La Asamblea de Venezuela acusa a Maduro de dar un golpe de Estado institucional

En su sentencia 156, calificada de «ilegal, arbitraria e inconstitucional» por juristas como Allan Brewer Carías, la Sala Constitucional del TS toma las riendas del Legislativo y de un plumazo elimina la inmunidad de los diputados. También plantea emplear la Ley Marcial contra los civiles en caso de «conmoción nacional», decisión que favorecería la posterior declaración del estado de sitio y toque de queda.

La alianza opositora de la MUD declaró que no asume la sentencia del TS, que ya eliminó antes la inmunidad de los parlamentarios. «Marca un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana», denunció. La MUD «ratifica su pleno apoyo a las acciones constitucionales y soberanas de la AN que aprobó el llamamiento de la comunidad internacional para que Venezuela realice elecciones».

Como medida de protesta, Perú retiró a su embajador por lo que consideró una «decisión inaceptable». El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un «autogolpe». El canciller mexicano, Luis Videgaray , mostró la preocupación de su Gobierno por lo que considera un «deterioro del orden democrático. El Gobierno de Chile expresó su «alta preocupación». Y el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, señaló que «no es una decisión tranquilizadora».

Algunos diputados venezolanos calificaron la sentencia de «fujimorazo» por parte de Maduro con el fin de consolidar la dictadura chavista. Esta decisión representa la gota que ha colmado el vaso de la escalada de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo desde que la nueva Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, tomó posesión en enero de 2016.

El Tribunal Supremo de Justicia es el brazo jurídico de Maduro y se ha dedicado a boicotear todas las decisiones emanadas del Parlamento, dictando más de 40 sentencias contra todos los actos legislativos emitidos por los representantes de la soberanía popular en los últimos 15 meses.

Los diputados, en su gran mayoría, han repudiado el golpe chavista. Juan Miguel Matheus , de Primero Justicia, dijo que frente a la ficción jurídica y arbitraria del supremo tribunal está «el pueblo de Venezuela y la Asamblea Nacional como representantes del poder real». Y consideró que la sentencia es una clara usurpación de funciones. «Los magistrados firmantes de la ponencia deben asumir responsabilidades penales por ser los verdugos de la Constitución».

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, instó a la desobediencia civil bajo los artículos 333 y 350 de la Constitución: «Que esta sentencia sea el despertar para movilizar a la sociedad en defensa de la Constitución porque el usurpador es el Tribunal Supremo». Guevara cree que Maduro se ha quitado la careta: «Esta sentencia marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere de todos nosotros, pueblo, organizaciones de la sociedad civil, partidos y sobre todo los diputados, para iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia democrática para recuperar el terreno perdido». Asimismo, denunció que el Supremo no solo anuló las acciones de la Asamblea, sino que usurpó todas sus competencias.

Desde hace 60 años Venezuela no había sufrido un golpe contra uno de sus poderes o instituciones como el de ayer. El dictador Marcos Pérez Jiménez , que tenía todos los poderes sometidos a su antojo, convocó un plebiscito para consolidarse en el poder, pero con unos resultados electorales adversos, aunados a la rebelión de estudiantes y los oficiales de la fuerza aérea, tuvo que huir de Caracas a toda prisa en un avión, apodado «la vaca sagrada», el 23 de enero de 1958.