Okupación salvaje: la España secuestrada

Yuncos, con un centenar de viviendas ocupadas, y Lominchar, con más de 80, son ejemplo extremo de la infección de usurpaciones que azota hace años a la parte toledana de la comarca de La Sagra . Tierra cervantina salpicada por una treintena de pequeños municipios, suma unos 180.000 habitantes y está fuertemente condicionada por el efecto frontera con Madrid. Uno de ellos ha llegado a contar más de un millar de casas con okupas, en buena parte sujetos que rehuyen los precios de la gran ciudad. Algo que se repite en los bordes metropolitanos de Barcelona, en las afueras de Vigo, de otras grandes urbes como Valencia, Sevilla...

Hoy La Sagra supera las 800 ocupaciones. El promedio es insoportable. El estado de alarma declarado por la pandemia ha reactivado en esta comarca como en tantas otras este fenómeno corrosivo. Se están viendo entradas ilegales en propiedades que ya se habían vaciado. En ocasiones, se trata de restar dimensión a lo que está ocurriendo destacando que la mayoría de las propiedades expoliadas pertenecen a bancos, inmobiliarias o fondos de inversión . Cuando el secuestro de la convivencia y la intimidación vecinal es la misma que si se profana un piso privado. A pesar de lo cual no hay un mapa exacto que retrate su alcance.

Ni la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o las Fuerzas de Seguridad han radiografiado todavía la mancha de la okupación, reflejo de que se está peligrosamente lejos de ponerle remedio. Aunque fuentes oficiales aseguraron este viernes que «ya se está empezando a trabajar con los datos para hacer un análisis pormenorizado» e identificar focos. La estadística del Ministerio del Interior, enfatizan desde allí, no revela un gran incremento cuantitativo de enero a junio: 7.093 «hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles» en 2019 frente a 7.450 este año . Lo que no es lo mismo que denuncias, porque en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se lamentan de que algo que dificulta avanzar es que las ocupaciones no se denuncian.

Testimonios ofrecidos por víctimas directas e indirectas explican por qué. La ausencia clamorosa de herramientas legales obliga a ayuntamientos, a asociaciones vecinales y a los particulares a tomar la acción por sí mismos, con la consiguiente sobreexposición a las iras de los intrusos. Y de ahí a la pesadilla.

«A veces hay que actuar al límite de la ley o un poquito más allá, porque hablamos del derecho a la vida digna, pero también del derecho a la propiedad y a una convivencia normalizada y saludable» , reconocen desde La Sagra una autoridad local en expresión de la desesperación que sufren.

En palabras de María José Gallego, «no es una ocupación social, sino delictiva, que genera multitud de situaciones violentas. Nadie les puede llamar la atención porque aparecen coches arañados, ruedas pinchadas... campan a sus anchas y los vecinos no podemos entrar al cuerpo a cuerpo». «En Yuncos -añade- tenemos algunos que en invierno residen en un bloque y en verano se van a un chalet con piscina... Hay mafias: cuando dejan una propiedad avisan , de tal manera que salen unos y entran otros. En caso de desahucio, cuando llega el lanzamiento, en vez de las personas a las a que se busca están dentro las siguientes, de modo que hay que empezar de nuevo el procedimiento». La cadena de fechorías es infinita . Trapicheo de drogas, enganches clandestinos de luz que desembocan en incendios frecuentes, coacciones, extorsión. Seis mil euros a cambio de dejar libre una casa o ahí se quedan.

A la alcaldesa le cuesta enumerarlas -«me siento frustrada, impotente», confiesa-, y cuenta que tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, entre los años 2009 y 2015, llegaron a acumularse en Yuncos más de 300 ocupaciones de unifamiliares de dos plantas a punto de terminar o de estrenar. Pero eran gentes golpeadas por la crisis, explica, con necesidades, a las que el Ayuntamiento pudo ayudar con programas de integración social. Se recondujeron muchos casos, pero el centenar que se negó, que sigue ahí y los que se han sumado «en el momento de la orden de confinamiento», no quieren vivir de otro modo. «Tienen buenos coches, buenos móviles, manejan dinero y se dedican a amedrentar a la familia de al lado, que paga una hipoteca exhorbitante...hay mucho temor» , describe Gallego, y concluye: «Ninguna vivienda está a salvo».

Ahí está el pavor ante lo que está por venir. Lo explica Luis Miguel Martín, alcalde de Yuncler, que ha representado a la comarca en una reunión entre administraciones convocada este julio en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Su pueblo suma 3.700 habitantes y una veintena de propiedades ocupadas, no especialmente conflictivas. «La mitad no da problemas», resume. Pero vaticina que el fenómeno de los usurpadores salvajes se va extender con la crisis en curso y, da por hecho, va a llegar a su pueblo. «Es el mayor problema social, nunca hemos tenido percepción de un problema tan grave de inseguridad. Es una bomba de relojería. Y nos va a tocar», avisa.

Experto en el sector inmobiliario, Martín apunta a la responsabilidad de los bancos que, en espera de decisiones judiciales, se han desentendido de urbanizaciones enteras cuando las promotoras a las que financiaban quebraron y entraron en concurso de acreedores. Tras ello, muchas acabaron vendiendo sus deudas y pisos a «empresas pirata», que después los «alquilan a 100 o 200 euros al mes, aunque los inquilinos al poco dejan de pagar... para qué...».

El reproche a los bancos es, pues, unánime. La alcaldesa de Yuncos certifica que su ayuntamiento ha abierto expedientes sancionadores contra entidades de ese tipo «por abandono, por las condiciones de salubridad de inmuebles de los que son propietarios», al tiempo que da fe de la imposibilidad de «encontrarles como interlocutores». La exigencia que dirigen las autoridades municipales al Gobierno es que se les obligue a hacerse cargo de las construcciones, terminadas o no, de modo que no haya lugar a es dejación de la que se ocupan los expoliadores profesionales.

Luis Miguel Martínez pone como ejemplo una promoción en Recas (4.200 habitantes) donde se registraron 90 chalés okupados de 120 . En el propio Yuncler, precisa que un inversor compró diez viviendas y ya ha entrado gente a quedarse ilegalmente en dos, «así quién va a vender lo demás..», reflexiona. Ayuntamiento y particulares tabican sin descanso. «No nos queda más remedio. Se han venido arriba, ellos mismos llaman a colegas del cinturón sur de Madrid para que se vengan a vivir aquí gratis, pero veo que traen una Mercedes Vito de 30.000 euros, también funciona el boca-oreja, a veces ocupan casas de más y las alquilan a otros... Estamos haciendo malabares para no empadronarles y que encima pidan ayudas. Eso sí que ha experimentado un repunte. Es surrealista».

Aunque para surrealista, en la colindante comarca de de Torrijos, provincia de Toledo, el caso de Escalona (3.500 habitantes), un municipio asomado a las playas del río Alberche, donde hace años se hace «turismo de okupación». Esto es, se entra ilegalmente en chalets ajenos que son segundas viviendas durante un fin de semana en verano o 15 días , y después llegan otros a tomar el relevo. Su alcalde y presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, del PSOE, se dirigía este julio a los ministerios de Justicia e Interior pidiéndoles que hagan «lo necesario» para que se pueda «dar respuesta policial a estos actos». «No podemos consentir -subrayaba por escrito- que la ciudadanía perciba que estos delincuentes cuentan con el respaldo implícito de las autoridades gubernamentales al no actuar para lograr una solución».

En una entrevista con ABC Toledo, el alcalde de Lominchar advertía este verano que el crecimiento de La Sagra, «referente de progreso, está truncado por esta situación irregular» de la okupación que se está llevando por delante el bienestar de los pueblos. Las inversiones vuelan y a los vecinos que quieren marcharse «no les dan por sus casas ni lo que deben de hipoteca», comentan los alcaldes. Y lo dicho, ven que lo peor está por llegar.