La violencia en México rompe récords ante la ineficacia de las medidas de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), presidente de México desde diciembre, generó unas expectativas muy altas. Cansados de corrupción y violencia, un 53,2% de los mexicanos votó por AMLO, quien aseguraba que de un plumazo limpiaría las instituciones y erradicaría la elevada inseguridad. Pero con 94 homicidios de media al día en el primer trimestre de 2019, sus políticas de seguridad, por el momento, no han dado el fruto deseado,

Su estrategia se basa en dos pilares: crear un nuevo cuerpo armado llamado Guardia Nacional y un paquete de medidas sociales que evite que los ciudadanos se unan a las bandas del crimen organizado. Según los expertos consultados, se trata de una estrategia errónea e insuficiente que difícilmente va a cortar la tendencia delictiva y evitar que en 2019 se superen los 33.500 asesinatos de 2018.

La Guardia Nacional es el programa estrella. El primer destacamento de este cuerpo fue presentado el pasado viernes en Minatitlán, pequeño municipio del estado de Veracruz (este) donde la noche del Viernes Santo fueron asesinadas catorce personas durante una fiesta . De acuerdo con investigaciones preliminares, el crimen organizado estaría detrás de este delito que ha causado gran escándalo en un México ya habituado a los asesinatos.

Este nuevo cuerpo armado tiene límites difusos entre lo civil y lo militar. Oficialmente desempeñará tareas policiales, pero será dirigido por un general del Ejército y sus filas se nutren de miles de militares. Sus numerosos críticos advierten de que el modelo perpetúa la militarización del país y ahonda en la estrategia castrense ya implementada por los anteriores presidentes. «AMLO está aplicando la misma receta, la Guardia Nacional es el Ejército vestido de Policía», denuncia Santiago Roel , de Semáforo Delictivo , organización que monitorea la evolución de la criminalidad en el país.

En cuanto a los programas sociales, López Obrador repite constantemente que muchos jóvenes se suman a los grupos delictivos por falta de oportunidades, por lo que ha lanzado medidas, como becas de estudios y trabajo, para dejar a los criminales sin «cantera», es decir, busca motivar a los ciudadanos para que vayan a la universidad o tengan empleo y evitar así que se unan a la delincuencia organizada.

La iniciativa, sin embargo, es muy criticada por Francisco Rivas , director del Observatorio Nacional Ciudadano , organización también dedicada al estudio de la criminalidad. Para Rivas, es «muy ingenuo» asumir que la pobreza y la desigualdad son los principales factores detrás de la delincuencia, por lo que considera que estos programas pueden mantener a algunos jóvenes en la legalidad, pero nunca van a poder captar a aquellos que ya han dado el paso hacia el crimen.

Los programas sociales también incluyen pensiones y ayudas a madres solteras. No obstante, las medidas tendrán un impacto muy limitado en la reducción de la violencia porque irán destinados a personas que «ni tienen relación con el delito ni la van a tener», según indica Alejandro Hope , reconocido analista de seguridad pública en México, en declaraciones a ABC.

Ninguno de los tres expertos cree que AMLO es el principal responsable de la violencia inicial de 2019, ya que México lleva más de una década registrando elevados niveles de inseguridad. Sin embargo, todos critican las medidas que promovidas por el mandatario. «Creo que el presidente está genuinamente preocupado, pero necesita avanzar en la dirección correcta», opina Roel, de Semáforo Delictivo. En ese aspecto, cree que el Ejecutivo debería enfocarse en acciones como regular la plantación y consumo de marihuana la amapola —usada para obtener heroína— para arrebatar el mercado a las organizaciones de narcotraficantes, por ejemplo. «Si no empiezas por eso, nada va a funcionar», matiza Roel.

Rivas y Hope, por su parte, coinciden en la necesidad de una reforma policial que fortalezca los cuerpos estatales y municipales, acompañado de un incremento significativo de la inversión en fiscalías e investigación para reducir la elevadísima impunidad, puesto que 9 de cada 10 crímenes en México quedan sin castigo. Sin embargo, es más tedioso implementar estas acciones, que prometer que la criminalidad súbitamente desaparecerá con la llegada del nuevo gobierno. «Son procesos largos y burocráticos con los que nadie gana una elección», concluye Hope.