«El gobierno de Daniel Ortega nos enterró en vida durante medio año y por fin podemos respirar»

Desde su domicilio, entre abrazos y felicitaciones de familiares y amigos a los que no veía desde su detención, Mora denuncia que las autoridades «querían censurar a todos los medios» simplemente por «informar de lo que estaba pasando», pero asegura a ABC que no lo van a callar: «Tenemos un trabajo que hacer y lo vamos a terminar, que es cambiar el gobierno a través de elecciones libres y transparentes para que el pueblo tenga la oportunidad de decidir quiénes son sus nuevos gobernantes, porque este ya fracasó».

Junto a Miguel Mora, fue detenida Lucía Pineda la jefa de prensa (jefa de redacción) de su emisora, llamado 100% Noticias . En total, en los dos últimos días han sido liberadas más de un centenar de personas bajo la citada Ley de Amnistía –50 el lunes y este martes– que fueron detenidas en relación con las protestas contra el Gobierno desde que comenzaron el 18 de abril de 2018.

Entre los excarcelados figuran los líderes estudiantiles Edwin Carcache , Amaya Eva Coppens , Nairobi Olivas y Kevin Espinoza y los dirigentes campesinos Medardo Mairena , Pedro Mena y Orlando Icabalceta . Estos últimos estaban condenados a 216, 210 y 159 años de prisión por un juez afín a Ortega, informa Efe.

Igualmente fueron puestos en libertad el dirigente opositor Cristhian Fajardo y Ricardo Baltodano , hermano de la antigua guerrillera sandinista Mónica Baltodano , hoy opositora.

Las autoridades nicaragüenses colaron entre el medio centenar de excarcelados el pasado lunes un hombre acusado de narcotráfico, Helder Rafael Calero Palma , al que nadie vincula con el movimiento azul y blanco de las protestas, informa el diario nicaragüense « La Prensa ».

Mientras, todavía «quedan 89 presos políticos encerrados en las cárceles de la dictadura», denunciaba ayer el Comité Pro Liberación de Presos Políticos. Tres de ellos están en la lista acordada con la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 15 en la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez incluye a los de la lista «conciliada», indica el citado Comité.

Pese a las liberaciones de los últimos días, los opositores a Daniel Ortega han criticado la Ley de Amnistía por entender que no ofrece justicia a las víctimas de la represión y porque la norma considera las manifestaciones un intento de golpe de Estado. Además, creen que el Gobierno pretende aprovechar para liberar a policías y civiles armados que desbloquearon a la fuerza las calles donde se habían instalado barricadas el pasado año.

Miguel Mora asegura que lo primero que hizo tras su puesta en libertad fue arrodillarse y «dar gracias a Dios, a Nicaragua y a la comunidad internacional, que no nos dejó solos». «Estuve en un aislamiento total, nos enterraron en vida», asegura el periodista, que fue detenido el pasado 21 de diciembre y ha permanecido desde entonces encerrado en un calabozo de dos metros de ancho y tres de largo del Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, en el noreste de Managua. «Hay gente que pasó así un año», asegura.

El día en que arrestaron a Mora y a Lucía Pineda supuestamente por « terrorismo informativo », un dispositivo de unos 150 agentes irrumpieron en en las instalaciones de su canal de televisión y lo cerraron. «Parecía el operativo para capturar el Chapo Guzmán y solo estábamos Lucía, mi mujer y yo», recuerda.

Ahora espera que le devuelvan el medio de comunicación, ya que no está condenado por delito alguno, aunque señala:«Si quieren robarlo, que lo roben; abriré otro canal».

«Nos cerraron, pero nunca nos callaron», afirma por su parte Pineda, que permaneció en prisión el mismo tiempo que Mora, en su caso en el Sistema Penietenciario de Mujeres La Esperanza, también en Tititapa. Fueron meses «muy duros», reconoce, en los que estuvo completamente «aislada» y sin poder «conversar con nadie», únicamente cuando recibía visita cada quince días.

Se agarró a Dios y rezaba tres veces diarias, algo que le «fortalecía» ante su situación, rememora para ABC. Todo fue «por informar de la verdad, de todo lo que ocurría en Nicaragua», señala Lucía Pineda, que tiene doble nacionalidad de Nicaragua y Costa Rica. «Nicarricense», dice con humor. Ya desde abril de 2018 el gobierno había cerrado seis días la emisora y empezó desde entonces a perseguir a sus periodistas. Ahora Pineda espera que les devuelvan el canal y les dejen «trabajar en paz».

En cuanto al futuro de Nicaragua, confía en que «el gobierno recapacite». «Nadie quiere muertos ni censura, la gente quiere que se respeten sus derechos constitucionales y el derecho a la información y al trabajo», apunta esperanzada.