PP y Vox cierran la Oficina Anticorrupción de Armengol dirigida por un ex alto cargo del PSOE

La nueva ley dará carácter parcialmente reservado a las declaraciones de bienes de los cargos políticos, que hasta ahora eran públicas. Además, se creará un registro con las declaraciones, que dependerá del Parlamento balear, y las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. La próxima publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares implica la destitución inmediata del director de la Oficina.

La eliminación de este ente, dotado con 1,5 millones de euros anuales, era un compromiso electoral del PP y Vox, que habían denunciaron en reiteradas ocasiones la parcialidad en los casos de corrupción que afectaban al ejecutivo de la actual presidenta del Congreso.

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Mayte Amorós

La Oficina no vio irregularidades en la compra de las mascarillas a la trama de Koldo, ni actuó ante los abusos sexuales de menores tuteladas, dio carpetazo a la vacunación de altos cargos del PSOE y se puso de perfil con la noche de copas de la expresidenta Armengol en plena pandemia.

El PSOE balear ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar «por venganza» y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares».

La Conselleria de Presidencia custodiará los expedientes que están en tramitación, aunque el texto ya avisa de que se declarará la caducidad de los procedimientos en curso que superen el plazo de seis meses o un máximo de nueve para los que estén prorrogados, a contar desde el inicio de las actuaciones y procediendo al archivo.

Toda la oposición ha coincidido en calificar la norma como una «chapuza» y en alertar del desamparo en el que quedan los ciudadanos al eliminarse la garantía del anonimato, de la falta de personal del organismo encargado ahora de custodiar y tramitar expedientes y del hecho de que las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos ya no serán accesibles.

El diputado del PP Mauricio Rovira, que ha apoyado la eliminación de la Oficina, ha criticado que el PSIB emplee «casos de corrupción de hace muchos años» para atacar al PP y defender lo que ha llamado una «oficina socialista de persecución de la oposición». El 'popular' ha asegurado que las declaraciones de bienes y actividades seguirán siendo «obligatorias y accesibles».

El diputado del PP también ha recordado, recurriendo a la ironía, que la Oficina «no fue especialmente brillante» en materia de prevención en relación con el caso Koldo y la compra de mascarillas, según recoge Europa Press.

«Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad», ha señalado.

Rovira ha defendido la aprobación de la ley para lograr una administración más sostenible y eficiente que controle los cargos públicos, pero evitando el gasto actual. Cabe recordar que los Presupuestos autonómicos de este año ya contemplan destinar a la Oficina una partida de 50.000 euros lejos de los 1,5 millones destinados anteriormente.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reiterado las críticas de «duplicidad, ineficacia y parcialidad» de la Oficina Anticorrupción y ha asegurado que su deseo hubiera sido emplear la figura del decreto para cerrarla «en el primer minuto».

Rodríguez considera que la Oficina demostró con sus actos y omisiones «que estaba creada para no ver la viga en el ojo de la izquierda y buscar la paja en el ojo ajeno». Ha defendido el cierre como un «mandato democrático» y ha afirmado que «el PSOE hablando de lucha contra la corrupción es Hitler hablando de prosemitismo».

La diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha calificado la proposición de «chapuza con un gran agujero negro» en referencia a la falta de ética, transparencia y buen gobierno. «El PP de la gran corrupción sistémica elimina la Oficina. Volvemos al modo bote de colacao y las mordidas», ha afirmado.

Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia, por parte del Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, unos 200.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha alertado de que la norma pone en riesgo los derechos y la confianza de los ciudadanos que acudieron en su día a la Oficina. El menorquinista ha advertido igualmente que la ley entrará en vigor sin contar con personal para hacerla aplicar.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, que ha señalado que los ciudadanos quedan ahora «desamparados» y con sus datos personales «en manos de los políticos».

El todavía director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Tòfol Milan, quien ha presenciado la votación en el pleno, ha negado que el organismo haya sido un instrumento político. «Lo niego rotundamente. Nunca ningún funcionario ha tenido instrucciones respecto a expedientes ni se ha dirigido ninguna investigación de ningún tipo de expediente», ha agregado.

Preguntado por los medios por los más de 200 expedientes que se quedan pendientes con el cierre de la Oficina, Milán ha indicado que «se tienen que enviar a la Inspección General de Servicios» y, ahí, «se decidirá su futuro».

«Según ellos, se tienen que remitir a la administración competente. Esto ya le corresponde al Govern decir qué se tiene que hacer», ha señalado.

Para finalizar, Milan ha advertido que el cierre del organismo implicará, por un lado, que toda la información recogida en la Oficina deje de poder ser consultada o que los ciudadanos no puedan ya presentar una denuncia de forma anónima.