El régimen de Ortega decomisa 200 crucifijos a opositores en Nicaragua

Los afectados, quienes denunciaron la confiscación por redes sociales, afirmaron que las autoridades nicaragüenses no explicaron por qué les decomisaron los crucifijos de madera. Muñoz es una católica laica que se hizo conocida en la cárcel de mujeres La Esperanza por entonar canciones religiosas desde su calabozo, lo que era visto como un acto subversivo por el Gobierno.

El suceso ocurre en medio de una ruptura entre el Gobierno y el catolicismo, porque en 2018 los sacerdotes abrieron las puertas de los templos para salvar la vida de miles de manifestantes, durante ataques armados de policías y paramilitares, que dejaron saldos letales. Mientras las autoridades nicaragüenses confiscaban los crucifijos y un papel que contenía la «Oración de ofrecimiento por Nicaragua», Ortega brindaba una entrevista en la que afirmaba que en el país «hay la más absoluta libertad religiosa» .

En la misma entrevista Ortega, quien sostiene que el rechazo de una aparente mayoría de nicaragüenses contra su Gobierno es un «golpe de Estado fallido», acusó a los manifestantes exiliados en Costa Rica de querer «retomar acciones armadas» , aunque la oposición sostiene que la rebelión es «cívica».

Los denunciantes afirmaron que no fueron arrestado s, pero que los funcionarios los retuvieron durante casi cinco horas y les impidieron tener acceso a alimentos, a pesar de que les explicaron su condición de diabéticos y que no habían comido en 10 horas, desde que salieron de San José.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, rechazó la acción contra los opositores, y denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por lo que calificó de crimen. Muñoz y Morales afirmaron que las autoridades los liberaron, pero sin entregar los crucifijos .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes «de lesa humanidad» en el marco de la crisis, que estalló en abril de 2018. Según la CIDH, al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis , aunque organismos locales cuentan hasta 595 y el Gobierno admite 200.