Los escándalos protagonizados por los ediles de Somos Alcalá investigados por la Fiscalía

Según el Ministerio Público, cinco asociaciones beneficiadas que obtuvieron la máxima puntuación estaban dirigidas por personas vinculadas directamente con cuatro de los seis concejales que formaban parte de la Comisión Evaluadora, pertenecientes al grupo municipal Somos Alcalá. Se tratal líder de la formación Jesús Abad, portavoz del grupo y responsable de Acción Social; Laura Martín, del área de Participación, Ciudadanía y Distritos; Alberto Egido, encargado de Medio Ambiente y Brianda Yañez, responsables de Transparencia e Innovación Social.

El Ayuntamiento lo gobierna el PSOE en coalición con los seis concejales de Somos Alcalá y una edil del grupo mixto. Ahora, fuentes de la formación morada indiocaron que se formará un equipo técnico (una especie de gestora) para asumir la gestión del partido y que se hará un proceso de primarias a la «mayor brevedad posible».

En el caso de las ayudas públicas que ha provocado la suspensión de militancia, adelantado por ABC en diciembre de 2016 , Intervención general detectó que no se facilitaron los criterios de punturación de los 40.000 euros concedidos . Las entidades beneficiadas con la máxima puntuación, según la Fiscalía, estaban vinculadas a los citados concejales, que formaban parte de la comisión evaluadora. De ahí que, este órgano ordene abrir el procedimiento penal por la supuesta «manipulación de la convocatoria. Una de las asociaciones bajo sospecha registró el dominio web de Podemos y su marca municipal en 2014.

Abad, en una grabación en la asamblea del partido celebrado en mayo pasado, difundida por este diario, reconoció: «¡Sí, hemos contratado a familiares del partido y concejales!». « Sí. Lo digo alto, claro y con orgullo ».

Meses más tarde, en marzo de 2017, se celebró en dependencias municipales una fiesta con una stripper para celebrar la jubilación de un funcionario. En el escándalo se involucró a un edil socialista y a otro de Somos Alcalá. El gobierno municipal se negó a crear una comisión de investigación y el caso se cerró caso culpando a los trabajadores que organizaron al celebración. Se anunciaron expedientes.

Otro de los episodios más llamativos fue la adjudicación de un contrato de 165.000 euros a dos organizaciones vinculadas a la formación morada, para «dar un servicio de dinamización integral de participación ciudadana». Era una UTE formada por la consultora Cimas y la cooperativa Andaira que, según denunció el PP local, tenía en sus filas a integrantes «muy vinculados al movimiento okupa».

Otro de los casos más sonados fue el de amparar un documental anarquista, junto al PSOE; contra Cáritas y el Banco de Alimentos. La emisión, titulada, «Ouróboros. La espiral de la pobreza», enmarcada en la Semana de la Solidaridad, censuraba la labor de ambas entidades por su vinculación con la Iglesia.