Cuba blinda el este de la isla para evitar un éxodo masivo a través de Guantánamo

Residentes de esta oriental provincia cubana, la más azotada por el agravamiento de la actual crisis financiera que atraviesa la isla, supusieron que este despliegue policial y militar tenía como propósito disuadir de cualquier manifestación de protesta masiva previa al referendo, similar a la acontecida esa misma tarde en las calles de La Habana. Sin embargo, el jurista independiente Roberto Jesús Quiñones, quien regresaba desde la provincia de Cienfuegos por la noche, informó de que en el autobús que cubre la ruta entre ambas provincias, efectivos de las FAR conocidos como «boinas negras» no permitieron el acceso a los ciudadanos no residentes en Guantánamo.

En la mañana del domingo, vecinos de Caimanera confirmarían a Quiñones que, desde dos días antes, «el poblado estaba tomado militarmente y alrededor de 150 personas se encontraban detenidas en la unidad de policía del municipio, quienes fueron apresados luego de burlar el sistema de control de pases establecido».

Las causas de la militarización se debieron a rumores de que el Gobierno de los Estados Unidos permitiría el acceso a la Base Naval norteamericana de Guantánamo , situada justo al lado de Caimanera, a todos los ciudadanos cubanos que quisieran emigrar.

Ángel Miguel, seudónimo de un vecino de esta localidad que por temor a represalias pidió no ser identificado con su nombre real, confirmó que la oleada de jóvenes procedentes de distintos territorios del país para intentar acceder a la provincia no se ha detenido. «Todos los días Caimanera amanece con noticias de personas arrestadas intentado burlar el cerco militar para llegar hasta la Base Naval, y también continúa la restricción de acceso a toda la provincia para aquellos que no sean residentes», aseguró Ángel Miguel, quien además confirmó que había sido contactado por al menos tres periodistas independientes que tenían intención de llegar hasta el territorio con el propósito de cubrir la noticia in situ.

«Pero ninguno pudo lograr entrar a Guantánamo. Me llamaron para decirme que, en el punto de control de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) en la autopista, a la entrada de la ciudad, les negaron el acceso después de comprobar sus nombres en un listado», hecho que confirma la intención del régimen de prohibir a los medios de prensa independientes corroborar la veracidad sobre un posible éxodo masivo de cubanos hacia la Base Naval.

Miembros de organizaciones opositoras en Guantánamo, como la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y la Alianza Democrática Oriental (ADO) coincidieron en que el hostigamiento contra los activistas también se acrecentó desde finales del mes de febrero.

Resulta sumamente llamativo que el régimen cubano, un mes después de militarizar la zona de Caimanera y extender el bloqueo a toda la provincia de Guantánamo, no haya desmentido los rumores atribuidos a los anuncios de una emisora extranjera. Para un régimen que a lo largo de seis décadas se ha caracterizado, en su agenda y retórica políticas, por acusar a Washington de estimular la emigración cubana , ha decidido guardar silencio sobre un inminente éxodo masivo en perjuicio de los ciudadanos de la isla.

Con este elocuente silencio, «el Gobierno cubano, además de intentar negar la ocurrencia de un éxodo masivo, pretende ocultar los hechos tras un rejuego con el Código Penal», señaló Martha Amelia, abogada guantanamera que accedió a ofrecer testimonio bajo seudónimo.

Esta abogada, vecina de otra zona fuertemente militarizada en la provincia, Hatibonico, refirió que «la mayoría de los ciudadanos que han sido arrestados –jóvenes en su totalidad– están siendo juzgados por penetrar en zonas militares y no por intento de salida ilegal del país».

Tal es el caso de los catorce jóvenes que actualmente permanecen en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario en Guantánamo, acusados de «violar el perímetro de seguridad» y de «desobediencia».

Argelio Lechuga, Yorie Céspedes, Daniel Manuel Estrada Gorra, Rafael Vadari Sánchez Ruíz, residentes en Guantánamo; Roinel Espinosa y Adonis Domínguez, de Holguín; Amari Martínez, Yordanis Ramírez, Yasiel Galván, Aniel Martel, Lázaro Valdez, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García y Yasmani Marcelino Mendoza, de Cienfuegos, son los nombres de los jóvenes encarcelados.

El Código Penal cubano sanciona la «salida ilegal del territorio nacional», en sus artículos 216 y 217, con penas de hasta tres años de cárcel para aquel que, «sin cumplir las formalidades legales, salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional», y de hasta cinco años para el que «organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del territorio nacional».

Yulieth Yero y Lisbeth Téllez, esposas de Rafael y Daniel Manuel respectivamente, relataron que sus esposos habían logrado llegar hasta la Base Naval, donde fueron atendidos por las autoridades militares estadounidense, quienes les proveyeron, antes de ser devueltos al territorio cubano, de un salvoconducto con la petición de no detener a los portadores y, según los acuerdos migratorios vigentes, fueran entrevistados por funciones consulares estadounidenses. Ambos jóvenes fueron despojados de los salvoconductos y encerrados en prisión preventiva para ser procesados penalmente.

El testimonio de familiares de los jóvenes cienfuegueros Jesús Miguel Aguilar y Aniel Martel reveló que sus hijos han sido amenazados para que no denuncien las palizas que han recibido desde su arresto y posterior encarcelamiento .

«Quieren hacer de nuestros hijos un caso ejemplarizante, para asustar a otros jóvenes y evitar que se sientan estimulados ante rumores similares en el futuro. Si el Gobierno cubano hubiese desmentido el rumor a tiempo, no estarían siendo juzgados», concluyó Edil Aníbal Martel, padre de Aniel.