De la suspensión de juicios al bloqueo de las pensiones de alimentos: los efectos de la huelga de los letrados de Justicia

España cuenta con más de 4.000 letrados judiciales que intervienen en multitud de trámites desde el principio hasta el final de los procedimientos. Son los directores de la oficina judicial y acumulan múltiples funciones que van desde la gestión y organización de documentos, entre los que destacan los autos y expedientes de las resoluciones judiciales que dictan magistrados y jueces hasta la expedición de certificaciones. Sobre ellos recae el ejercicio -«con exclusividad y plenitud»- de la fe pública, es decir, son los encargados de dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales a través de actas y diligencias.

También se ocupan de tareas relacionadas con los procedimientos matrimoniales, conciliación y mediación, y gestionan aspectos como la colaboración entre comunidades autónomas o la autorización y documentación del otorgamiento de poderes para pleitos. Son tantos los pasos en los que intervienen que el resultado de no contar con su pleno trabajo en el día a día se traduce en la parálisis de la Justicia.

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Más de 160.000 juicios y vistas ya han sido suspendidas, y las declaraciones de imputados en causas han tenido que ser pospuestas. Pasó el pasado 7 de febrero, cuando las declaraciones de tres imputados en el 'caso Acuamed' tuvieron que ser reagendadas debido a la huelga de los letrados judiciales. La situación no mejora en el Tribunal Supremo, donde la mayoría está siguiendo la huelga y el registro general está cerrado.

Por otro lado, más de 130.000 demandas se encuentran paralizadas pendientes de reparto o sin admitir a trámite, y se han dejado en estos días de hacer más de 2 millones de notificaciones telemáticas sobre procedimientos judiciales. Asuntos tan comunes en los juzgados las bodas o los divorcios también se están viendo afectados, llegando a ser retrasados o suspendidos.

Otra de las principales consecuencias de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia es que la cuenta de consignaciones judiciales está bloqueada. En total, hay más de 535 millones de euros pendientes de entregar, lo que se traduce directamente en pagos que no se están solventado. Tanto la Administración pública como el ciudadano no está recibiendo el dinero que le corresponde. Multas y depósitos no están siendo pagados al Tesoro Público, por ejemplo, e indemnizaciones, deudas o pensiones de alimentos, viudedad o por invalidez no se están resolviendo en beneficio de los particulares.

La reunión «fallida» celebrada entre el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga de los LAJ, que finalizó sin acuerdo, no hace más que postergar la situación de parálisis que padece la Justicia. Es por lo que el propio comité de huelga en un comunicado publicado este viernes pidió «un ejercicio de responsabilidad» a los letrados judiciales para evitar «el perjuicio» sobre los ciudadanos.

Horas después de expresar tras la reunión que «los únicos responsables del tremendo daño que se está causando a la población española y a los operadores jurídicos» eran el Ministerio de Justicia, el comité de huelga recomendó a los LAJ que «se expidan los mandamientos de pago o transferencias en relación a las pensiones de alimentos de menores» y que también «se celebren las bodas en los registros civiles».

Manifiestan «su compromiso» para evitar que sea el ciudadano quien padezca los efectos de la huelga. Por ello, también recomiendan «intentar en la medida de los posible» avisar «de las previsibles suspensiones» para «evitar desplazamientos innecesarios» de los implicados.

Esta última recomendación emitida desde el comité de huelga responde precisamente a una petición del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, quien instó a comunicar «previamente, en todos aquellos casos que resulte posible», las previsibles suspensiones de cualquier tipo de acto procesal que no vaya a tener lugar por razón de la huelga convocada. «Hay que ser muy conscientes de que esta huelga también tiene un efecto perverso, con miles de profesionales y ciudadanos que, de conocer la previsible suspensión, hubieran evitado esos desplazamientos y esos gastos que conllevan, tan elevados en muchísimas ocasiones», afirmó.