A oscuras en la Cañada Real: «El Covid ya nos da igual, estamos congelados»

A la mitad del trayecto, la comunidad musulmana se abre paso desde hace más de tres décadas. En esta parte, el trasiego de toxicómanos se diluye. La convivencia entre estas familias y las de etnia gitana, asentadas mayoritariamente en los flancos, es sana. «Aquí nos conocemos todos desde hace muchos años», resume un grupo de moradores, convencidos de que el abanico de prejuicios a los que deben hacer frente proviene de sectores políticos que no han pisado nunca la Cañada. «Que vengan y lo vean. Pero que vengan bien abrigados» , advierten Hamza y sus amigos. La desesperación se combate a golpe de manta. El sol se pone y las bajas temperaturas comienzan a hacer estragos.

Los más afortunados cuentan con generadores y calentadores de agua eléctricos. ¿Los menos? Estufas de gas y hogueras. Desde que el suministro eléctrico empezase a sufrir cortes hace ahora 86 días, son muchas las calamidades surgidas. La plataforma vecinal, creada a raíz de los apagones, mantiene contabilizadas 4.613 personas afectadas , de las cuales 1.812 no pasan de la mayoría de edad. Los pequeños, como Celia, son los más vulnerables. A sus dos años, resiste valiente en los brazos de Antonio, padre también de Zaira, un bebé de solo cinco meses: «¿Que cómo cuidamos a un bebé en estas condiciones? Apretándolo mucho contra el pecho».

El paseo torna gélido. Una pandilla de chiquillos se divierte en mitad de un descampado reconvertido en campo de fútbol. A las puertas de una vivienda, dos hombres mueven ficha mientras el resto se calienta junto a una chasca improvisada. La partida de damas continúa a duras penas, gracias al halo de luz que las llamas conceden. «El Covid ya nos da igual, estamos congelados», advierte el menos concentrado. La pandemia, visto lo visto, hace tiempo que dejó de «existir». «Y esa es otra de las graves consecuencias», recuerda Joaquín, «el de los cucos».

La inhalación de gases en el interior de las viviendas es otro de los quebraderos de cabeza. «Nosotros cocinamos con gas y nos calentamos con leña», explica Zakia, de 17 años, quien al igual que su hermano pequeño, de 12, y su madre, de 46, tuvieron que acudir al hospital debido a los mareos sufridos: «A mi hermano le encontraron monóxido de carbono en los análisis y pasamos una noche ingresados». Los vecinos del enclave afirman que son ya 44 los afectados por diversas intoxicaciones.

En otra de las parcelas, una quincena de personas celebran la llegada de un familiar con la música a todo trapo. Los decibelios aguantan gracias a un generador y el frío «se combate con palmas y bailes». Hablan los Isidros, una conocida familia de chatarreros que no se rinde pese a las inclemencias del tiempo. «Estamos fatal y así no podemos seguir», subraya el hermano del patriarca, antes de dejar un anhelo generalizado: «Si para que nos devuelvan la luz tienen que desmantelar todas las plantaciones, que vengan y lo hagan de una vez».

En ese sentido, la Policía Nacional ha llevado a cabo una serie de operaciones en el poblado a fin de poner coto a los cultivos ilegales de marihuana. El problema, según fuentes cercanas a la investigación, versa en la dificultad de cortar por lo sano todas las plantas: «Si desmantelamos una plantación, a los dos días aparece una nueva en otro terreno». La ONU pidió el pasado martes al Gobierno español que haga lo necesario para restablecer la electricidad en el asentamiento, mientras que Cáritas y la ONG Save The Children hicieron lo propio a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La crisis desatada en el sector más degradado de la Cañada Real se dirime también en el tablero político. A corto plazo, existe un pacto entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno para devolver la luz al enclave y poner así fin a la preocupante situación. Sin embargo, en palabras del consejero de Vivienda del Gobierno regional, David Pérez, una de las partes no está cumpliendo con lo acordado. «Hemos mantenido dos reuniones en las que se ha acordado poner en marcha un operativo para desmantelar las plantaciones», desgrana a ABC el consejero, que apunta a la inacción de la Delegación del Gobierno como la principal causa de lo acontecido en las últimas semanas.

«Algunos sectores de la izquierda, entre los que incluyo a la propia Delegación, están desviando el foco para atacar a la Comunidad, cuando son ellos los que tienen que cumplir con su responsabilidad», añade Pérez, sin dejar de valorar el trabajo constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A largo plazo, el proceso de realojo sigue su curso. Hasta ahora, 103 familias han sido reubicadas , 53 en pisos de la Agencia de Vivienda Social (repartidas en 27 municipios de la región) y 50 en casas adquiridas por el Ayuntamiento.

Desde UFD, la distribuidora de Naturgy encargada de suministrar la luz, aseguran trabajar en coordinación con el Comisionado de la Cañada Real y la Policía para poner solución a las interrupciones, «provocadas por la sobrecarga en la red que producen los consumos no localizados». La compañía se ha comprometido a intensificar los esfuerzos, «como ha hecho hasta ahora», dirigidos a intentar reponer el suministro en el menor tiempo posible «cada vez que se interrumpa el servicio por el uso ilegal e intensivo». No será fácil, a tenor de los últimos datos recabados por este diario: en el sector 6 de la Cañada, el consumo medio de electricidad es cuatro veces superior al de cualquier otra zona.