El laberinto de la vivienda ilegal: 9.000 inmuebles okupados, casi 2.500 pisos son de titularidad pública

Sin embargo, la cifra oculta es mucho más amplia. Enormemente mayor, a tenor de la Plataforma de Afectados por la Ocupación: «Son 9.000 inmuebles, haciendo una estimación a la baja, porque muchos afectados no denuncian para buscar soluciones extrajudiciales, que son cada vez más comunes por la lentitud de la justicia». Una de ellas es la mayor recurrencia a las empresas de desokupación, que se han multiplicado como setas.

¿Qué está ocurriendo entonces para que haya ese desfase entre la estadística oficial y los casos de los asociados? Por lo pronto, Bravo habla de que el 70% de esas 9.000 viviendas allanadas son inquiokupaciones, un término cada vez más familiar para el conjunto de la ciudadanía. Hace referencia a los arrendatarios que han dejado de pagar la mensualidad a sus caseros, que, según la plataforma, son siete de cada diez en la Comunidad de Madrid. «Y ello, sin contar con los casos actuales de Carabanchel, El yesero o Torrejón, así como otros tantos que hay en la región», explica Ricardo Bravo a ABC.

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Amina Ould

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Este martes pasado, su asociación se reunió con al vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, para abordar, entre otros, el asunto de la treintena de viviendas usurpadas en una promoción privada en la Calle Excelente, 6, en el Ensanche de Carabanchel. La concejal y mano derecha de José Luis Martínez-Almeida se ha comprometido a «poner en marcha todas las medidas» que estén en su mano (Policía Municipal colabora con la Nacional en la investigación de la mafia que 'cedió' por 2.500-3.000 euros cada piso a familias peruanas en situación ilegal); y les emplazó a otro encuentro en el que abordarán explícitamente el asunto de la inquiokupación.

En este sentido, bravo enfatiza que la okupación en Carabanchel «supone 28 denuncias, pero en realidad son 110 afectados», en referencia al resto de moradores legales que están ahora mismo en medio de la guerra entre los usurpadores y la propiedad, una inmobiliaria. «El dato no se puede calcular porque, además, varía mucho en función de dónde se produzca la okupación, hay tanto edificios de casas bajas como grandes urbanizaciones», señala. Siempre, por lo tanto, habla de cifras aproximadas.

Si nos ceñimos a las viviendas públicas, las que dependen de la agencia regional, en la AVS (antiguo Ivima), hay 2.350 en situación irregular: «Incluyen las ocupaciones irregulares detectadas por este organismo por cesión ilegal a terceros, permanencias de familiares sin derecho tras ausencia o fallecimiento del titular, venta ilegal de llaves, etcétera..., así como las viviendas asaltadas con violencia, que son un 15% de esas 2.350», explican a ABC desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. El parque total del organismo autonómico es de 25.000 casas y pisos.

Además, la misma informante apunta que en el periodo 2019-2023, la AVS ha recuperado 600 viviendas, casi 13 al mes, y que en el primer año y medio de la actual legislatura (la tercera de Isabel Díaz Ayuso) se han liberado 331, más de 18 al mes (casi un 47% más). «Son datos que ponen de manifiesto la firme decisión de la Comunidad de luchar contra la ocupación ilegal«, insiste el organismo.

En cuanto al teléfono puesto en marcha por el Gobierno regional (900 205 112), hasta el 5 de enero de 2025 se han recibido 3.701 llamadas. Han sido atendidos 211 ciudadanos madrileños y en 40 ocasiones los profesionales han podido evitar el allanamiento o usurpación de una vivienda o desalojarla gracias a esta iniciativa, que echó a andar en el verano de 2022.

Llamativos son los datos que maneja el otro gran organismo público madrileño, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. «La EMVS sufre la ocupación de 28 viviendas, todas ellas judicializadas, lo que supone el 0,3% de todo el patrimonio de la empresa municipal, que asciende a casi 9.200», indican fuentes del ente local.

Los mismos informantes sacan pecho del dato: «Desde EMVS Madrid tenemos tolerancia cero con la okupación por la fuerza del patrimonio municipal, porque tenemos claro que se trata de viviendas que son de todos los madrileños y que tenemos que garantizar que su acceso se realiza por procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de vivienda de alquiler asequible. Para ello, empleamos todos los mecanismos a nuestro alcance, tanto de seguridad preventiva como reactiva, ante cualquier caso que se produzca».

En lo referente a la actuación policial, teniendo como base el año 2023, en la región madrileña fueron esclarecidos 1.212 casos de allanamientos y usurpaciones (1.133 en 2022), y respectivamente fueron 11.426 y 12.271 en el territorio nacional.

Por otra parte, la Comunidad fue escenario de 943 detenciones por estos delitos en 2023 (731 en 2022), frente a los 9.459 y 9.721 (ambos periodos comparados) de toda España. En este último epígrafe no constan los arrestos llevados a cabo por los Mossos d'Esquadra.

Por último, están las victimizaciones por usurpaciones o allanamientos registradas por el Ministerio del Interior: 622 en 2023 (6.664 en el conjunto nacional) y 705 en 2022 en la Comunidad de Madrid (6.679).