El fraude de los empadronamientos por Wallapop: «Te cuesta 3.000 euros, en mano, pero no se lo digas ni a tu familia»

La de Javier no es la única publicación que aflora, a la vista de cualquiera, en las plataformas virtuales, dando lugar a un mercado negro de falsos empadronamientos para aprovecharse de la vulnerabilidad de los extranjeros que necesitan una dirección para regularizar su situación. Este negocio –que constituye una infracción grave según la Ley de Extranjería, sancionada con entre 501 y 10.000 euros– se cometía antes por el boca a boca, entre conocidos o, incluso, en grupos cerrados de Facebook o Telegram. Ahora, los reclamos se reproducen en páginas como Milanuncios con el fin de captar a más 'clientes'.

Antonio permite adquirir un local «en una zona inmejorable» de Madrid por tan solo un euro, aunque pronto pide que el precio se negocie. Nada hay de cierto en el mensaje que, de nuevo, resulta ser una tapadera para registrar a migrantes en una casa que nunca llegarán a conocer. «Se pueden hacer barbacoas, fiestas y la Policía no puede decirte nada por ser finca privada», continúa este 'reputado' vendedor que, preguntado por el trámite, sube la cuantía a miles de euros. «Empadronarte te cuesta 3.000 euros, pero esta gestión no se la puedes decir ni a tu familia, y el dinero me lo das en mano», exige a través del chat de Wallapop.

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«Yo voy contigo al ayuntamiento y te empadrono en mi domicilio, dando permiso», dice el hombre, que tan solo revela que su local se encuentra entre Conde de Casal, Moratalaz y Vallecas, y que permite usar durante «un año» su dirección sin residir en ella. «Aquí te van a llegar multas, citaciones, y eso no es gratis», añade. Cuando el interlocutor tarda solo dos minutos en contestar, interpela de nuevo para presionar: «Veo que no te interesa. Pues ya sabes, mira a ver si te cobran menos por ahí».

El empadronamiento es el primer trámite que todo migrante debe realizar, antes de que su visado de turista, que tiene una validez de tres meses, concluya. Sin él, no puede dar el siguiente paso: obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el documento que acredita la residencia legal, y tampoco realizar otras sencillas gestiones como escolarizar a los menores o sacar la tarjeta sanitaria.

«El padrón es la manera que las personas en situación administrativa irregular tienen de demostrar el tiempo que llevan en el país. Para conseguir el arraigo social, el permiso de residencia, uno de los requisitos es probar que llevan tres años en España. Sin el padrón no pueden hacerlo», explica Daniela Montes, coordinadora de la Oficina norte de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Migrante, un recurso del Ayuntamiento de Madrid donde, de manera gratuita, les proporcionan información detallada sobre los trámites administrativos imprescindibles. «El padrón es la herramienta básica para que accedan a sus derechos», resume la responsable, tajante: «Hay quien lleva un año o más y nunca ha estado empadronado. La ley, que es del año 2000, no se ajusta a los movimientos migratorios actuales».

Para lograrlo, necesitan un contrato de alquiler legal. «Cuando llegan, la mayoría vive en casas de amigos, en sofás o en habitaciones... Acceder al padrón es complicado, en primer lugar, por la precarización de la vivienda. Existe discriminación para que la población migrada arriende», afirma la coordinadora, que califica estos procesos como «un bucle en el que se vulnera a personas que no son vulnerables», ya que al no estar en situación legal tampoco consiguen contratos de trabajo.

«Es la pescadilla que se muerde la cola, porque se ven obligados a estar en la economía sumergida y la realidad es que se generan mafias que se aprovechan», asevera Montes, que recuerda que todas las citas en la administración son públicas y gratuitas. Solo en 2022, estos centros municipales atendieron a 30.907 inmigrantes en los servicios de orientación e información.

El desconocimiento y la necesidad lleva a que ellos también publiciten los pagos en Wallapop y en Milanuncios. Daniela busca dirección en San Sebastián de los Reyes para ella y su novio. Tienen alquilada una habitación en un piso de la localidad del norte de la Comunidad de Madrid pero, según cuenta, su casero no les permite registrarse «porque ya hay muchas personas». «Estamos en el proceso del registro del matrimonio y no queremos perderlo por no aparecer empadronados en ningún lado. Son ya varios meses esperando la cita», dice, desesperada y dispuesta a pagar lo que sea necesario, aunque en su anuncio no se atreve a marcar la cuantía.

Conocedores de la necesidad y urgencia, las notificaciones para cometer el fraude se multiplican: Carabanchel, Usera, Móstoles, Pinto... «Si necesitas empadronamiento por trámite urgente, puedo ayudarte», se expone otro mensaje, de nuevo, en Madrid capital. Micaela pone a subasta una habitación, a partir de 400 euros para parejas y con un contrato de alquiler para tres meses. Detrás de todo, una vez más, aparece el negocio del padrón.

«¿Cuánto estás dispuesta a darnos?», pregunta por teléfono. «Te doy la fotocopia de mi DNI y una fotocopia del contrato del piso. Vas, te empadronas y me traes la documentación. Haces el pago en cuanto me traigas tu documentación para que te la firme», manifiesta a través de una llamada, en la que declara que el pago puede hacerse mediante transferencia o en mano. De nuevo, insiste con la cantidad. «¿150? ¿300? No tenemos ningún problema. La habitación está alquilada, pero ellos aún no están empadronados, no tienen todavía cita», asegura la propietaria.

La Ley de Extranjería establece en su artículo 53 que el titular de una vivienda que «consienta la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando la vivienda no constituya el domicilio real del extranjero» incurre en una infracción «por cada persona indebidamente inscrita» y, cuando las autoridades tengan conocimiento, se abrirá un expediente sancionador.

A Javier, en esos ocho minutos de llamada, no se le pasa por la cabeza poder ser descubierto. Como los demás, se cree impune. «Máximo creo que puedo empadronar a once personas, hemos llegado a ser seis», confiesa el usuario de Wallapop que, una vez la charla fluye, desvela que «se le ocurrió ayudar, echar un cable» a los extranjeros «a cambio de que se lo remuneren». «Te estoy contando mucho sobre mí», añade entre risas en medio de la conversación, un fraude que él cree que terminará en negocio. «Por seis meses cobro 150 euros. Cuando se formalice el pago, te mando mi fotocopia de DNI, la autorización y un recibo. Las citas en Madrid se abren los jueves, yo te la saco donde sea», dice antes de despedirse y colgar. La llamada termina, pero los anuncios siguen visibles, a la espera de conseguir un sobresueldo explotando la necesidad de los migrantes, aunque eso suponga infringir la ley.