El Ayuntamiento reconoce que la «playa» de Colón no verá la luz

Este hecho supone retrasar su puesta en marcha hasta mediados de agosto -incluidos los 10 días que los promotores calculan para acometer los trabajos de montaje-, lo que dejaría un irrisorio margen para el uso de la instalación. Tras hacerse pública el nuevo escollo administrativo, desde «MadBeach» se limitaron a lanzar un escueto comunicado en el que aseguran que «continuarán analizando junto con el Ayuntamiento de Madrid las diversas posibilidades de llevar a cabo el proyecto y garantizar así una propuesta innovadora y de calidad para los ciudadanos».

Maestre explicó que, como se trataba de un evento nuevo en la ciudad, que nunca se había desarrollado, el Consistorio desconocía la fórmula del procedimiento administrativo. «Se ha detectado que debe aplicarse la Ley de patrimonio en su artículo 96.4, que obliga a dar publicidad al procedimiento de concesión demanial durante 30 días para que otras empresas interesadas en este mismo proyecto puedan participar si lo desean», detalló Maestre. La licitación se ha de llevar a cabo, como detallaron desde el Área de Cultura y Deportes, porque no se puede comprobar que el proyecto sea «genuinamente» de los promotores. Si la idea fuese exclusiva, no requeriría su publicidad.

Otro problema añadido con el que se ha encontrado el equipo de Manuela Carmena es que Comanchería Inversiones , el interesado en situar el parque acuático en los Jardines del Descubrimiento , ha cambiado de personalidad jurídica a lo largo del proceso, complicando las comunicaciones y la realización de los trámites administrativos pertinentes.

Pese a que la tramitación continúa, el Consistorio y la empresa privada también deben de salvar las alegaciones de los vecinos, que ayer presentaron una nueva tanda de alegatos en contra de «MadBeach». «Se plantea una contratación en base a un único proyecto presentado con lo que es evidente que, en modo alguno, se haya realizado la actuación administrativa con una completa transparencia», subrayan en su recurso. También recuerdan el cambio de objeto social de la compañía, lo que marca la «improvisación» del proceso.

Además de la exención del pago de las tasas («resulta totalmente desproporcionado el coste de mercado de 50 euros que señalan los impulsores para justificar tal petición»), cuestionan el permiso para superar el nivel de ruido y la falta de definición de la acometida del agua.