El arresto domiciliario de Bolsonaro tensa aún más las relaciones entre Brasil y EE.UU.

Según la prensa local, el Gobierno brasileño teme que la decisión judicial complique las negociaciones ya tensas con las autoridades norteamericanas para bajar los aranceles que están perjudicando sectores económicos vitales para Brasil, como las exportaciones de carne y café. «Sin duda, el arresto de Bolsonaro llega en un momento que contribuirá negativamente a las negociaciones con Estados Unidos», declaró al portal UOL el analista Bruno Corano, director ejecutivo de la gestora de fondos Corano Capital, en Nueva York. Los aranceles del 50% entraron en vigor el pasado martes.

Internamente, la oposición anuncia que va a obstruir los intereses del Gobierno en el Congreso, además de pedir la destitución del juez Moraes. «Ahora lo encierran en su propia casa, como a un criminal. Sin delito. Sin juicio. Sin defensa. ¡Esto no es justicia, es venganza política! Hoy, la historia ha registrado el fin de la democracia en Brasil. Ya no hay instituciones, hay tiranos con toga», escribió en sus redes el diputado Sóstenes Cavalcante, líder en el Congreso del Partido Liberal, de Bolsonaro.

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La decisión del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, fue una medida contra los actos de Bolsonaro que el domingo encontró formas de manifestarse y participar indirectamente en las protestas a su favor realizadas en las principales ciudades brasileñas. Bolsonaro usó las redes sociales de sus hijos y apareció en una videollamada hecha por el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira, que se dirigía a su militancia desde lo alto de un camión.

Fue la gota de agua que colmó el vaso para que Moraes entendiese que Bolsonaro se estaba burlando de las medidas cautelares que le fueron impuestas el pasado 18 de julio. Desde ese día y tras haber violado restricciones anteriores, a Bolsonaro ya se le había prohibido manifestarse en redes, salir de su casa por la noche, acercarse a sedes de embajadas y hablar con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, que se ha instalado en Estados Unidos y ha pedido apoyo a Trump para su padre. Eduardo está siendo señalado por sectores empresariales como un «traidor» después de que el presidente de EE.UU. confirmó que los aranceles impuestos a Brasil estaban directamente relacionados a una inminente condena a Bolsonaro.

Los seguidores de Bolsonaro que se denominan «patriotas» han tomado las banderas de EE.UU. y las imágenes de Trump como suyas, en oposición al Gobierno del petista Luiz Inácio Lula da Silva, al que vinculan con una «dictadura comunista» que les priva de la libertad de expresarse.

Bolsonaro ha sido acusado por la Fiscalía por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva e investigado por un supuesto magnicidio contra su sucesor, y contra el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Moraes. El juicio debe celebrarse en septiembre y puede llevar al ultraderechista a prisión. Los bolsonaristas intentan impedir esa condena y piden también la amnistía para los presos condenados por atacar las sedes de los Tres Poderes de Brasil, el 8 de enero de 2023, en una horda que habría sido estimulada por el expresidente.

«La decisión es sólida y está bien fundamentada en el código de procedimiento penal y en la ley de organizaciones criminales, adoptando una postura proporcional y estratégica ante el riesgo de reiteración del delito y obstrucción de la justicia», afirma el profesor Marcelo Crespo, coordinador del curso de Derecho de la universidad ESPM, en São Paulo. «Políticamente, es un mensaje claro de que la Corte no tolerará el uso de las redes para corroer sus decisiones», añade.

Los especialistas se han mostrado preocupados, sin embargo, con los desafíos jurídicos del caso, que pueden fomentar narrativas de persecución. «El lenguaje incisivo de la decisión y el alcance de las restricciones impuestas merecen atención, especialmente en relación con sus repercusiones en las libertades públicas y las narrativas de persecución», advierte Crespo.

Para Marcelo Aith, abogado penal y especialista en blanqueo de capitales de la Universidad de Salamanca, el arresto domiciliario de Bolsonaro tiene justificación legal al haberse violado frontalmente una decisión de la Corte. «Aun así, la ausencia de provocación por parte del Ministerio Público puede alimentar dudas sobre la forma del acto decisorio, lo que podría ser objeto de recurso y debate en instancias superiores», advierte. Esas narrativas opuestas pueden incendiarse más aún antes de septiembre, cuando Bolsonaro vaya a juicio.