva Constitución en el referéndum que debe celebrarse el 4 de septiembre. Según Cadem, el 42% de los que en su día votaron a favor de redactar una nueva Constitución (en sustitución de la vigente, aprobada aún con Pinochet como presidente) hoy podrían haber votado de modo diferente, a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso: el 28% dice que habría votado en contra y el 14% se muestra indeciso.

Por otra parte, el 46% de los chilenos dice que en septiembre votará contra el texto propuesto de nueva Constitución, el 38% dice que lo aprobará y el 17% no responde. El sondeo de Pulso Ciudadano no es más optimista: el 45,6% rechaza el texto que se está redactando, el 27,1% lo aprueba y el 27,4% se muestra indeciso.

El cambio de actitud hacia el proceso constitucional se debe a varios factores; entre ellos destaca la desconfianza hacia la Convención Constituyente, que ha resultado compuesta por representantes muy dispares y a menudo con planteamientos maximalistas.

A la espera de contar con el texto definitivo que será sometido a referéndum –la Convención comenzó sus trabajos en julio de 2021 y acaba de concluir una primera versión que ahora debe armonizarse–, lo que de momento ha trascendido apunta a una mayor descentralización (mayor poder para las regiones, incluso fiscal), unas condiciones menos proclives para la inversión (mayor facilidad para nacionalizaciones) y un aumento del gasto público (por el reconocimiento de nuevos derechos sociales). También rebaja las competencias del presidente del país y del Senado y refuerza el poder de las minorías étnicas, en un estado que se declara plurinacional.

Eso modifica los parámetros institucionales y económicos que han constituido el contexto del desarrollo experimentado por Chile en las últimas décadas y pueden complicar la gobernanza del país.