La expulsión de diplomáticos alimenta la escalada de tensión entre España y Bolivia

El escenario es insólito y difícil de explicar. La reacción de Moncloa a la decisión de Bolivia vino acompañada de un comunicado donde «rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los a suntos políticos internos de Bolivia ». Considera las acusaciones del Gobierno boliviano, sobre el presunto intento de colaborar en la fuga de refugiados del Gobierno de Evo Morales en la legación mexicana, una «calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspirativas». Y, por último, «exige que el Gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación entre nuestros dos países».

Prácticamente en simultáneo a la difusión de este comunicado, que matizó otro anterior, en La Paz la ministra de Asuntos Exteriores, Karen Longaric, sorprendía al dar a conocer una conversación con Margarita Robles en la que aseguraba que la ministra le dijo que «desconocía los hechos que habían ocurrido y desautorizaba a los funcionarios que incurrieron en esa ilegalidad» (sic). Asimismo, añadió que la ministra de Defensa en funciones y a cargo de la Cartera de Asuntos Exteriores, le indicó que «además de la sorpresa que han tenido, están disgustados y lamentan que hubiese ocurrido». Estas declaraciones de Longaric al diario «Los Tiempos» resultan contradictorias con el comunicado de Moncloa. Los diplomáticos bolivianos, a los que les conceden 72 horas para abandonar España, son: Luis Quispe Condori, encargado de Negocios; Marcelo Vargas Barral, agregado militar; y Orso Fernando Oblitas Siles, agregado Policial.

El detonante que hizo estallar, tras un ruidoso silencio de tres días, al Gobierno de Pedro Sánchez, fue la comparecencia de la presidenta interina Jeanine Añez. Por la mañana, declaró «personas non gratas» y dio 72 horas para que abandonen Bolivia a María Teresa Mercado, embajadora de México , Cristina Borreguero (encargada de negocios de España) , Álvaro Fernández (cónsul de España) y al grupo de geos que protagonizaron el roce con un grupo de vecinos y varios policías locales, ante la Embajada de México. Los agentes habían actuado como chóferes de Borreguero y de Fernández. El incidente se produjo cuando se encontraban en los vehículos, con matrículas diplomáticas y fueron descubiertos por un grupito de vecinos. Estos les increparon, golpearon a patadas los coches y fue entonces cuando decidieron, para evitar altercados, salir de la zona. Según fuentes oficiales, se cubrieron la mitad del rostro porque así lo exige el protocolo. El motivo es evitar que sean reconocidos y puedan ser, como ha ocurrido en otras ocasiones, víctimas de agresiones en la calle cuando no están de servicio.

En su intervención, la presidenta interina fue implacable: «Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del Gobierno de Bolivia». «La conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y a los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias», como las mencionadas. Añez se refirió a los geos como el «grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados».

El Ejecutivo boliviano mantiene la teoría de que detrás de aquel episodio, se ocultaba la intención de sacar de forma «clandestina» a alguno de los miembros del Gobierno de Evo Morales que se refugiaron en la legación diplomática, tras la renuncia de éste y su posterior huida. El mayor interés, según su hipótesis, estaría centrado en Juan Ramón Quintan a, exministro de la Presidencia, exembajador en Cuba y hombre de máxima confianza de Evo Morales. Ambos están acusados de sedición y terrorismo y pesa sobre ellos una orden de busca y captura. Sobre Quintana, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo volvió a recordar -y rechazar- las peticiones de la Embajadora de México al Gobierno para que le permitieran salir de Bolivia: «No va a tener nunca salvoconducto. Lo tiene a la cárcel de Chonchocoro. Es el único que está listo… Un delincuente no puede tener salvoconducto», insistió. Con Quintana son 9 los prófugos de la justicia boliviana asilados en la legación diplomática.

Murillo también cargó contra el Gobierno de Sánchez al advertir que no permitirá que ningún extranjero entre al país «a tratarnos como una colonia». Por su parte, la titular de Exteriores, Karen Longaric , aseguró: «Ningún país del mundo podría tolerar lo que ha ocurrido». A renglón seguido dijo que, en casos como el mencionado, «la Convención de Viena faculta al Estado anfitrión a declarar persona no grata a aquellos diplomáticos que contravinieran las normas de las propias convenciones».