El plan de la Cañada Real fuerza el éxodo de los clanes de la droga

Hay dos motivos para este éxodo. De un lado, la presión policial que hace que desde hace tiempo, tras cada golpe asestado a estas mafias se derriben los búnkeres de la droga, y de otro, el Pacto Regional de la Cañada firmado en mayo pasado que pretende resolver la situación de esta franja, la 6, y la 1 (Coslada y Vicálvaro) antes de que acabe esta legislatura en 2019. El primero es el más conflictivo y el más extenso del asentamiento ilegal que abarca 6,6 kilómetros y cuenta con 2.953 habitantes , según los datos del último censo del total de 14,5 kilómetros y 7.283 personas de toda la Cañada que se divide en seis zonas.

Las afecciones urbanísticas insalvables que afectan al tramo vallecano, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la delincuencia han hecho que las administraciones opten por su derribo. Se prevén realojos para quienes reúnan los requisitos previstos. Los términos serán acordados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento este mes, según adelantaron.

En esta primera fase también se solventará el futuro del sector 1, el enclavado en Coslada y en el distrito de Vicálvaro . Sus 499 moradores y sus 194 edificaciones serán consolidadas, al estar prácticamente integradas en el planeamiento. El resto serán realojados. Con ello, más del 60% del asentamiento habrá sido ordenado.

Mientras llega el momento de que la zona de Valdemingómez pase a mejor vida, como hicieran en su día Las Barranquillas , La Celsa o La Rosilla - otros núcleos en donde los clanes de la droga establecieron sus negocios de la muerte-, la vida sigue en este submundo. Y con ello, el trasiego de toxicómanos , las cundas y los machacas de los narcos ofreciendo la merca y dando el agua por si viene la «pasma» (policía). Cuando esta entre en las lujosas edificaciones están vacías. Los narcos hace tiempo que se fueron.

Los escombros se amontonan a un lado en las entrañas de la calle de Francisco Álvarez , la parte más degradada. Son los puntos de venta derribados tras la detención de los traficantes. Han menguado en número y se nota y también en la presencia de clientela, aunque está nunca falta. En algunos solares los búnkeres han sido sustituidos por casetas de obra y/o roulottes, a las que llaman «yanquies». Son más baratas que construir los laberínticos recintos con puertas y ventanucos blindados y salas para consumir.

En algunos han rotulado la palabra «kiosco» y otros son las caravanas de marcas comerciales en donde los señores de la droga tienen lo justo: una balanza y pequeñas cantidades que van reponiendo. Junto a la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada media docena de toxicómanos reposan como zombis. Enfrente, una unidad móvil de Madrid Salud reparte jeringuillas y metadona. «Estamos en una zona alejada, no molestamos a nadie. Yo vengo, consumo y me voy. Si tiran esto nos tendremos que ir al centro de Madrid, como en los 80», dice una mujer en un Mercedes. De no estar aquí nadie sospecharía qué problema sufre.

« No sabemos qué va a ser de nosotros . No me creo nada. Llevan un montón de años diciendo que van a arreglar esto y aquí seguimos», dice Samara, de etnia gitana. Tiene 18 años y su familia ha ido recalando de poblado en poblado: Pitis, La Coma,... «Si nos dieran un piso nos vendría de perlas», explica otra vecina. Los más indignados son los responsables de empresas. «Llevamos aquí 18 años vendiendo ladrillos y cemento y ahora el Ayuntamiento nos ordena el cese de la actividad, eso supone echarnos. No lo vamos a consentir», dice María.

«¿Queréis tres paquetes de tabaco por cinco euros?», ofrece una joven con el mono al mejor postor. Es el precio de una dosis. El negocio no decae . No lo hará, aquí o en otro lugar.