La Comunidad de Madrid calcula que la okupación de viviendas ha caído un 65% desde octubre

Ayer por la mañana, el consejero visitó una vivienda «bunkerizada» en el distrito madrileño de Tetuán , donde han instalado medidas de seguridad para evitar que sea okupada. Pérez comprobó el sistema de blindaje de puertas y ventanas, que se retira una vez la casa se entrega a la familia que le corresponde y que después se traslada a otros domicilios susceptibles de ser okupados.

La Comunidad destina 4 millones de euros a la seguridad, reparación y bunkerización del parque de la Agencia de Vivienda Social (AVS). En una de las más de 23.200 viviendas sociales, Pérez ha defendido la «tolerancia cero a la okupación» por su coste social , al impedir que las familias puedan habitar «la vivienda que les corresponde»; por el coste legal , ya que «se pisotea el derecho a la propiedad privada»; y por el coste económico que supone «reconstruir las viviendas desokupadas», que puede ascender hasta los 30.000 euros.

La Mesa de Vivienda y Ocupación, en la que también participa la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, trabaja para elaborar protocolos, interponer denuncias «contra las mafias» y socilitar cambios en la legislación para que las comunidades autónomas puedan luchar contra la okupación.