Un paramilitar en las calles de Monimbo, Nicaragua
Un paramilitar en las calles de Monimbo, Nicaragua - AFP

Claves para entender la crisis de Nicaragua

Tres meses después del inicio de las protestas, el conficto ha dejado 350 muertos y más de 1800 heridos

Carlota Pérez
Actualizado:

Cuando se cumplen tres meses del inicio de las protestas en Nicaragua, que, de momento ha dejado 350 muertos y más de 1.800 heridos, según Human Rights Watch, la OEA exige a Daniel Ortega el adelanto de elecciones a 2019.

El gobierno del matrimonio Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta), cuenta con el apoyo de las fuerzas policiales, las turbas paramilitares y las Juventudes Sandinistas, además de sus aliados socialistas: Cuba y Venezuela.

Estas son las principales claves y fechas para entender el caos que sufre el país centroamericano.

Inicio de las protestas:

El 18 de abril estudiantes, jubilados y empresarios salieron a las calles contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que el presidente Ortega aprobó unilateralmente, por la que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados, con el objetivo de tapar los casos de corrupción multimillonarios.

Al día siguiente, las protestas se extienden a otras ciudades y los antimotines reprimen a los estudiantes, donde mueren tres personas: Dos estudiantes y un policía. Esa misma jornada Ortega ordena el cierre de dos cadenas de televisión independientes y un canal de la Conferencia Episcopal.

Marcha atrás de Ortega

Después del inicio de las protestas, las calles siguen incendiadas. El 22 de abril Daniel Ortega anuncia la retirada de la reforma de la Seguridad Social que en una semana ya había provocado tres decenas de muertos. A pesar de la marcha atrás, aumenta la violencia y Ortega ordenó el despliegue del ejército en ciudades importantes como la capital, Managua.

Un día después, el día del libro, el escritor Sergio Ramírez dedicó su premio Cervantes a «los nicaragüenses asesinados estos días por reclamar justicia».

Fracaso de diálogo

El 18 de mayo, cuando se cumplía un mes del inicio de las protestas, comienza la primera jornada de diálogo con una tregua de 72 horas, que no se cumple y continúa la violencia, por lo que se suspenden las conversaciones.

El papel de la Iglesia es clave en las negociaciones, ya que actúa de mediadora y testigo en la mesa de diálogo, sobre todo, el monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, que se han convertido en símbolos de la protesta nacional y en defensores de los jóvenes que resisten en las calles.

Propuesta a Estados Unidos

El mes de junio se inicia con un giro, Ortega ofrece una propuesta a Estados Unidos para adelantar las elecciones de 2021, para solucionar la crisis.

Pero las protestas siguen en las calles: La patronal convoca una huelga para presionar a Ortega y que ponga fin a la violencia en las calles.

El 15 de junio se vuelve al diálogo y tanto oposición como gobierno deciden invitar a mediadores internacionales para investigar las muertes violentas, pero la violencia continúa y seis miembros de una familia muren calcinados en su casa tras un ataque de grupos parapoliciales, según los testigos.

Dos meses del inicio de la crisis, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pone de manifiesto que la situación en Nicaragua «bien podría merecer» una investigación internacional.

Continua la violencia en julio

El 7 de julio la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos recoge la cifra de 351 muertos, después de que los enfrentamientos en Jintope y en Diriambia dejasen 21 víctimas mortales.

También la Conferencia Episcopal sufre ataques violentos, como el que padeció el cardenal Leopoldo Brenes, y como consecuencia se suspende el diálogo.

Las manifestaciones continúan y piden la dimisión de Ortega, además de otro paro nacional, mientras los sandinistas recrean el repliegue táctico de fuerza de época de Somoza a través de una caravana entre Managua y Masaya.

Presión internacional

Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y trece países latinoamericanos exigen el fin de la violencia policial.

Daniel Ortega hace oídos sordos y un día después, el 17 de julio, más de 1.500 efectivos del ejército, de la policía y parapoliciales asedian la ciudad de Masaya, último bastión contra Ortega.

El 18 de julio la OEA se reunió en sesión permanente y aprobó por 21 votos a favor y tres en contra, entre ellos la propia Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas, y con la ausencia de Bolivia, que se levantó de la sesión, el adelanto de las elecciones en el país centroamericano a 2019.