La relación de Begoña Gómez con empresas estratégicas evidencia la falta de regulación

España no cuenta con ninguna legislación al respecto. El único límite a las relaciones laborales del cónyuge del jefe del Ejecutivo es el que impone, al propio presidente de turno, la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado respecto a los conflictos de intereses que puedan surgirle con familiares.

Catedráticos de Derecho consultados por ABC ven deseable legislar al respecto o, al menos, establecer unas recomendaciones a la vista de los últimos acontecimientos. Faustino Martínez Martínez, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), afirma que, puesto que los límites no están previstos en la legislación, «todo depende del carácter de la mujer, del carácter del marido y del contexto».

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Haciendo un repaso por la historia de la democracia resultante de la transición, el experto afirma que «nadie se acuerda de Amparo Illana, la mujer de Adolfo Suárez, porque el contexto era el que era. Entonces, la mujer tenía un papel absolutamente familiar. La situación cambió con Felipe González, porque su mujer era diputada por Cádiz entre 1989 y 2004, aunque también era una persona formada y discreta. Ana Botella también acabó en política pero con Aznar fuera de la presidencia, no discurrieron a la par las carreras políticas de ambos. Con Rajoy se volvió a la situación anterior de un segundo plano. Poca gente pone cara a su mujer, Elvira Fernández, porque no aparecía». Ahora, considera que la situación de Begoña Gómez «es un caso distinto, porque a partir de un vacío legal, cabe todo».

«El problema es el conflicto de intereses y que el Consejo de Ministros que preside el marido de Begoña Gómez tiene que tomar decisiones que afectan directamente a asuntos en los que ella está comprometida. Ahí hay una obligación de abstención que no se produce. Yo en la universidad no puedo decidir en un asunto en el que esté mi mujer, por ejemplo. Y a veces nos olvidamos de que el Gobierno es un órgano administrativo que tiene actuar conforme al procedimiento administrativo mínimo exigible. Eso es lo que falla en estos casos», reflexiona Martínez, quien considera que «aunque legalmente no sea sancionable, éticamente el marido o la mujer tiene que echarse a un lado. Visto lo visto, sería necesario que hubiera una legislación al respecto. Sobre todo, para delimitar lo que puede hacer y lo que no. Una cosa son los viajes con el presidente, que haga marca España y represente la normalidad, y otra los territorios más confusos, que es preferible que estén clarificados para garantizar que se está lo más alejado posible de conflictos de intereses».

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El foco mediático se pone en Globalia y la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, ex consejero delegado del grupo turístico e hijo de su fundador, porque ambos se reunieron en 2020 con Víctor de Aldama, investigado en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de organización criminal, trafico de influencias, cohecho, blanqueo y contra la hacienda pública.

El juez Ismael Moreno investiga adjudicaciones de contratos de provisión de material sanitario durante la pandemia desde los ministerios de Transportes e Interior a la empresa Soluciones de Gestión, de Juan Carlos Cueto, para quien Aldama hacía de intermediario y comisionista de los contratos. De Aldama, por otro lado, tenía una relación comercial con Globalia. Dicha compañía, precisamente, firmó un acuerdo de patrocinio con el Africa Center del Instituto de Empresa (IE) cuando lo dirigía Begoña Gómez. Desde IE University trasladaron a este diario que dicho patrocinio se firmó pero «no se llegó a ejecutar porque llegó la pandemia y cambiaron las circunstancias».

Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Córdoba y director de la cátedra Unesco sobre resolución de conflictos, recuerda, al hilo del papel del cónyuge del presidente del Gobierno y la falta de límites a su actividad en España, que en Estados Unidos «hay un papel institucional, regulado y recogido en una agenda que es pública y tiene una serie de prerrogativas para utilizar los recursos del Estado como la oficina, la secretaria o los vehículos oficiales, lo que tiene que ver con el carácter representativo e institucional. La esposa del presidente o el marido de la presidenta no puede disponer de medios más allá de los que vayan íntimamente vinculados al propio desarrollo de la actividad del presidente».

En España, en cambio, insiste en que «lo único que limita la actividad empresarial del cónyuge del presidente o presidenta es lo que se derive de la incompatibilidad regulada en la legislación administrativa. A cambio de que el Estado de Derecho no regula un papel institucional ni establece un límite a las funciones que pueda desarrollar la esposa o el marido del presidente o presidenta, él puede desarrollar su actividad mercantil privada de la manera que quiera. Ahora, entrando en el plano de la valoración ética o moral, apliquemos el dicho clásico de que la mujer del César no sólo tiene que serlo, sino parecerlo. Pero eso ya no pertenece al mundo del Derecho».

El catedrático repara en que «en nuestro modelo institucional nadie en ningún momento pensó en esto. Mientras en el caso de la Reina o del Rey consorte, aunque tampoco está especialmente determinada, sí que hay una agenda y unos recursos de la Casa del Rey para desarrollarla, en el caso del presidente del Gobierno no se reguló. ¿Sería deseable? Quizá sí, con la experiencia de estos años, no estaría de más que se regulara ese papel, porque, qué duda cabe de que presentarse con el aval de tener una relación familiar con un altísimo cargo de la administración abre puertas o facilita determinadas actuaciones».