Bruselas investigará las «importantes deficiencias» del vertedero de Zaldívar donde siguen sepultados dos trabajadores

El órgano comunitario ha informado de que ante la «presunta situación de incumplimiento» en la que se encontraba en este vertedero vizcaíno, donde tal y como se supo a raíz de su derrumbamiento se trataban materiales peligrosos como el amianto, la investigación continuará abierta. En este sentido, ha avanzado que seguirá contactando con las autoridades españolas competentes, incluido el Gobierno vasco, para garantizar una «reparación adecuada de los daños».

La situación es «grave» , ha sentenciado el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius , que ha sido el encargado de responder a la batería de preguntas que el pasado febrero registraron en el Bruselas la portavoz del PP en el Parlamento Europeo (PE), Dolors Montserrat; y el eurodiputado Javier Zarzalejos.

Ante las respuestas de la Comisión Europea, Montserrat y Zarzalejos opinaron que «el dictamen de la Comisión Europea confirma las numerosas irregularidades que se produjeron en el vertedero de Zaldívar y que, desgraciadamente, causaron la desaparición de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán».

Por su parte, el candidato de la coalición PP+Cs a lendakari, Carlos Iturgaiz, ha considerado en una nota que la CE ha «condenado» la gestión del Gobierno vasco. Ha manifestado que resulta «clarificador» que el organismo comunitario aprecie que hubo «importantes deficiencias» en el funcionamiento del vertedero: «No es un desastre natural como el PNV ha querido hacer ver. Y además, ha pretendido tapar con su ley del silencio lo que era una evidencia para toda la sociedad vasca y ahora confirman las instituciones europeas», ha declarado.

La postura del Gobierno vasco difiere de la que ha expuesto la CE. El Departamento de Medio Ambiente ha reaccionado con pesar a las declaraciones de Sinkevicius, a quien ha reprochado que no se haya «informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero». En esta línea, la consejería que dirige el socialista Iñaki Arriola ha aseverado que las advertencias del comisario europeo no tienen «una base fundamentada», y le instó a verificar de primera mano el grado de cumplimiento de la legislación europea, española y autonómica aplicada a la empresa Verter Recycling.

El Gobierno autonómico defiende que ya ha abierto a la empresa dos expedientes por incumplimiento de la regulación medioambiental, y añade que también ha contratado un informe pericial a «destacados expertos en la materia sobre las causas que pudieron originar el deslizamiento».