Luces y sombras en un año de la Ley de Transparencia

La norma resultó novedosa en su día. Supuso, aseguran en el Gobierno regional, «un gran reto y esfuerzo» por ser «mucho más ambiciosa que la de ámbito nacional». Por ejemplo, por la obligación de que los políticos dejaran constancia pública de con quién comían –siempre dentro de su actividad pública–; o la posibilidad de consultar los contratos menores que realiza la administración.

Incluso se establecía la creación –aprobada en septiembre en Consejo de Gobierno– de un registro de «lobbies» : una relación, pública, de los grupos de presión que quieran participar o influir, directa o indirectamente, en la toma de decisiones sobre políticas públicas en la Administración.

El Portal de Transparencia de la Comunidad es sumamente accesible y claro, y permite a cualquier ciudadano bucear en las interioridades de la Administración regional. Puede verse la agenda de los políticos, donde aparecen los actos públicos a los que va a asistir y las reuniones en que va a participar, con la especificación de quiénes más estarán en ellas. Pero raramente se especifican sus comidas.

En cuanto a la relación de gastos de representación y protocolo, sí figuran en sus correspondientes listados, pero en ocasiones son tan escasos en número que sólo una extremada austeridad o un carácter olvidadizo los explican . A comienzos de enero, aparecían actualizados sólo hasta el 15 de octubre. Desde el área recordaban lo especial que ha sido el año 2020, marcado por la pandemia del Covid, que nos tuvo a todos confinados en casa durante meses; un parón que, sin duda, tuvo que dejar también reflejo en la actividad pública de los cargos políticos. En todo caso, la Consejería de Transparencia tiene previsto emitir una directriz para que, a partir de este año, la publicación de gastos tenga que actualizarse trimestralmente.

Sí que pueden encontrarse datos como el curriculum de los representantes políticos, sus sueldos y los de sus asesores , e incluso los coches oficiales que se utilizan y por quién.

Los responsables de la Consejería de Transparencia destacan de entre los avances en la materia alcanzados durante este primer año de funcionamiento de la nueva norma sus cumplimientos: «La constitución de la Oficina de Coordinación de la Transparencia ; la creación de Unidades de Transparencia, con entidad propia, en cada una de las consejerías; la puesta en marcha de los Ficheros, Registros de Acceso y Reclamaciones y Registro de Transparencia, conocido coloquialmente como el registro de lobbies, al que ya se han adherido los primeros consistorios de la región; o un nuevo diseño del Portal de Transparencia».

La obligación de los cargos políticos de «publicar cuándo se reúnen y con quién, así como para qué», entre otros muchos datos que ahora tienen que ser públicos, «ha supuesto un cambio revolucionario en la forma de hacer política», para que la Administración tenga «paredes de cristal», aseguran. Ya son públicas la lista de espera de servicios sociales, sanitarios y educativos y las quejas sobre estos servicios. Para el viceconsejero de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Lara, «todavía queda mucho camino por recorrer» ; sobre todo, «conseguir que la transparencia se perciba por los ciudadanos como un valor habitual, de obligado cumplimiento, que deje de tener la etiqueta de extraordinaria».

Lara cree que este «no debe ser un escenario de enfrentamiento, sino de colaboración»: «De nada sirve que las administraciones o los partidos recriminemos los defectos y carencias que vemos en el adversario en transparencia. La línea a seguir es la cooperación, para poder implantar los mecanismos que permitan serlo cada día más».

Claro que la percepción es distinta desde otros ángulos. Javier Cañadas, diputado de Unidas Podemos, opina que «la valoración de la transparencia en la Comunidad de Madrid es muy deficiente» . Reprochan al consejero y vicepresidente, Ignacio Aguado, falta de datos en su agenda y «que no haya asistido a ninguna de las comparecencias en la comisión de Transparencia».

También encuentran escasísimos los presupuestos para este fin: «Somos porcentualmente una de las comunidades que menos invierte en transparencia: de cada cien euros, Madrid invierte dos céntimos ». Cañadas cree que «el cumplimiento global de la Ley de Transparencia ha sido insuficiente». Es más, a su juicio, «las consejerías funcionan como reinos de taifas, donde la publicación de información es desigual», lo que ha provocado que el Consejo de Transparencia «haya elaborado numerosas resoluciones instando a las consejerías a cumplir la ley». Su conclusión es que ha sido «una oportunidad desaprovechada, de una ley que, sin ser perfecta, es positiva».

Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid, también es crítico: «Es una ley ambiciosa y en ciertos aspectos compleja», reconoce; pero, «aunque se esté dando cumplimiento a la parte técnica, la transparencia del Gobierno de Ayuso brilla por su ausencia, tanto en la pésima calidad de las respuestas parlamentarias, como en aspectos clave de la gestión relativa a miles de contratos sin pliegos conocidos y adjudicados discrecionalmente».