El PP deja solo a Vox en su negativa a ilegalizar la Fundación Francisco Franco

El PP ha guardado silencio durante todo el día y ni siquiera ha quedado claro qué iba a hacer después de la intervención de su portavoz en el debate, Jaime de Olano, quien con su tono elevado parecía adelantar un voto en contra, pero que ha sembrado la duda al apuntar que su partido iba a registrar enmiendas al texto para que se tengan en consideración las víctimas del terrorismo de ETA y de otros regímenes totalitarios.

«El PP condena todas las dictaduras, todas. Sean valientes no solo con los dictadores muertos, también con los dictadores vivos», ha dicho el diputado popular, y ha añadido: «Vamos a enmendar esta proposición de ley. Nosotros no permitimos los homenajes a los que asesinaron a más de ochocientos españoles».

Tras un debate bronco, en el que el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento, ha tenido que intervenir varias veces y ha recibido críticas dispares de todos los grupos, ha sorprendido que la proposición de ley, aunque sea en su primer paso para continuar la tramitación, haya salido adelante con tanto margen, con más de trescientos síes.

La norma socialista modifica la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación para introducir como causa de disolución la apología del franquismo y la humillación de las víctimas del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura posterior. Mikel Legarda, del PNV, ha cuestionado el mecanismo empleado y ha dicho que sería más efectivo reformar el Código Penal. Antes, Raúl Díaz Marín (PSOE) e Ignacio Hoces (Vox) se han tirado los trastos a la cabeza en una disputa dialéctica que ha evidenciado el abismo entre sus dos partidos. Los independentistas han tachado de «fascistas» y «franquistas» los argumentos del derechista.

En un ambiente tenso, contaminado por la ley que permitirá —gracias a dos enmiendas de Sumar cuyo significado no supo descifrar la oposición— la rebaja de penas a decenas de etarras, sus señorías han demostrado la enorme dificultad de llegar al mínimo consenso, aunque después la votación no ha reflejado lo mismo. Gómez de Celis ha recibido quejas de todos los partidos, aunque solo ha atendido las de su bancada.

«Hay caso Begoña Gómez. Hay caso de corrupción del matrimonio Sánchez-Gómez, hay caso de corrupción en la Moncloa», ha empezado su intervención el diputado del PP Jaime de Olano, provocando que Gómez de Celis le llamase dos veces a la cuestión y una al orden. Desde su escaño, según De Olano, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, le ha llamado «sinvergüenza» por afirmar que el partido de Pedro Sánchez es «un estercolero moral». «Sinvergüenza, usted, señor Cerdán», ha contestado el parlamentario de la oposición.

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Concluido el debate, la socialista Montse Mínguez ha pedido que se retirasen del 'Diario de Sesiones' los «insultos» al PSOE. Dicho y hecho. La decisión de Gómez de Celis ha provocado las risas de la derecha. Antes, los separatistas habían reclamado la eliminación de las actas del discurso completo de Hoces por defender posiciones «fascistas» y «franquistas». Y es que el punto del orden del día ha empezado con un cara a cara entre este último y el diputado del PSOE Díaz Marín.

El socialista, encargado de defender la proposición de ley, ha llamado a sus señorías a posicionarse entre defender o condenar la apología del franquismo. «Hoy el PSOE nos trae un nuevo capítulo de su recurrente obsesión: el franquismo», ha comenzado Hoces, para después hacer afirmaciones como que la formación socialista fue «responsable directa de la Guerra Civil de 1936», que el PSOE solo respeta unas víctimas y no las de la Segunda República o las de los atentados terroristas a partir de 1960 y que Vox aboga por no obligar a nadie a arrepentirse de lo que hicieron sus padres y abuelos. «Sí, deberían sentir vergüenza de lo que sucedió», le ha contestado Pilar Vallugera, de ERC.

Tanto el PP como Vox le han echado en cara al PSOE sus pactos con Bildu y el 'olvido' de otras víctimas, las de ETA, constatado, por ejemplo, cuando votó en contra en 2021 de prohibir por ley el homenaje a los etarras que salen de prisión. Y es que la modificación que plantean los socialistas, un año después de lo que preveía la Ley de Memoria Democrática, solo hace alusión a la «apología del franquismo» y no del terrorismo o de otros totalitarismos. De hecho, De Olano ha adelantado en el debate que presentarán enmiendas para corregir esa diferenciación.

Martina Velarde (Podemos) y Jon Iñarritu (Bildu) han aprovechado para airear su antimonarquismo y apuntar a don Juan Carlos como heredero del dictador Franco o el «general Franco», como se ha referido a él Hoces. Josep Maria Cervera, de Junts, ha avisado que la ley es insuficiente y Nahuel González, de Sumar, ha recuperado «un mensaje de amor» del poeta represaliado Miguel Hernández y ha leído una carta que escribió a su mujer durante su cautiverio.

Desde el PNV, la voz de Mikel Legarda ha sido la única que ha abordado el debate desde un punto de vista técnico y, aunque su partido también ha apoyado la toma en consideración, ha advertido que debería abordarse la ilegalización de la Fundación Francisco Franco desde el Código Penal y no desde la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, basándose en el punto dos del artículo 22 de la Constitución: «Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales». «A quienes dieron su vida por defender la democracia, aquí andamos, un 8 de octubre de 2024 presentando proposiciones de ley para reparar ese daño», clamaba el socialista Díaz Marín en la defensa del texto.