Los amos de los prostíbulos defraudan a Hacienda más de 200 millones de euros

«Ha podido ocultar una cantidad cercana a los 18 millones de euros en diez años», recoge el sumario de la operación Pompeya, al que ha tenido acceso ABC, en referencia a uno de los principales investigados: Ángel Crispín Gilaranz Velasco, dueño del Vive Madrid, uno de los prostíbulos de referencia y de otros dos locales el Luxury, en Collado Villalba, y el Olimpo, en Torrejón de Ardoz.

Las cinco organizaciones compartían vía defraudatoria: los pagos de los servicios sexuales a través de TPVs (datáfonos), que gestionaba la empresa Larratruk y su sucesora Nuevas Larratruk para ocultar esos ingresos a cambio de una comisión del 10 por ciento que se cobraba al cliente del servicio sexual.

La Policía considera que esta trama –la de Crispín Gilaranz– actúa con unidad de acción, de manera que todos los beneficios acaban en cuentas donde figuran miembros del grupo. Constituyen y sustituyen periódicamente sociedades (tanto para gestionar los locales como los cobros) con el fin de dificultar la investigación , otro de sus sellos. Igual que las inversiones inmobiliarias basadas en las ganancias de los tres negocios. «Amortizan los préstamos hipotecarios en breves intervalos de tiempo», subrayan los investigadores. Un ejemplo: pagaron en diez años más de dos millones de euros destinados a comprar el ViveMadrid. Más tarde varias sociedades de la trama se lo arriendan entre ellas; así han obtenido otros dos millones.

En 2007, una de sus sociedades compró cuatro inmuebles en Estepona (Málaga). Puso 171.639 euros en efectivo y otros 400.000 mediante siete cheques bancarios. La Policía cree que ese dinero llegó directo de las remesas de los datáfonos o de los arrendamientos ficticios. El patrimonio del entramado supera los seis millones de euros y han comprado otros establecimientos de hostelería en lugares estratégicos de Madrid (Juan Bravo y Avenida de América) para justificar los beneficios de los clubes.

Los líderes de las cinco organizaciones son: Antonio Herrero y su socio José Vera, ambos condenados por la Audiencia de Barcelona y exonerados por el Tribunal Supremo; el citado Gilaranz Velasco, Santos Pérez Vargas, José Arsenio Pérez Viéitez y José Moreno Gómez. En sus negocios trabajan mujeres rumanas, brasileñas, nigerianas, colombianas, ecuatorianas, búlgaras, moldavas, ucranianas. De cinco de la tarde a tres de la madrugada, con la máquina del dinero funcionado sin tregua. Herrero era el dueño del polémico club Riviera y se sentó en el banquillo por entregar dinero y regalos a mandos de la Policía, entre otros delitos. En junio, fue detenido junto al resto de investigados.

Santos Pérez Vargas, alias Tati , lleva vinculado al proxenetismo desde los años 70 y se ha hecho rico comerciando con el sexo. Ya en el año 2000 él y sus socios Antonio Herrero y José Arsenio Pérez eran responsables de veinte clubes. Luego empezaron a diversificar el negocio y a invertir en la construcción y en la compraventa de inmuebles. Dejó a sus socios y comenzó su camino en solitario.

Tiene cuatro prostíbulos en País Vasco y Navarra: L’Arroxa, Errotaberri, Huracan 2000 y Frontera, que figuran como hoteles o pensiones y que, según recoge el sumario, habrían defraudado más de 31 millones de euros. Su mano derecha es un expolicía que fue detenido por tráfico de drogas en Irún. Sus tres hijos, su exmujer y su actual pareja trabajan en el negocio.

Entre 1995 y 2014 la organización de Pérez Vargas compró 361 vehículos, muchos de ellos de gama alta. Más de 7 millones de euros en coches: Audi, BMW, Porsche, Mercedes, Toyota, Ferrari ... En ocasiones les duran tres o cuatro meses y se transfieren a otro titular. «Tati» y su organización no paran de ganar dinero y han desarrollado, como el resto de las tramas investigadas, una estructura de blanqueo para ocultar esos fondos. La Policía ha detectado los siguientes sistemas: inversión directa en bienes muebles e inmuebles y en productos financieros; ampliaciones de capital; inversión en el exterior (en Hendaya tiene una casa en primera línea de playa de un millón de euros y un barco), financiación hipotecaria (sin que el banco lo considerara de riesgo) y –cómo no– los premios de la Lotería. A Santos le tocaron 405.000 euros entre el sorteo de Navidad y un cupón de la ONCE. Para comprar el club L’Arroxa, una serie de sociedades interpuestas a través de cuentas bancarias de dos de sus colaboradores efectuaron ingresos en metálico con 1.122 billetes de 500 euros. El dinero fue directo al propietario del inmueble: el Ayuntamiento de Lezo.

Esta organización cuenta con un patrimonio de siete millones, según los informes policiales, que señalan que entre 2008 y 2011 pudo ocultar al fisco más de 2,5 millones . El sumario recoge, además, como muchos de los investigados tienen antecedentes. Algunos han estado detenidos por delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, trata de seres humanos, tráfico de drogas, blanqueo, etc. Es el caso de Gilaranz y varios de sus colaboradores o el de Santos Pérez, a quien se llegó a vincular con un desembarco de 2.500 kilos de cocaína.