La receta de Madrid para atajar la crisis de los taxis adaptados y llegar a 700 licencias

Para paliar esta crisis del eurotaxi, la modificación de la ordenanza –que se elevará a Pleno después de verano y entrará en vigor, previsiblemente, «antes de final de año»– recogerá la creación, mediante concurso, de nuevas licencias de vehículos para sillas de ruedas. «Queremos llegar hasta 700 vehículos adaptados», ha destacado el titular del área. De hecho, desde Famma (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid) piden que estas licencias sean exclusivas, porque de otro modo «cuando no cuenten con ayudas pasarán a ser convencionales», apunta Javier Font, presidente de la organización.

Por otro lado, la nueva ordenanza fijará que estos taxis adaptados serán los únicos que podrán trabajar siete días a la semana, mientras que el resto solo podrá hacerlo cinco. Hasta ahora, los coches eléctricos puros también tenían esa ventaja competitiva, por lo que muchos conductores optaban por invertir en estos vehículos y no en los adaptados, que con las adaptaciones necesarias pueden superar los 60.000 euros, según explicaban a ABC varios taxistas. De hecho, para facilitar la transición, explican desde el consistorio, los taxis cero que ya contaran con licencia antes de la aprobación de esta modificación podrán trabajar siete días hasta que el vehículo cumpla diez años.

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En la capital apenas hay 358 vehículos adaptados, por debajo del 5% que exige la ley, y en emisoras dispersas. En 2019 superaban los 550

Además, el consistorio obligará a los eurotaxis a adscribirse a una radioemisora que permita reservar servicios con un mínimo de 24 horas de antelación. También obligará a los titulares de estas licencias a realizar un mínimo de 150 servicios de coches adaptados al año, ya que el consistorio ha constatado que «un 40 % de los titulares acredita menos de 100 anuales». Asimismo, se permitirá que usen vehículos con clasificación ambiental C para aumentar la oferta de modelos adaptables a personas de movilidad reducida.

Desde Famma aplauden que se pueda recurrir también a estos coches, pero ponen más deberes a las instituciones: regular las emisoras, «porque sin este control no están obligados a facilitar a los ayuntamientos información sobre los servicios rechazados», apunta Font; y controlar las VTC, «porque no hay un registro único sobre cuántas son accesibles y el reglamento indica que desde este año uno de cada cinco coches debería estar adaptado». Así, apunta el portavoz de Famma, se podría vigilar «que estos servicios no sean más caros».

Además, la futura ordenanza implantará la licencia por puntos, que castigará los comportamientos que más afectan a los clientes y a la imagen del sector, como el incumplimiento del régimen de descanso, el quebrantamiento del régimen tarifario o buscar y recoger viajeros fuera de la parada oficial establecida. «Irán restando puntos en la licencia hasta poder llegar a retirarla en su totalidad», apuntó Carabante. En 2021, ya se impulsó una medida similar para los conductores, apuntan desde el consistorio, pero ahora la responsabilidad será de los titulares. No obstante, esa reforma solo habilita esta posibilidad legal, que habrá que desarrollar después a través de un reglamento o una instrucción acordada con las asociaciones representativas del sector. Estas apuntan que aún tienen que leer la letra pequeña de la nueva normativa, pero medidas como esta no les disgustan, «siempre y cuando esté bien armada, no como en 2021, pues el sector del taxi tiene pocas incidencias», reconocen a este diario.

Para que el sector sea más competitivo, será obligatorio para los nuevos conductores tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). También se simplifica el examen y se establece un sistema para evitar la excesiva reiteración en los exámenes.

Otras novedades será la obligatoriedad de llevar a bordo un dispositivo electrónico de navegación (GPS) y la creación de «paradas de taxi provisionales y solo para vehículos eléctricos». Una forma de seguir renovando una flota a la que ya han apoyado con ayudas de 13,8 millones de euros, apuntó Carabante.