Los demócratas piden que se juzgue a Assange por su injerencia en la campaña de Clinton

Assange, que fue detenido en Londres el jueves después de que el Gobierno de Ecuador le retirara el asilo, se enfrenta primero a un juicio en Reino Unido por romper las condiciones de la libertad condicional en 2012. La fiscalía norteamericana ha pedido su extradición para juzgarle por un delito de robo de información clasificada, cuya pena máxima es de cinco años. Una de las mujeres que en 2010 le acusaron de agresión sexual en Suecia también quiere que se reabra este caso.

Hillary Clinton, a cuya campaña le fueron robados correos electrónicos que en 2016 publicó WikiLeaks, dijo ayer en una conferencia en Nueva York que espera que Assange «rinda cuentas por lo que ha hecho». «Este no es un caso sobre libertad de prensa, sino sobre cómo el señor Assange ayudó a la infiltración en un ordenador del Ejército para robar información del gobierno de Estados Unidos», añadió. Clinton era secretaria de Estado (ministra de Exteriores) cuando se produjo aquel robo de información. El soldado que facilitó los documentos a Assange, Bradley Manning (hoy Chelsea), fue condenado a 35 años de prisión por ello en un consejo de guerra.

Según asegura el líder de los demócratas en el comité de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, «en años recientes WikiLeaks ha desempeñado un papel destructivo al interferir en las elecciones democráticas y referendos en todo el mundo, y lo más preocupante de ello es la colaboración de WikiLeaks con Rusia para interferir directamente en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016».

Hace un año el equipo de Menéndez presentó un informe en el Senado en el que acusaba a Assange de asistir las labores de propaganda del Kremlin en todo el mundo, incluida España durante la crisis del referéndum de independencia catalán de 2017: «Las agencias de noticias rusas, junto con usuarios de Twitter, promovieron de forma repetida las ideas de Julian Assange que en redes sociales instaba a las autoridades españolas a cumplir el resultado del referéndum».

Los demócratas y republicanos en el Capitolio esperarán a tomar una decisión sobre Assange a que les llegue, finalmente, el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El fiscal general (ministro de Justicia) William Barr está revisando el texto para borrar los datos críticos para la seguridad nacional, pero su equipo calcula que el informe llegará a los diputados y senadores en unos días. Lo que estos ya saben, porque Barr se lo ha adelantado, es que Mueller, que exonera a Donald Trump, acusa a Assange y a WikiLeaks de ser instrumentos al servicio del Kremlin en su guerra de desinformación contra Europa y EE.UU.

Por lo que ha revelado la Casa Blanca del informe, a manos de Assange llegaron correos robados por «hackers» rusos en dos tandas: primero a la presidenta del Partido Demócrata, Debbie Wasserman Schultz; y después al jefe de campaña de Clinton, John Podesta. WikiLeaks los publicó a lo largo de la campaña electoral, revelando luchas internas y detalles poco favorecedores sobre la candidata demócrata.

Aunque Trump llegó a alabar la labor de Assange hasta 141 veces durante la campaña electoral de 2016, ahora ha dicho que no tiene intención alguna de inmiscuirse en ese caso, mucho menos considerar un indulto como el que sí recibió por parte de Barack Obama el soldado Manning.

Según dijeron ayer a este diario fuentes de la diplomacia de Ecuador, el presidente de ese país, Lenín Moreno, notificó a las autoridades de EE.UU. hace más de dos meses que había tomado la decisión de terminar el asilo de Assange, sobre todo después de que WikiLeaks publicara una serie de documentos secretos sobre un enfrentamiento ocurrido en 2017 entre el Papa Francisco y el cardenal norteamericano Raymond Burke sobre la gestión de la Orden de Malta, después de que un brazo de esta hubiera aceptado la distribución de anticonceptivos que podían emplearse también como abortivos.

La fiscalía norteamericana, que llevaba años preparando la denuncia, la presentó finalmente el 6 de marzo en un juzgado de Alexandria, a las afueras de Washington. Avisado esta semana del inminente arresto, el ministerio de Justicia norteamericano pidió inmediatamente la extradición del detenido.

La fiscalía decidió denunciar a Assange por el robo de información clasificada, no por sus filtraciones, para facilitar su extradición. Ese caso no compete a su libertad de expresión o su derecho a publicar documentos gubernamentales que sean de interés general. Una vez esté en EE.UU., la fiscalía es libre de denunciarle por otros delitos.