El Ayuntamiento mantiene abierto, con licencia deportiva, el mayor prostíbulo de Madrid

Y así sigue, entre otras cosas, con la anuencia de un Ayuntamiento , el de Ahora Madrid, que se jacta de su defensa de las mujeres. Hace un mes, quedó reflejada en el registro municipal una nueva «licencia de declaración responsable», que se suma a la del pasado julio. El controvertido establecimiento en el que cada día son, presuntamente, explotadas decenas de chicas, está o ha estado inserto en multitud de casos abiertos por la Guardia Civil y la Policía Nacional . Instrucciones que abarcan desde la trata de mujeres a delitos de extranjería, pasando por el blanqueo de millones.

El entramado es tan sofisticado como surrealista, si se tiene en cuenta el objeto social de las mercantiles a las que pertenece y, para colmo, los permisos de que disfruta esta fábrica de esclavizar a mujeres, sobre todo del Este. Por cierto, tienen que pagar para trabajar allí y, si quieren cobrar, volver al día siguiente , explican fuentes policiales.

Por ejemplo, la licencia municipal está troceada según sus espacios: desde el 26 de julio pasado, cuenta, según datos municipales, en su zona 4 con una «declaración responsable sin uso de conformidad» como «instalaciones deportivas de utilización general privado» en su uso principal. Como si de un spa se tratase.

Pero es que, desde este mismo 6 de febrero de 2018 , obra otra, de uso terciario, a nombre de la mercantil Madrid Natural Events . Lo más curioso es que esta empresa, con sede social en el mismo edificio, tienen como objeto, literalmente: la «avicultura, producción agrícola combinada con la producción ganadera. Caza, captura de animales. Silvicultura y otras actividades forestales. Explotación de la madera. Elaboración de productos cárnicos y voladería. Conservación de frutas». Cualquier parecido con la realidad no es más que una triste metáfora de muy mal gusto.

Ya en noviembre de 2013, en época de Ana Botella (PP), le fue concedida la licencia a otra empresa, también instalada en el mismo inmueble, llamada Gesdevi 15 S. L. , dedicada a la «gestión, explotación y comercialización de establecimientos dedicados al servicio de la hostelería y la restauración, así como sala de fiestas y discotecas ».

Su supuesto responsable, Ángel Crispín Gilaranz Velasco , es el eje de las pesquisas que se siguen (y van para largo) contra la llamada operación Pompeya por Fernando Andreu en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Hay seis piezas abiertas y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) están a la espera de que el Ministerio de Hacienda les envíe los informes de la Agencia Tributaria, sobre todo aquellos que hacen referencia a los proxenetas encausados en la trama millonaria.

El territorio del considerado como el «emperador» de la prostitución no se limita al Vive Madrid. También cuenta con otros negocios similares como Olympo, en Collado Villalba, y Princess Room, en Torrejón de Ardoz . Por cierto, el primero de ellos, hace una década, fue objeto de un incendio cuando las chicas dormían dentro y la Guardia Civil tuvo que rescatarlas y llevarlas al cuartel, en pleno mes de diciembre.

A raíz de la operación Pompeya , la UDEF ha solicitado al juez Andreu su clausura, al percatarse de la evidente labor delictiva en torno a estos locales, pero el magistrado se ha negado. Siguen a pleno funcionamiento. Y, con ellos, la rueda de dinero y de la vejación a la mujer.

Ángel Crispín Gilaranz Velasco es uno de los presuntos cabecillas una corruptela conformada por cinco organizaciones , según las tesis policiales y de la Fiscalía. Como adelantó ABC, la querella inicial calculaba que eran 140 millones los defraudados a Hacienda. Luego, la cifra ascendió a 250 millones, aunque, como decimos, faltan los esperados informes de la Agencia Tributaria . En la fase de explotación de la operación, fueron detenidas 66 personas, relacionadas con 14 clubes de alterne. En el caso de Gilaranz, el sumario habla de que «ha podido ocultar una cantidad cercana a los 18 millones de euros en diez años».

En líneas generales, el «modus operandi» consistía en que los cinco grupos investigados cobraban los servicios de las prostitutas con unos datáfonos. La empresa que los gestionaba se llevaba un 10% de comisión a cambio de ocultar los cobros.

El blanqueo de capitales incluía la creación de empresas interpuestas y múltiples inversiones, tanto inmobiliarias (promociones de lujo) como en hostelería, con varios restaurantes en Madrid , como el investigado La Embajada, en Juan Bravo, 43.