La Moncloa justifica con bulos su ley de etarras y el varapalo a Begoña Gómez

De ninguno de los dos asuntos habló en su intervención inicial Alegría, a la que acompañó en su rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero en el turno de preguntas -como siempre de cinco palabras concedidas, un escueto número por el que los profesionales de la información ya han mostrado varias veces su malestar- la también ministra de Educación y Deportes dio rienda suelta a un argumentario construido sobre varios bulos, imprecisiones y medias verdades. Justo después de presumir de que «ahora les voy a explicar a todos ustedes, y a todos los españoles que nos están escuchando, la verdad de este proyecto de ley», enfatizó.

Alegría aseguró que el Consejo de Estado, se pronunció en diciembre de 2023 -cuando en realidad quería decir de 2013- sobre la norma que permitirá rebajar considerablemente las condenas de esos etarras. Incorrecto para cualquiera de las dos fechas, pues sólo lo hizo sobre la propuesta de trasposición de la directiva europea, pero no sobre los retoques decisivos que hizo después el Gobierno de Rajoy y menos sobre su actual trámite parlamentario, en el que mediante enmiendas introducidas por Sumar -y respaldadas por todos los grupos parlamentarios, en lo que PP y Vox ya admiten como un error- se eliminó una disposición adicional que evitaba, mediante un límite temporal, que los etarras pudieran beneficiarse descontando su tiempo de prisión en Francia, como ahora harán. Se le recordó este particular en una de las preguntas, pero la portavoz decidió hacer caso omiso.

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También afirmó que el texto ahora aprobado es el mismo -«idéntico literalmente», llegó a decir- al que dio luz verde en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy. Incorrecto, porque fue el propio PP el que añadió esa disposición adicional en el Senado ahora enmendada.

Se le preguntó también por el comunicado del Ministerio del Interior en 2022 a las asociaciones de víctimas del terrorismo, asegurándoles que la transposición de esa directiva europea sobre intercambio de información y antecedentes no afectaría a las condenas de los miembros de ETA. Nada dijo tampoco ante la evidencia de un nuevo cambio de criterio del Ejecutivo. Por el contrario, su intervención volvió a estar plagada de ataques a la oposición y muy en concreto al PP, al que acusó de «utilizar de manera partidista el terrorismo» para, aseveró, «tapar su falta de propuestas, de proyecto y de liderazgo», en alusión a Alberto Núñez Feijóo. «¡Que lo dejen ya!», clamó en varias ocasiones, reiterando una y otra vez que «ETA terminó hace trece años» y que eso fue «una victoria de toda la sociedad española y de la democracia en nuestro país».

Alegría, en su parlamento ante los medios, evitó decir si el Gobierno, pese a todo, avala las consecuencias de esta reforma, por la que las asociaciones de víctimas de ETA ya han puesto el grito en el cielo. O si aceptaba las propuestas del PP y Vox para detener, aun 'in extremis', la modificación legislativa. Fuentes del Gobierno, en cambio, dejan claro que no habrá actuación alguna o, lo que es lo mismo, que se da por amortizado lo que terminará ocurriendo. Aunque tanto Alegría como otros ministros, como el de Presidencia y Justicia Félix Bolaños, ya por la tarde durante el pleno en el Senado, evitaron afirmarlo así.

La misma línea de actuación siguió la también titular de Educación y Deportes en lo referente a la resolución del lunes de la Audiencia Provincial de Madrid, que avala la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, aun acotando el ámbito de la misma a lo relativo a los contratos y la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. La misma institución que el lunes canceló el último máster dirigido por Gómez, en el que se habían matriculado apenas cuatro alumnos.

Alegría, que sólo una semana antes había acusado al juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, de estar «pedaleando en la nada», volvió a vaticinar el archivo de la causa y se enredó en una glosa del escrito de la Audiencia de Madrid de nuevo con claras incorrecciones. Afirmó, por ejemplo, que calificaba de «prospectiva» la actuación del juez Peinado, justo como sostienen el Gobierno y la defensa de Gómez, de la que se encarga el exministro del Interior Antonio Camacho. Pero lo dicho por esa Audiencia Provincial es justo lo contrario: que no ha existido dicha investigación supuestamente prospectiva. Algo que argumenta por extenso en estos términos: «Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación».

Igualmente, Alegría argumentó que la Audiencia Provincial «acota, al juez Peinado en este caso, al mínimo el ámbito de actuación», a pesar de que en realidad ha avalado que siga investigando sobre la cátedra y el software de Begoña Gómez o los contratos de Barrabés y le ha instando a que aparque sólo lo referente a Globalia. Al mismo tiempo, Alegría blasonó de que «la Audiencia valida los informes de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, que son los informes que claramente han dicho, desde el primer momento, que no hay ninguna irregularidad». Por el contrario, la Audiencia Provincial afirma que «no es del todo cierto» que no haya indicios de delito en la conducta de Begoña Gómez, puesto que la UCO encontró que la empresa de Barrabés, el empresario con el que se reunieron Gómez y Sánchez en la Moncloa, había facturado más de 20 millones de euros en contratos públicos mientras «despegaba» la carrera de la esposa del jefe del Ejecutivo, que llegó a codirigir una cátedra extraordinaria y dos máster pese a no poseer ni siquiera la titulación requerida para cursarlos.

Este miércoles Sánchez comparece en el Congreso para hablar de inmigración, pero este asunto saldrá seguro a relucir en el pleno parlamentario.

Por su parte, y de nuevo en relación a la norma que va a permitir la rebaja de penas a etarras, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que es «una pieza fundamental básica» para homologar a España con el resto de países europeos, a pesar de que el proyecto de ley que el Gobierno presentó ante las Cortes no incluía originalmente la enmienda que elimina la disposición adicional única que se incluía en el texto y que evitaba que se conmutasen los años de prisión a los terroristas por los ya pasados en cárceles del extranjero.

En un juego de confusión, López ha dicho medias verdades para venir a concluir que esta modificación tenía que hacerse, guste o no, sí o sí. «Entiendo lo que es la sensibilidad y la emotividad de las víctimas en este momento», ha dicho, pero ha defendido la aprobación de la enmienda que significará la rebaja de 380 años de cárcel a cuarenta etarras, tengan o no delitos de sangre a sus espaldas. El diputado socialista, en referencia a la doctrina Parot, ha aseverado que no es la primera vez que la Justicia europea da «palos» a España, pero lo ha hecho ignorando que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalaron que no se conmuten las penas a los etarras que hubiesen pasado ya años de prisión en el extranjero.

«No soy experto en Derecho, pero hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir dos penas por un mismo delito», ha dicho López, cuando lo cierto es que en Francia los terroristas eran condenados por pertenencia a organización terrorista y después en España cumplen condena, en algunos casos, por asesinato. En cualquier caso, no es un doble castigo por los mismos hechos, como ha sugerido López, sino que la estancia en prisión de los etarras obedece a distintas motivaciones y no solo a aquellas por las que fueron ya juzgados en el país vecino.

López, como Alegría, ha insistido en que la reforma se aprobó por unanimidad —porque ni el PP, ni Vox ni UPN se percataron de lo que implicaba esa enmienda— y ha negado que suponga la baja de penas, sino el cumplimiento de los años de la condena en España, descontando los ya pasados en Francia por hechos distintos —aunque él haya hablado de «un mismo delito»—. En el caso concreto de Javier García Gaztelu, conocido como Txapote y sobre el que recaen doce asesinatos, entre ellos los de Fernando Múgica y Miguel Ángel Blanco, López también negó que suponga una rebaja el hecho de que, si como todo apunta se termina aprobando esta reforma, pueda salir de prisión dentro de un año en vez de en 2030. «Ya ha cumplido esos años», ha sentenciado, en referencia a su estancia en la cárcel francesa durante seis años y nueve meses.

Ni PP ni Vox se percataron, según defienden, del alcance de aplicación de las dos enmiendas introducidas por Sumar. Unos cambios para los cuales el socio minoritario del Gobierno se escudó en una reforma legal que «tiene que ver con derechos fundamentales» y que hasta la «extrema derecha» apoyó en el Congreso en septiembre. Pese a la denuncia de los de Feijóo y Abascal de que el Gobierno les ha «colado» la norma, en Sumar ponen en cuestión que los populares no supieran qué era lo que se estaba votando: «No es creíble. Nunca ha pasado en este Congreso. O no saben dónde esconderse porque saben lo que han hecho o no quieren explicar la verdad a sus propios votantes», ha sentenciado este martes el diputado de los comunes Gerardo Pisarello.

A juicio del también miembro de la Mesa del Congreso, los de Feijóo están haciendo «mucho escándalo», pero la realidad es que «tienen muchos juristas en sus filas» y «cuando el PP quiere que no ocurra una cosa, simplemente no la permite».

El portavoz del Sumar en la Cámara Alta Íñigo Errejón ha llegado a tildar al PP de «hipócrita» porque las enmiendas de Sumar, ha dicho, «no llegaron de repente un día», sino que fueron discutidas y revisadas «una por una». Por tanto, ha defendido Errejón, «eran conscientes de lo que votaron». No así Vox: «Es posible que no se la leyeran. En general, la ultra derecha no se lee las cosas», ha ironizado.

El Derecho Penal, ha proseguido esgrimiendo el mismo argumento que ya emplearon este lunes compañeros de Sumar como Enrique Santiago o Elisabeth Duval y en la misma línea que los socialistas, «obliga a que ningún preso pueda cumplir dos veces la misma pena por el mismo delito. Teníamos que transponer una directiva europea», ha justificado. El portavoz de los de Yolanda Díaz en el Congreso ha evitado, eso sí, contestar a sí en Sumar eran conscientes de este 'efecto secundario' de la norma -conmutación de penas a etarras- o a si la reforma, reivindicación de EH Bildu, ha sido consensuada con los de Arnaldo Otegi.