Batalla judicial en el Ateneo de Madrid por el cierre de su histórico restaurante

El querellante está citado a declarar por el juez del caso, José María Escribano, este 31 de enero. En función de esa prueba testifical (u otras que puede solicitar que dimanen de ella), el magistrado decidirá si sigue con la causa y llama como investigados a los querellados.

La representante de A Goal Perfect es Candela Arroyo, hija de Beatriz Álvarez, dueña del conocido bar Válgame Dios, en la calle de Augusto Figueroa (Chueca). Su marido es Mauricio Escribano, quien fuera directivo del banco BPA de Andorra e investigado en el marco de la operación Emperador por la trama de blanqueo de capitales del empresario chino Gao Ping. Según la parte demandante, cuando se hizo con la gestión de La Cantina del Ateneo, les aseguraron que tendría doble acceso: el principal, por la calle del Prado, 21, por donde entran los ateneístas; pero también por Santa Catalina, 10, en la trasera, para que pudiese entrar cualquier persona sin tener que ser socia y, con ello, resultar a su juicio un negocio más rentable.

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Sin embargo, la normativa municipal ordenó el desbloqueo de ese segundo acceso, porque debía utilizarse como salida de emergencia; asimismo, exhortó a realizar una serie de reformas no muy importantes para poder otorgar a La Cantina su licencia de funcionamiento. Un permiso del que formalmente carecía, aunque llevaba en marcha con una licencia genérica histórica como institución desde nada menos que 1885.

Veamos cronológicamente qué ha ocurrido en un complejo litigio, marcado por el cruce de acusaciones. En 2021, A Goal Perfect mostró su interés por hacerse con la actividad del negocio, toda vez que desde 2009 se realizaban concesiones a empresas para su explotación. Así estuvieron La Alpargatería S. L., Unión de Cultura y Gastronomía S. L., y, a partir del mencionado año, se pasó al modelo de alquiler, que estaba en manos de la mercantil Santa Caralina Gourmet S. L. Hasta entonces, el restaurante había operado con los dos accesos mencionados, el delantero y el de detrás.

La actual junta directiva del Ateneo, presidida por Luis Arroyo, recibió la solicitud de la ahora demandante de hacerse con la gestión del negocio. Además, tenía una excelente relación personal con Beatriz Álvarez, como él mismo reconoce a ABC. El 4 de febrero de 2023, la pretendiente «recibe un informe urbanístico solicitado por el Ateneo a la empresa Dédalos Arquitectura S. L. P. [también denunciada en este caso] en el que se detalla que, si bien no se ha encontrado licencia habilitante para la actividad de restauración, la legalización es viable asociada al uso principal y es viable disponer de una entrada o acceso por la calle Santa Catalina, 10», afirman desde A Goal Perfect.

Siempre según su versión, así es como pacta en mayo de 2023 pagar 900.000 euros por el traspaso y compra de activos a Santa Caralina Gourmet S. L.; la subrogación de la posición como arrendatario en julio siguiente; y el pago de una renta mensual de más de 6.632.86 euros, incluyendo impuestos, al Ateneo. Insiste esta parte en que los contratos se firman con el compromiso del «acceso independiente por la calle de Santa Catalina, 10, lo que indudablemente suponía un valor añadido en el negocio, que se tradujo en un incremento tanto del precio del traspaso del negocio como del precio de la mensualidad». La diferencia es que, sin ella, solo podrían entrar a consumir los socios, al hacerlo por Prado, 21, insisten.

Los acuerdos se materializaron y el negocio echó a andar de mano de Candela Arroyo y Mauricio Escribano. Pero una inspección de la Policía Municipal obligó a cesar la actividad el 10 de junio de 2024, tanto por la impracticabilidad de la entrada por Santa Catalina, 10, como por otras deficiencias subsanables con pequeñas obras.

La representación legal de Candela Arroyo asegura que, 16 días después, Dédalos Arquitectura emitió un nuevo informe que «contradice el anterior», al considerar que, efectivamente, esa entrada trasero es «incompatible con el acceso a un local comercial». Denuncia que ha sido «estafada tanto por parte del Ateneo como por Santa Caralina, ya que han aflorado una serie de documentos en los que se ha hecho evidente que ambos eran conocedores de la irregularidad en la que se encontraba el local con anterioridad a la firma de los contratos». Es decir, que habrían ocultado esa realidad y el acceso de marras ha sido clausurado permanentemente.

Hay una derivada más: según A Goal Perfect, ha denunciado a la junta directiva por amenazas, pues el 9 de octubre de 2024 le comunicó que precisaban de la salida de emergencia para dos actos y que, si no la dejaban expedita, llamarían a un cerrajero y a un notario para entrar«. Cosa que finalmente Luis Arroyo y su equipo hicieron. La Policía Nacional acudió, al saltar la alarma, y esa entrada estaba, según el propio Arroyo, condenada con muebles amontonados. Cambiaron también la cerradura.

Este periódico ha podido recabar la versión de Luis Arroyo sobre todo este quilombo, que es diametralmente opuesta a la de los denunciantes, a los que tacha de actuar judicialmente, entre otras cosas, para embarrar el proceso de desahucio que hay en marcha y que se va a dirimir muy pronto. «Estos señores eran conocidos y amigos míos, especialmente Beatriz. El Ateneo tenía problemas desde muy antiguo con el inquilino Santa Caralina. Cuando nosotros llegamos a la dirección de la institución, en mayo de 2021, La Cantina estaba cerrada. Ellos montaron una sociedad, A Goal Perfect, y nosotros se lo explicamos todo: sabían que no había una licencia desde hace más de un siglo, pero que existía un permiso implícito». Pagaron 1.500 euros por el informe de Dédalos, «que se lo trasladamos a Mauricio Escribano, quien enseguida tomó las riendas de la negociación». Afirma que ambas partes solicitaron la licencia municipal «de común acuerdo».

Así fue como empezó la nueva arrendataria a gestionar el restaurante, con la inversión de 300.000 euros por parte de tres personas, como filial de A Goal Perfect: la consultora María Zaplana (hija del exministro y expresidente valenciano); la periodista de Mediaset Isabel Jiménez, y la representante Elena Delgado. Pero comenzaron los problemas. «Antes de que A Goal Perfect llegara, un joyero montó una fiesta con una 'ópera garaje' y una vecina se quejó de madrugada por el ruido y puso una denuncia a La Cantina. Se presentó la Policía Municipal y se le explicó que no había licencia, por lo que interpusieron una denuncia», recuerda el presidente de la entidad ateneísta.

Y continúa: «Pero, ya con ellos en el negocio, llegó otra denuncia porque pusieron unas mesitas altas en la acera de Santa Catalina. El Ayuntamiento de Madrid tomó cartas en el asunto y emitió una orden de cierre. Me puse en contacto con el consistorio y expliqué que la habíamos solicitado». En Urbanismo les pidieron unos pequeños cambios y que se eliminara la puerta de acceso desde Santa Catalina, 10. «Esto debió de ser por el invierno de 2024, hace un año. Y A Goal Perfect comenzó a tener problemas con las inversoras externas y tampoco pagó el segundo plazo de los 900.000 euros a la anterior arrendataria.

«La orden de cierre llegó en mayo o junio –sigue Arroyo–, pero en abril ya habían dejado de pagar el alquiler y siguieron operando el negocio hasta finales de julio pasado. Dijeron que cerraban por vacaciones pero en agosto me dijo Mauricio que no podrían abrir en septiembre. Y eso que la licencia llegó por fin ese mes».

Es decir, según su versión, la adjudicataria dejó de abonar la renta antes de que retiraran la licencia histórica y, hasta el momento, debe diez mensualidades al Ateneo («que deben rondar los 100.000 euros»), además del presunto impago de buena parte de los 900.000 euros.

«El propio Mauricio me pidió abrir solo por Prado para los desayunos y las cenas; yo le dije que ese acceso es solo para socios, pero que podíamos habilitar un control para que los clientes del restaurante no pudieran colarse en la biblioteca u otras dependencias del edificio, pero no obtuve respuesta», asegura.

Considera el presidente del Ateneo que todo «es una querella para meter lío y que vaya por lo penal, ralentizar el proceso y llegar a un acuerdo». Arroyo y su directiva los tienen denunciados por lo civil por los impagos y hay una próxima vista para el desahucio: «Nos crean un problema de reputación y mancillan el nombre de la institución».