El 'skinhead' y abogado de ultras, a prisión 10 años por narcotráfico

Ahora, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional lo ha condenado por narcotráfico: diez años de prisión y el pago de nada menos que 39,5 millones de euros, el doble del valor de la droga que movía con una organización criminal. Este letrado ha recurrido el fallo.

En ese Madrid de cabezas rapadas a Álvaro Sánchez de la Morena le cayeron 12 años y medio de prisión por agredir a tres punkis el 24 de mayo de 1992 en Antón Martín, al grito de «¡Rojos de mierda!»; a uno lo dejó con lesiones físicas de por vida; y también a otros cinco años y dos meses por agredir a un joven con un bate de béisbol y apedrear los cristales de un bar de Leganés, vociferando el mismo insulto. Durante el tiempo que pasó entonces entre rejas, estudió Derecho y se licenció. Se colegió en Alcalá de Henares.

Pero en 2020, en plena pandemia, estaba siendo investigado, sin que él lo supiera, por la Sección de Cocaína de la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco. Un año después, hasta 200 agentes de la Policía Nacional, incluido el GEO, participaron en el dispositivo en que cayeron él y otros doce compinches. Aquella operación se llamó Toga (por aquello de la participación del abogado ultra) y supuso el desbaratamiento de la mayor red de narcotráfico que operaba en Madrid en ese momento.

Todo comenzó con las sospechas de que desde una clínica de estética de la calle de Santiago Bernabéu dos colombianos preparaban la llegada de grandes cantidades de cocaína: el establecimiento era una tapadera al que acudían los miembros de la trama para organizarlo todo. Localizaron cuatro contenedores (dos de piña y dos de lima) en Tesalónica (Grecia) con 600 kilos de cocaína. Se dio parte a las autoridades búlgaras, que aprehendieron ese alijo.

Durante la investigación a los cabecillas de la red internacional, del Este de Europa, la Udyco identificó a los primeros sospechosos de esta pieza, entre quienes estaban tres hermanos marroquíes, los Al Moudi, con los que, según la sentencia, Álvaro S. de la M. mantenía relaciones delictivas. Una ironía que quien se dedicaba a asediar a magrebíes años atrás trabajara ahora con ellos.

La red acordó una remesa de 230 kilos que debía llegar de Colombia al puerto de Valencia por el método del 'gancho ciego' (un agujero en el contenedor), pero el alijo cayó de tal modo, que los estibadores comprados por la mafia no pudieron sacarlo. También tenían a sueldo a dos guardias civiles, que han sido asimismo condenados.

Los seguimientos y escuchas a Álvaro permitieron abrochar la acusación contra él. Vecino de Parla, hay documentados encuentros en el aparcamiento del Lidl de su municipio y en algunos restaurantes y el garaje de su casa, amén de conversaciones telefónicas con los líderes de la organización criminal. Hay incluso una reunión documentada de tres horas con el jefazo en el centro comercial Parque Sur, en Leganés.

Los investigadores le consideran el segundo escalafón de la mafia, y no solo por labores 'legales'. Movían hasta 100 kilos a la semana. Con el apoyo de la 'subcontrata' búlgara, enviaban mercancía a Países Bajos.

En sus declaración, el principal de los Al Moudi, Said (con domicilio en La Finca de Pozuelo de Alarcón), reconoció su participación en este entramado de tráfico de cocaína y hachís, principalmente. Y que Álvaro formaba parte de él, no solo como intermediario, sino también como vendedor. Esta es una de las escuchas: «Tenemos a un abogado también, de mafioso. Y dice que se llama 'Alvaro el Mafias'. Vende 'perico' también y tiene paquetes en Madrid. Es un abogado que vende paquetes de coca también. Quieres comprar libertad, hablas con él. Quieres comprar cárcel, también. Es un personaje». También le dieron instrucciones de que se comunicara mediante la aplicación Silent. En total, la Udyco se incautó de 600 kilos de cocaína.

Él lo niega todo y lo achaca a una venganza. También su pasado neonazi. Fue defensor de los dos 'skins' condenados por apuñalar a tres antifascistas en los Carnavales de Toledo de 2012.