Guerra vecinal contra la incineradora de Valdemingómez: «¡Aquí ya no podemos respirar!»

El problema, enquistado desde hace años, no solo afecta a los habitantes del conflictivo sector 6 de la Cañada Real. También el barrio del Ensanche de Vallecas, en Madrid, y las poblaciones cercanas de Rivas Vaciamadrid y Perales del Río, en Getafe, soportan a diario los olores procedentes de la planta. Y fuera de los puntos más críticos, el viento puede incluso trasladar el problema hasta el municipio de Arganda del Rey o los distritos capitalinos de Villa de Vallecas –más allá del Ensanche–, Vicálvaro o Villaverde. Un panorama desolador que, con motivo del vencimiento en 2020 del contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Urbaser que gestiona el centro de basuras, ha reactivado la lucha ciudadana para impedir su renovación.

En junio del año pasado, la Alianza «Incineradora de Valdemingómez No» –formada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y asociaciones de vecinos, ecologistas, Ampas y afectados, entre otros grupos– vio la luz con el objetivo de agrupar todas las fuerzas posibles de cara a una batalla que se prevé larga, costosa y compleja. «Era importante empezar a movernos con dos años de antelación dada la necesidad de establecer un plan de residuos alternativo que haga innecesaria la incineradora», avisa el portavoz de Rivas Aire Limpio, Javier Navascués , quien junto a otros representantes del colectivo acompañó a ABC hasta los terrenos habitados más próximos. Allí, el trasiego constante de camiones que transportan materiales pesados en dirección al vertedero pone el «broche de oro» a un territorio marcado por la degradación.

En el camino de tierra principal, flanqueado por todo tipo de construcciones, la pestilencia no borra la sonrisa de dos chiquillos que circulan a bordo de un quad. «En realidad huele que alimenta», bromea uno de los lugareños. Otra familia invita a observar desde su vivienda el flujo de humo que sale de la vetusta chimenea de la incineradora . «En días de mucho aire, ¡no se puede respirar! Tenemos que cerrar las ventanas y vigilar que los niños no salgan de casa», señala la matriarca, que no duda en describir la situación con una frase lapidaria: «Rara es la familia que no tiene a gente muerta o enferma por el cáncer».

Hace dos años, 36 vecinos de Rivas –familiares de fallecidos o aquejados de graves enfermedades que podrían relacionarse con la actividad de la planta– interpusieron una denuncia penal contra el ex director general de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, José Trigueros, por conceder en 2008 una nueva autorización ambiental a la incineradora sin solicitar, presuntamente, un estudio previo de impacto ambiental. Pese a que fue admitida a trámite, el juez archivó la causa en 2017 al no apreciar prevaricación «dejando a salvo no obstante el derecho que pudiera asistir a los perjudicados para ejercitar las acciones civiles que pudieran corresponderles». La resolución estimaba que el denunciado no hizo más que aprobar el dictamen que le presentaron los técnicos, y, que al tratarse de una instalación ya existente, la exigencia del estudio no está amparada por la ley. «Hemos recurrido la sentencia porque seguimos pensando que aquello se hizo de forma irregular», subraya Navascués, convencido de los pasos dados hasta la fecha.

Desde la Alianza piden al Gobierno de Manuela Carmena que «respete el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, y clausure la incineradora». En su lugar, promueven la implantación de un modelo de residuos cero en la gestión de las basuras de Madrid. «El Ayuntamiento es el responsable de la planta de Las Lomas y, por tanto, posee la última palabra. Pero también la Comunidad de Madrid , que tiene la responsabilidad de velar por la salud pública y controlar el medioambiente», incide el portavoz. Para lograr su demanda, han abierto una recogida de firmas en la web de participación ciudadana Madrid Decide que, en caso de alcanzar los 27.064 apoyos necesarios, deberá ser asumida por el equipo de Gobierno en el Pleno.

Dentro de la estrategia inicial de difusión, los representantes de la Alianza remarcan que «en solo siete días, casi 200 establecimientos colocaron el cartel informativo y se ofrecieron también para recoger firmas». Otro punto acordado es la manifestación que próximamente llevarán a cabo en Villa de Vallecas . «La población debe saber que ahora mismo es como si nos pusieran una nueva incineradora. Si renuevan el contrato, no volverá a haber una oportunidad así hasta dentro de 25 años», prosigue Navascués.

A finales de octubre, la Asamblea de Madrid acordó realizar, en el plazo de 12 meses, un informe epidemiológico de la incineradora y los núcleos urbanos adyacentes, coordinándose con los Consistorios de Madrid, Getafe y Rivas, además de la colaboración científica del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud de Carlos III. Esta decisión llegaba seis meses después de que el propio Ayuntamiento de Madrid, por unanimidad plenaria , aprobase «evaluar la incidencia sobre la salud de las emisiones procedentes del Parque Tecnológico de Valdemingómez». Ambos estudios aún se encuentran en fase inicial.