Las autoridades rusas acusan de piratería a dos miembros de Greenpeace

En Rusia los delitos de piratería están castigados con penas de entre cinco y quince años de prisión. Los dos encausados son un brasileño y un cámara de vídeo británico, del total de 30 personas que fueron detenidas a finales del pasado mes de septiembre por protagonizar un acto de protesta junto a la plataforma petrolera de Prirazlomnaya, en el Ártico ruso.

El Comité de Investigación ruso, organismo estatal responsable de la investigación de delitos graves, informó el pasado 24 de septiembre de que había abierto una investigación por piratería contra los detenidos. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, admitió al día siguiente que los activistas no deberían enfrentarse a cargos de piratería, pero advirtió de que sí habían «violado el Derecho Internacional».

Al respecto, Amnistía Internacional ha recordado que el Derecho Internacional define la piratería como «todo acto ilegal de violencia o de detención, o todo acto de depredación cometido con un propósito personal».

La l egislación penal rusa define la piratería como «la captura de otro barco y el uso, o la amenaza de uso, de la violencia». La sección rusa del grupo ecologista ha declarado que «Greenpeace es una organización no violenta» y que sus activistas son «los únicos que arriesgan su salud y su vida en este tipo de acciones».

Asimismo, ha informado de que los miembros de Greenpeace reciben una formación especializada antes de participar en actos de este tipo en la que «aprenden a comportarse sin recurrir a la violencia, a excluir cualquier tipo de amenaza y a impedir riesgos para terceras personas».