Alta tensión en Brasil ante el histórico juicio a Bolsonaro por golpe de Estado

Especialistas entrevistados por ABC prevén que Bolsonaro debe ser condenado y considerado culpable y que resta saber cuál será el tamaño de la pena. El juicio se llevará a cabo en la Primera Sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Cristiano Zanin, y reunirá a los cinco jueces que la componen. El relator, el juez Alexandre de Moraes, será el primero en emitir su voto, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y, finalmente, Zanin. Para que haya una condena o absolución, se necesitarán los votos de al menos tres de los magistrados.

La expectativa de la defensa y de los especialistas consultados es que la votación de los jueces no sea unánime. Se espera que el juez Fux, proponga una interpretación que podría reducir la pena o que pida «vistas» del proceso, lo que podría retrasar el juicio en hasta 90 días, un plazo que podría pedir para reflexionar sobre su decisión y que podría arrastrar el proceso hasta diciembre.

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Según la prensa local, el deseo de la mayoría de los jueces es que la condena de Bolsonaro, que puede llegar a la máxima de 43 años, con siete de ellos en régimen cerrado, se decida antes, para no perjudicar las elecciones presidenciales del próximo año, pues el tema incendiaría aún más el ambiente político.

«Hay un contenido político en este juicio que no ocurrió, por ejemplo, con Dilma (Rousseff) ni con (Fernando) Collor, que fueron presidentes destituidos. Ellos no crearon tensión con otros poderes. Perdieron fuerza política y fueron destituidos por aspectos más políticos que jurídicos. Pero no cayeron porque llevaron al límite el Estado democrático de derecho. El gran problema de Bolsonaro es que buscó alternativas para permanecer en el poder por encima de la decisión popular«, explica a ABC el coordinador del curso de Derecho de la universidad ESPM, en São Paulo, que considera «poco probable que haya alguna absolución» para el ultraderechista.

Crespo afirma que los ataques contra las sedes de los Tres Poderes del 8 de enero de 2023, fueron la culminación de «actos concatenados y organizados» y que las pruebas son «consistentes», no «frágiles» como sugiere su defensa. El profesor se refiere a la delación del coronel Mauro Cid, exmano derecha de Bolsonaro, que es considerada «bastante completa, detallada, y confirmada por otros integrantes en sus testimonios, en mensajes recuperados, en audios, en documentos».

Para Crespo, «no hay nada en la historia de Bolsonaro que lo ayude en este momento». El jurista observa una «coherencia de actos» que el expresidente ha venido practicando, escalando la tensión con el Supremo, especialmente con el juez Alexandre de Moraes, relator del caso.

«Probablemente no veremos ningún otro juicio como este en Brasil. Porque, por mucho que haya políticos con un comportamiento bastante cuestionable, no hay ninguno de ultraderecha haciendo esto, siguiendo el manual de Steve Bannon y Trump. como lo hace Bolsonaro. Es un momento excepcional«, dice el catedrático.

La expectativa sobre este juicio histórico es tan grande, que más de 3.300 personas se han inscrito para asistir y hay 501 periodistas acreditados de la prensa nacional e internacional. Solo 150 ciudadanos inscritos podrán acceder a la sala, pero el evento, con gran expectativa de audiencia será transmitido íntegramente por los canales oficiales del Supremo.

Los otros siete acusados que integran el llamado «núcleo crucial» son los exministros y generales Walter Braga Netto (Defensa y Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), y Paulo Sérgio Nogueira (Defensa). Se les unen el exdiputado Alexandre Ramagem, el excomandante de la Armada Almir Garnier, Anderson Torres (Justicia) y el exasistente personal de Bolsonaro, Mauro Cid. Estos individuos enfrentan penas que, en su conjunto, podrían superar los 40 años de prisión para cada uno de ellos, por delitos como organización criminal armada y golpe de Estado.

Desde el 4 de agosto, Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario, una de las medidas cautelares impuestas por el Supremo, y se le ha colocado una tobillera digital para seguir sus movimientos. La Policía Federal sostiene que ha habido un incumplimiento de las medidas impuestas y sospechas de intento de fuga. Un informe de la policía registró además que Bolsonaro, «compartió vídeos a más de 300 destinatarios varias veces» a través de WhatsApp, pese a tener prohibido el uso de redes sociales.

La abogada constitucionalista Ana Laura Pereira Barbosa, profesora de la universidad ESPM e investigadora visitante de la Universidad Humboldt de Berlín, explica que las denuncias incluyen los discursos de Bolsonaro desde 2021, cuando aún era presidente y ya cuestionaba el sistema electoral. Pereira recuerda que esos discursos «sirvieron para inflamar a la población» y culminaron con el intento de golpe del 8 de enero.

La especialista también desestima el argumento de la defensa de que se trataba de un mero «discurso electoral» del expresidente. Según ella, «existen pruebas, que no sostienen ese argumento , sobre todo porque Bolsonaro ejercía en aquel contexto una posición de gran protagonismo que era la de Presidente de la República, lo que le exigía cierto comportamiento desde el punto de vista constitucional».

Otro tema importante que preocupa a las autoridades brasileñas es la estrecha relación ideológica de Bolsonaro con el presidente estadounidense Donald Trump, que viene presionando a los jueces brasileños con retiradas de visados. Los ataque van especialmente dirigidos contra el juez Moraes, relator del caso, a quien Trump ha tratado de intimidar con la Ley Magnitsky, una especie de «muerte financiera» que bloquea cuentas y tarjetas de crédito, creada para enfrentar oligarcas rusos.

«Es claro que un empeoramiento del humor del Gobierno Trump en las próximas semanas por la ya previsible condena del ex presidente Bolsonaro podría provocar un deterioro adicional de los indicadores económicos», asegura Fábio Silveira, economista de la Universidad de Grenoble y director de la consultora MacroSector, sobre la posible reacción de Washington. Sin embargo, Silveira considera que «eso no está en el radar del mercado» que ya habría calculado ese riesgo, «al menos, por ahora».