'Inquiokupación' a las faldas de la sierra: «Me deben más de 23.000 euros»

La casa de Carmen y su marido, José, está en un bajo de la calle Fuente del Toro, a las afueras del pueblo. Cruzando la esquina se ven, en uno de los cerros que rodea al pueblo, las famosas bodegas donde se elabora y se conserva el vino de El Molar. No es, sin embargo, su vivienda principal, sino una segunda residencia. Esta es una tendencia al alza entre los españoles: el interés por la tenencia de otro inmueble ha crecido un 44% desde el comienzo de la pandemia, según Fotocasa Research. Pero Carmen explica que no son grandes tenedores, sino pequeños propietarios: «Compramos la casa para nuestros hijos y ahora no pueden vivir en ella porque está okupada».

Las ocupantes de la vivienda son una madre y su hija, una persona con discapacidad. Según cuenta la propietaria, deben «más de 23.000 euros de alquiler». Las inquilinas alegan vulnerabilidad económica y social para evitar salir de la propiedad –el Decreto-ley 11/2020, prorrogado hasta junio del presente año, impide desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad económica–. Carmen y José insisten, en cambio, que «son las administraciones y los Servicios Sociales los que tienen que dar a mi 'inquiokupa' una vivienda social».

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Carmen Sánchez lleva cerca de un mes protestando, casi a diario, a las puertas del Ayuntamiento de El Molar. En su pancarta se puede leer 'Las familias vulnerables son responsabilidad de Servicios Sociales, no mía' y 'Okupas no'. Dice que se ha cansado de esperar a la justicia: «Llevo tres años en mi casa siguiendo el protocolo y veo que no he conseguido nada; ya estoy un poco desesperada».

En su opinión, el caso no se ha resuelto por la «mala coordinación» de las administraciones y el Juzgado de Primera Instancia 3 de Alcobendas, que, según denuncia, ha mantenido en «el limbo» su expediente. «No sé de quién será la culpa; lo único que quiero es que me den una solución, sea quien sea», reclama. Asegura que, si no se resuelve pronto su situación, lo siguiente será desplegar una pancarta frente al Juzgado: «Ya no paro». Pero espera no tener que recurrir a ese extremo.

Después de tres años, el proceso parece que avanza. Los propietarios creen que en verano puede haber un lanzamiento y un juicio que ponga fin a la okupación de su vivienda.