Así funciona el programa Mi Primera Vivienda Madrid: requisitos y cómo solicitar el aval del 100% hasta los 40 años o a familias numerosas, monoparentales o donde haya nacimientos

El plan Mi Primera Vivienda echó a andar en 2022 como un sistema de avales para jóvenes en busca de piso. Se ha ido ampliando con los años, y desde hoy incorpora novedades importantes, que ayer anunció la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso: se avalará hasta el cien por cien del valor de la hipoteca –al inicio era sólo hasta el 80 por ciento, y luego se amplió al 95–; y podrán beneficiarse de ello más personas: no sólo los jóvenes de hasta 35 años, sino cualquier persona hasta los 40.

Y el plan se extiende también, sin límite de edad, a las familias numerosas, monoparentales o las que tengan un nacimiento o adopción de hijo: cualquiera de ellas podrá beneficiarse de este aval si lo pide para la adquisición de una primera vivienda.

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Esta iniciativa está apoyada ya por siete entidades bancarias: Banco Santander, Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Abanca, Unicaja e ING. Desde que se puso en marcha, ha beneficiado a más de 2.000 madrileños. Los bancos han concedido 1.500 hipotecas, aunque se han firmado 1.300 –a las demás se renunció por distintas circunstancias–. Justamente ayer se firmó el aval número 1.300, el de Vanesa y Héctor.

Para cubrir la ampliación del espectro de beneficiarios, el Gobierno regional va a dedicarle un presupuesto de 25 millones de euros en 2024, que se suma a los 36 ya invertidos desde 2022. Esto va a permitir que se den 235,5 millones en préstamos hipotecarios. Y la cuantía media de las hipotecas que se dan es de 184.187 euros.

Los requisitos para acceder a este plan Mi Primera Vivienda son los siguientes.

Vanesa lo contaba: cuando se decidieron a comprarse un piso, «entre el alto precio de las viviendas, y que los bancos sólo financiaban el 80 por ciento del precio del piso, nuestra ilusión disminuyó». Vieron en las noticias el Plan Mi Primera Vivienda y Vanesa se decidió: «Llamé a La Caixa y les pregunté; en unos días, el gestor del banco me dijo que sí». Sin esa ayuda, no habrían podido comprarse su casa. Porque, como recordaba con enorme sentido de la realidad, «los bajos salarios imposibilitan un buen futuro» y por eso abogan por mejores salarios y por más ayudas públicas.

Juan Antonio Peña, director de banca de instituciones de Madrid en Caixabank, habló en nombre de las entidades financieras que participan en este plan, y lo hizo para recordar que había sido «un programa totalmente pionero» cuando arrancó en 2022, y que «hubo que inventar el producto, porque no existía». Se ha conseguido con él un «efecto multiplicador del dinero público: por cada euro que pone la Comunidad de Madrid, los bancos conceden 5 euros por los avales». El aval para hipotecas ha sido una idea «clonada por otras comunidades autónomas, pero con un error gravísimo» porque la «han complicado con más variables; no la compliquemos», aconsejó.

La presidenta Díaz Ayuso, arropada por sus consejeros de Vivienda, Economía, Medio Ambiente y Educación, recordó que las novedades introducidas en estos planes buscan llegar a «aquellos grupos con menos posibilidades de ahorro» que son «la prioridad».

La medida cuenta también con el apoyo de Vox: la portavoz de este grupo parlamentario en la Asamblea, Rocío Monasterio, acudió al acto de firma de esa hipoteca 1.300 para recordar a quien no lo supiera que «esta medida de los avales para primera vivienda para jóvenes la impulsamos nosotros en el primer presupuesto que firmamos con el PP, en 2022; esto es el desarrollo de aquella idea». A continuación, pidió poner más suelo disponible para construir vivienda, como única manera de «desatascar Madrid» y que los precios bajen. Si no, advirtió, con la previsión de llegada a la región de 100.000 nuevos residentes cada año, «Madrid va a gripar».

Pero esta ampliación de los avales hipotecarios no es la única novedad anunciada ayer: la presidenta también anunció que se suprime el precio público de 190 euros que pagaban todos los propietarios que se sumaban al Plan Alquila en la región.

Hasta ahora, y desde el año 2022, los caseros que utilizaban los servicios del Plan Alquila en Madrid y que alquilaban a inquilinos menores de 35 años ya se beneficiaban de esta gratuidad. Pero el resto, tenían que pagar los 190 euros de precio público. A partir de ahora también se ahorrarán esta cantidad, tenga la edad que tenga el arrendatario.

Con esta medida, se quiere incentivar el servicio y facilitar el aumento de la oferta del mercado de alquiler de viviendas en la región. La medida también va a publicarse este mismo mes en el BOCM y entrará en vigor a continuación.

Desde su puesta en funcionamiento en 2008 el Plan Alquila ha ejercido un papel de intermediación entre caseros e inquilinos, lo que ha contribuido a reducir la morosidad de los contratos a tan solo el 0,01 por ciento de los casos. En estos 16 años que lleva en vigor, se han inscrito más de 75.000 viviendas en este plan, y se ha prestado asistencia a más de 463.000 inquilinos demandantes de hogares, de los cuales más de 257.000 eran jóvenes de menos de 35 años (más de un 55 por ciento). Además, en la actualidad hay 13.000 contratos en vigor, que se benefician del seguro de impago gratuito, así como de asesoramiento e intermediación durante toda su vigencia.

Díaz Ayuso abordó, durante la presentación de estas novedades en los planes de vivienda, la repercusión que ha tenido la Ley estatal de Vivienda, que a su juicio «ha provocado un descenso en la oferta de pisos, ha incrementado los precios de manera desorbitada en los precios, ha disparado la ocupación y ha generado mayor inseguridad jurídica».

La presidenta madrileña ha declarado la vivienda una prioridad de su legislatura. Para fomentarla, defiende «un marco de colaboración público-privada donde se garantiza el acceso a la vivienda, pero respetando la propiedad, la libertad y sin intervencionismo ni ocurrencias políticas que lo único que están haciendo es multiplicar más los problemas».

Recordaba Ayuso que leyes estatales de vivienda ha habido muchas, «no es cierto que sea la primera, en estos últimos 45 años, siempre ha habido planes estatales de vivienda en los que se fija la financiación, se establece la normativa civil y procesal». Pero su llegada ha tenido, afirmó, efectos indeseables, como «un descenso de la oferta de pisos y incrementado los precios de manera desorbitada, ha disparado la ocupación y ha generado todavía mayor inseguridad jurídica y creo que la seguridad jurídica es la condición mínima para vivir en libertad y para servir al interés general».

En cuanto a los pisos turísticos, apoya que haya en ellos una regulación, «pero no puede haber una prohibición total, como se pretende ahora– Barcelona, por ejemplo, lo ha anunciado ya–, porque «el problema va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones».