Investigado un edil del PSOE en Getafe por suplantar la firma de una trabajadora municipal

El proceso remite a los 25 despedidos de la empresa Lyma por cobrar, supuestamente, facturas falsas. Como informó ABC a finales del año pasado, se expedientó a más de una veintena de empleados, que después fueron expulsados, por presentar extractos médicos fraudulentos para cobrar una prestación social. El importe estafado, referido fundamentalmente a recibos de ópticas y dentistas, ronda los 14.000 euros . Los afectados han llevado el caso a los tribunales y ya se han declarado improcedentes tres de ellos.

La clave de varios casos, explica la defensa de algunos de los trabajadores, es que la empresa municipal no aportó los expedientes sancionadores como justificación. Sin embargo, en uno sí se aportó un documento, inexistente en el resto, en el que la sancionada reconocía las irregularidades cometidas y pedía perdón por ello . La propia afectada, en cambio, no reconoció su firma y negó haber redactado cualquier carta en ese sentido. «Basta con ver el resto de documentos para certificar que la firma no es la de mi defendida; no hay duda de que está falsificada», sostiene su abogado.

Ante esta situación, la trabajadora presentó una denuncia contra Muñoz y Fernández, a los que les acusa de los delitos de falsificación documental y fraude y estafa procesal, como máximos responsables de la entidad. Ante esto, con cierta celeridad, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha incoado diligencias previas.

El juez, según ha podido saber este diario, considera «esencial» la veracidad de este documento. La mujer despedida ha solicitado como prueba un examen caligráfico, para dirimir si, como sostiene, se suplantó su identidad en la redacción y la firma.

Ángel Muñoz y Antonio de María Fernández están citados a declarar el próximo 25 de septiembre, según el auto judicial, firmado el pasado 14 de julio, al que ha tenido acceso ABC. El concejal socialista declarará a las 10 horas; mientras que el gerente de Lyma lo hará media hora después.

El objetivo de la trabajadora, más allá de la acusación a los responsables, es que se impugne el documento y, por tanto, se abra la posibilidad de ser readmitida. Una vez que el juzgado considere improcedente el despido, el empleado –según el convenio– tiene dos opciones: una indemnización económica o ser readmitido.

En los casos conocidos hasta la fecha, los tres han elegido volver a su puesto de trabajo; uno ya lo ha hecho y los otros dos, cuyas sentencias se notificaron el viernes, están a la espera. El Ayuntamiento de Getafe, que dirige la también secretaria general del PSOE-M , Sara Hernández , abrió una investigación interna el pasado verano. Analizadas las facturas, comprobaron que las asistencias que se reclamaron nunca se produjeron. Supuestamente, se manipularon recibos para cobrar hasta 600 euros al año. Aunque estas pruebas se centran en el año anterior, fuentes municipales indicaron entonces que la práctica podría remontarse a 2014, cuando el PP aún gobernaba, por valor de 40.000 euros.