La okupación se ha disparado en España un 46% desde que Sánchez está en el poder

Problema de seguridad ciudadana de primer orden, torpedo a la línea de flotación del derecho a la propiedad, la escalada de casos que se arrastra desde hace años ha generado una creciente alarma social. Todo ello mientras persiste un marco legal que, en la práctica, no garantiza la expulsión inmediata de los okupas y, con mucha frecuencia, sume a las víctimas en un largo y tortuoso proceso para recuperar la posesión efectiva de su inmueble.

Podemos, que forma parte del Gobierno desde hace casi tres años, es manifiestamente reacio a endurecer los mecanismos legales contra la okupación. En reiteradas ocasiones, los dirigentes de Podemos han defendido que no se debe «criminalizar» la ocupación ilegal de viviendas, porque –argumentan– tras ella hay casos de precariedad. Soslaya el hecho de que en los últimos años hayan proliferado las mafias que han hecho de la okupación un negocio.

Ante la presión social y política, el ala socialista del Gobierno optó por anunciar estrategias reforzadas en la Fiscalía y un nuevo protocolo de actuación que, supuestamente, iba a permitir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil actuar con más eficacia frente a los ocupas. Este protocolo lo pregonó en septiembre de 2020 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde las propias fuerzas de seguridad se alzaron voces que advertían de la escasa eficacia práctica de esa medida. Apuntaban que su efecto era más estético que real, mientras no se actuara realmente en el fondo del asunto, en la legislación penal.

A la vista de la cantidad de ocupaciones ilegales de viviendas que se han producido desde entonces, aquellos anuncios no han surtido efecto real. El problema no solo no se ha corregido sino que se ha enquistado en cifras récord.

ABC solicitó esta semana al Ministerio del Interior las estadísticas actualizadas de okupación, que se acostumbraban a facilitar año tras año, incluso por trimestres o semestres. Interior ha respondido que está procesando los datos y que los notificará la

Podemos, socio de Gobierno del PSOE, es manifiestamente reacio a endurecer el castigo penal de las okupaciones

próxima semana. Tampoco ha facilitado el cómputo global de denuncias por okupación que se produjeron en 2021, dato solicitado igualmente por este diario. Dice que lo dará a conocer la próxima semana, junto al balance de los siete primeros meses de 2022.

Interior pide tiempo para desvelar esas cifras, pero ABC ha localizado estadísticas oficiales de este mismo año, la cifra de denuncias por okupaciones en el primer cuatrimestre de 2022. El dato aparece en una información enviada al Congreso por el propio Gobierno a petición de Vox. Según esa comunicación del Ejecutivo, entre enero y abril del presente año se denunciaron en España un total de 5.931 ocupaciones ilegales de inmuebles. Es decir, una media de 49 diarias. Hace meses, los últimos datos que habían trascendido eran los del periodo enero-septiembre de 2021: 13.389 denuncias, también a un promedio de unas 50 por día.

De este fenómeno hay datos oficiales disponibles desde 2015. Aquel año se registraron 10.376 denuncias por okupaciones. Y en ese nivel se mantuvo, más o menos, hasta 2017: apenas 10.000 denuncias en 2016 y 10.619 al año siguiente, el último ejercicio completo de Gobierno del PP. En 2018 se produjo la moción de censura con la que Pedro Sánchez se instaló en La Moncloa el 1 de junio, y aquel año se registraron 12.214 denuncias por okupaciones. El problema había escalado con contundencia, y volvió a hacerlo en 2019, cuando se computaron 14.621 denuncias, cifra que prácticamente se repitió en 2020 (14.675), pese a las restricciones de movilidad y a los controles reforzados a pie de calle que impuso la pandemia del Covid. En 2021 volvió a agravarse el problema, con un aumento del 18% hasta septiembre.

A falta de las cifras que presente Interior en los próximos días, las estadísticas policiales que aparecen en el informe que remitió al Congreso este verano y que ha sido localizado por ABC confirman el enquistamiento de la okupación en niveles récord. Según esos datos oficiales del primer cuatrimestre de este 2022, cada mes se denuncian, de media, 465 okupaciones más que cuando Sánchez llegó al Gobierno.