Madrid, territorio prohibido para 420.000 vehículos sin etiqueta

La medida no pilla por sorpresa a ningún conductor. O no debería. En 2021, el ayuntamiento aprobó la ordenanza de movilidad sostenible que establecía la configuración de la ZBE de manera progresiva desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de enero de 2025. Cada año nuevo, más restricciones con el objetivo de mejorar la calidad del aire y erradicar, en la medida de lo posible, la polución; al menos, la emisión de gases tóxicos de los vehículos más contaminantes y que carecen de etiqueta ambiental de la DGT. Estos son los diésel matriculados antes de 2006 o los gasolina de antes del 2000.

Este lunes ha entrado en vigor la prohibición de que accedan y circulen por todas las vías públicas urbanas de la capital. Ya no podían hacerlo por la M-30 ni, obviamente, las calles interiores de la vía de circunvalación desde el año pasado. La medida se extiende cada 365 días. En 2025, el veto llegará a todos los coches sin etiqueta; también a los que hasta ahora se libraban de la ordenanza, los matriculados en Madrid tampoco podrán volver a encender sus motores desde el 1 de enero del próximo año. Afectará desde ese momento a 837.779 turismos, el total de coches sin clasificación ambiental que constan, a fecha de 2022, en la Comunidad de Madrid.

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Pero paso a paso y año a año. Desde este año nuevo de 2024, las cámaras e fotorrorojos instalados en todo el término municipal captan a las matriculas no 'empadronadas' en la ciudad y, por tanto, infractoras. Si son cazadas por estos artilugios, los titulares de los vehículos contaminantes tendrán un periodo de aviso, sin sanciones, hasta el 30 de junio y tan solo recibirán en su domicilio una carta informativa para que se adapten y dejen de cometer la infracción. En cambio, si son agentes municipales los que pillan a un vehículo sin etiqueta por la ciudad, el conductor será en ese momento sancionado con los 200 euros (100 si es pronto pago).

«No obstante, se recuerda que las cámaras que controlan la M-30 y su interior finalizarán su periodo de aviso el 14 de enero. Por tanto, cualquier vehículo detectado por ellas será sancionado a partir del 15 de enero», explican desde el ayuntamiento, en referencia a la prohibición de circular por la M-30 y sus vías interiores que entró en vigor el año pasado y comenzará a multar este mes.

Los afectados por la implantación de la ZBE que ya no pueden acceder ni circular por los 604 kilómetros cuadrados de Madrid alzan su voz contra la medida y contra el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y lo critican por haber prometido en su campaña electoral de 2019 que iba a eliminar el Madrid Central de Manuela Carmena. «No solo no lo ha eliminado sino que ha puesto más restricciones», critican desde la Plataforma de Vehículos Afectados por la Movilidad. Lo cierto es que lo intentó: impuso una primera moratoria, pero fue tumbada por los tribunales. Y poco después, el gobierno central aprobó la Ley de Cambio climático, que obligó a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones.

La plataforma de conductores afectados pidieron al consistorio una nueva moratoria, pero por ahora esa opción no está sobre la mesa. «Moratoria general no va a haber», confirmó el regidor José Luis Martínez-Almeida en una reciente entrevista con ABC.

Y ellos respondieron con una concentraciónque se celebró el pasado 30 de diciembre desde Valdebebas hasta la Asamblea de Madrid. Según las cifras de la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (Avarm), participaron en la marcha rodada 200 vehículos entre coches, motocicletas y furgonetas decoradas con carteles en los que podían leerse mensajes como «nosotros pagamos, nosotros circulamos» y otros demandando la «libertad de circulación».

La asociación critica que de los 420.000 vehículos residentes en la Comunidad de Madrid que no pagan el IVTM en la capital muchos son trabajadores y aseguran que la restricción generará «dificultades» para llegar a los centros de trabajo, colegios o clínicas veterinarias.

«Estas restricciones suponen realizar una triple discriminación en los criterios de acceso y circulación: entre propietarios de turismos y de otros vehículos; entre personas que pagan el IVTM en un municipio y los que no; y en función de la antigüedad del vehículo», afirman desde Avarm.

El Ayuntamiento de Madrid contesta, con datos, que solo tienen dos objetivos: mejorar la calidad del aire y, por ende, reducir los índices de contaminación. El consistorio cifra en una rebaja de 1.147 toneladas anuales de óxido de nitrógeno lo que supondrá la restricción de movilidad. «Un vehículo sin distintivo emite de media para el municipio de Madrid 1,6 veces más de gases que un vehículo con clasificación ambiental B; 7,2 veces más que un vehículo con clasificación C y 47 veces más que un vehículo ECO», aseguran desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que calcula que el 62% de los afectados por la conversión de todo el término municipal en una ZBE (la mayor de Europa, en cuanto el año que viene se limite la circulación a los matriculados también en la ciudad) se transformarán en usuarios del transporte público.

Los cálculos municipales hablan de que las 464 cámaras y 37 fotorrojos podrán sancionar a unos 700 vehículos diarios. Esto supone que el Ayuntamiento de Madrid puede recaudar, si los conductores de vehículos sin distintivo acceden a Madrid, unos 140.000 euros al día en multas por incumplir la ordenanza de movilidad sostenible.