El Gobierno de Baleares alega que la empresa de la trama de Koldo no tenía «solvencia» y le reclama 3,7 millones por las mascarillas defectuosas

El actual director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut), Javier Ureña (PP), ha notificado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, S.L, el inicio de esta nueva reclamación administrativa por valor de 3,7 millones de euros, y no por los 2,6 como proponía el anterior gobierno de Armengol. Este cómputo beneficiaba a la empresa de la trama de Koldo, ya que se basaba en reclamar la diferencia de precio entre la mascarilla FFP2 pagada y la quirúrgica que se recibió, pese a que fue un lote inservible.

La nueva reclamación abre un nuevo procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato ante las pocas esperanzas de que la reclamación actual prosperase, ya que el ejecutivo de Armengol mostró su conformidad con el material proporcionado por la empresa de la trama de Koldo García, pese a saber desde el primer momento que no cumplía el mínimo de calidad exigida para proteger al personal sanitario, tal y como certificó un informe del Centro Nacional de Medios de Protección, que afirmaba que las mascarillas adquiridas no cumplían con los requisitos técnicos.

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Soluciones de Gestión se aferra al documento de conformidad del subdirector de compras de Armengol para no devolver el importe defraudado a la Comunidad Autónoma, alegando que la reclamación es «extemporánea».

Por tanto, el IB-Salut ha decidido resolver el desistimiento del procedimiento que estaba abierto por incumplimiento parcial. Ureña ha informado de que esta misma mañana se ha notificado a la empresa, tanto la revisión de oficio como del desistimiento de la reclamación de los 2,6. El plazo de esta nueva reclamación será de seis meses. La empresa tiene diez días hábiles para presentar las alegaciones y acceder al expediente administrativo.

De acuerdo con el análisis del expediente, el Servicio de Salud considera que existen elementos suficientes para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato, de ahí que sea necesario desistir del procedimiento que estaba abierto e iniciar uno nuevo de revisión de oficio y reclamar la totalidad de los 3,7 millones de euros.

La nueva vía administrativa que ha abierto el Servicio de Salud se fundamenta en la falta de capacidad para contratar el suministro de este contrato puesto que el objeto social de la empresa no contemplaba la compra de las mascarillas. Además, alega una falta de solvencia económica y de solvencia técnica de la empresa.

Esta nueva vía administrativa se suma a la vía penal, que permanece abierta. En los próximos días, el Servicio de Salud, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, justificará ante el magistrado de la Audiencia Nacional que existen «motivos claros y suficientes» para personarse y reclamar la totalidad del importe del contrato de compra, «atendiendo al perjuicio que sufre el Gobierno de Baleares y, por tanto, sus ciudadanos».